Vol. 76/No. 15      16 de abril de 2012

Hoy día, la gran mayoría de los trabajadores presos terminan en la cárcel por un proceso de negociación en el cual los fiscales ofrecen un “acuerdo”: declararse culpable de cargos que conllevan una sentencia más leve que la que uno arriesgaría si fuera declarado culpable en un juicio. A veces la sentencia máxima en un juicio es tan severa, y la diferencia entre esta y la sentencia negociada es tan grande, que para los acusados que son trabajadores la decisión se basa únicamente en cómo evitar el mayor riesgo. Se niega la presunción de inocencia: que uno es inocente hasta que se demuestre que uno es culpable.

Estas decisiones de la Corte Suprema, elogiadas por comentaristas y políticos liberales, prometen a los acusados el “derecho” a la asesoría competente en negociaciones sobre culpabilidad y sentencias, el “derecho” a ser informado sobre propuestas de sentencias negociadas y la “oportunidad” de aceptarlas.

“Hoy día la justicia criminal es en gran parte un sistema de negociaciones, no un sistema de juicios”, escribió el juez Anthony Kennedy en la opinión mayoritaria. La negociación sobre culpabilidad “no es un suplemento del sistema de justicia penal; es el sistema de justicia penal”.

Kennedy destacó el hecho de que el 97 por ciento de las declaraciones de culpabilidad en las cortes federales y el 94 por ciento en las cortes estatales son el resultado de negociaciones. Por lo tanto, afirmó, “La negociación de un acuerdo, y no el desarrollo de un juicio, es casi siempre el punto crítico para el acusado”.

Este decisión la emitieron Kennedy y otros cuatro jueces calificados como liberales por los medios noticiosos: Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

En uno de los dos casos, Galin Frye enfrentaba un cargo de delito grave en el estado de Missouri por conducir con una licencia revocada. El fiscal le ofreció reducir el cargo a un delito menor y recomendar una sentencia de 90 días si se declaraba culpable, pero el abogado de Frye nunca le mencionó la oferta. Un juez terminó sentenciándolo a tres años de prisión. La Corte Suprema condenó la conducta del abogado. Sin embargo, aún si el acusado hubiera sabido de la oferta, “el fiscal podría haberla retirado hasta el momento en que su culpabilidad negociada fuera aceptada por el juez”, escribió el juez Antonin Scalia en una opinión discrepante.

En el segundo caso, que surgió de la Ley de 1996 de Antiterrorismo y Pena de Muerte Eficaz, se acusó a Anthony Cooper, quien le disparó a una mujer en la nalga y los muslos, de ataque con intento de asesinato y otros tres cargos. Siguiendo la recomendación de su abogado, él rechazó la propuesta del fiscal de declararse culpable de dos de los cuatro cargos y aceptar una sentencia de cuatro a siete años de cárcel. Cuando Cooper fue declarado culpable de los cuatro cargos, el juez le impuso una sentencia de 15 a 30 años basándose en las directrices de sentencias mínimas obligatorias.

La negociación de culpabilidad y sentencias “conserva recursos valiosos para la fiscalía”, escribió Kennedy, y “ha llegado a ser tan fundamental para el actual sistema de justicia penal que el abogado defensor debe asumir su responsabilidad en el proceso de negociación con el fiscal para ofrecer la asesoría adecuada que la Sexta Enmienda a la Constitución exige para etapas críticas del proceso criminal”.

La Sexta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, además de garantizar el derecho a un abogado, mantiene el derecho a un juicio por jurado. Dice, “En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público, por un jurado imparcial del estado y distrito en que se haya cometido el delito”.

El fallo de la Corte Suprema “abre todo un nuevo campo de procedimientos constitucionalizados de justicia criminal: las leyes de negociación de culpabilidad”, escribió Scalia. “En Estados Unidos, tenemos negociaciones de culpabilidad en abundancia, pero hasta ahora se había considerado un mal necesario. Representa riesgos graves de acusaciones excesivas por la fiscalía que efectivamente obligan a un acusado inocente a declararse culpable de un delito menos grave para evitar riesgos masivos”.

En las cortes federales de distrito, en 2010 hubo una exoneración por cada 212 declaraciones de culpabilidad o veredictos de culpabilidad en un juicio. Hace 30 años la proporción era de una por cada 22, informó el New York Times.

El creciente número de leyes estatales y federales sobre sentencias obligatorias y penas más severas para los que son declarados culpables bajo un creciente número de leyes que defines delitos graves es un fenómeno que le da a los fiscales más ventajas para negociar declaraciones de culpabilidad.

Las leyes decretadas por el Congreso ahora aplican penas mínimas obligatorias en nuevos ámbitos: posesión de drogas, posesión de armas de fuego, robo de identidad y delitos sexuales contra niños. El uso de estas leyes ha aumentado la población penal en Estados Unidos a casi 2.5 millones de personas, la tasa más alta del mundo.

Los negros y latinos constituyen el 70 por ciento de los sentenciados bajo leyes de penas mínimas obligatorias. Tres cuartas partes de las declaraciones de culpabilidad son por violaciones relacionadas a las drogas, y casi el 50 por ciento enfrentan una sentencia obligatoria de 10 años, según un informe de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos emitido en octubre de 2011.  
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto