Vol. 76/No. 17 30 de abril de 2012
La corte decidió en contra de una demanda presentada en Nueva Jersey por Albert Florence, un africano-americano de 34 años de edad, que fue falsamente arrestado por no haber pagado una multa, y fue obligado a someterse a registros en el Centro de Detención del Condado de Burlington, donde estuvo detenido por seis días y de nuevo en la Instalación Correccional del Condado de Essex.
Florence alegaba que este procedimiento humillante violaba la Cuarta Enmienda de la constitución que prohíbe registros irrazonables y la cláusula de igualdad de protección bajo la ley de la Decimocuarta Enmienda.
Tras un tropiezo con la policía en 1998, Florence fue arrestado y acusado de obstrucción de la justicia y el uso de un arma mortífera. Llegando a un compromiso, Florence se declaró culpable de dos delitos menores y fue sentenciado a pagar una multa en pagos mensuales. Después de atrasarse en los pagos en 2003, se emitió una orden de arresto. Florence pagó el resto de la multa en menos de una semana, pero la orden de arresto permaneció en el banco de datos del estado.
En marzo de 2005 Florence y su esposa fueron detenidos en su automóvil por un policía estatal, que lo arrestó, a pesar de que Florence tenía una carta que mostraba que había pagado la multa.
“Al considerar este tipo de alegato constitucional los tribunales deben diferir su decisión al juicio de los oficiales de la prisión”, escribió el juez Anthony Kennedy en representación de la opinión de la mayoría, especialmente dado que en las cárceles “ingresan más de 13 millones de reclusos al año”.
Como base de la decisión, Kennedy citó un fallo anterior que mantenía que “la conservación del orden interno y la disciplina son metas esenciales que pueden necesitar establecer límites o negar los derechos constitucionales tanto de prisioneros convictos como de los detenidos antes del juicio”.
Restringir los registros a individuos específicos, declararon los administradores de la justicia de clase, sería “impracticable e incluso daría lugar a acusaciones de aplicación discriminatoria”.
La decisión “fue una victoria tanto para las cárceles como para la administración de Obama, observó el Guardian de Londres el 2 de abril,
El fallo se emite en un momento en que las prisiones federales no tienen esta norma y por lo menos diez estados tienen leyes que la prohíben.
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