Vol. 76/No. 33      10 de septembre de 2012

Detenido por la FBI en 1998 y acusado falsamente de varios cargos junto los otro cuatro revolucionarios, González fue sentenciado a penas consecutivas de 10 y cinco años, respectivamente, por no registrarse como agente extranjero y conspiración para actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero.

En diciembre de 1990, González “se robó” una avioneta fumigadora en Cuba y supuestamente desertó a Estados Unidos, donde fue acogido calurosamente entre los círculos contrarrevolucionarios e integrado a grupos paramilitares dedicados a derrocar la Revolución Cubana. Llegó a ser piloto de Hermanos al Rescate, organización establecida en 1991 por José Basulto, operativo entrenado por la CIA.

El 7 de octubre de 2011, habiendo cumplido más de 13 años de prisión, González fue excarcelado. Desde entonces se ha visto obligado a permanecer en Estados Unidos, cumpliendo tres años de “libertad supervisada” bajo la vigilancia de la oficina federal de libertad vigilada.

En febrero de 2011 los abogados de González presentaron una solicitud inicial para que se le permitiera regresar a Cuba después de salir de la cárcel, y de cumplir los años de libertad condicional allí. La moción fue rechazada en septiembre de 2011 como “prematura” por la jueza de distrito federal Joan Lenard, la jueza original del juicio contra los Cinco.

El 22 de junio de 2012 el abogado de González, Philip Horowitz, presentó una nueva solicitud para su regreso a Cuba. El 16 de julio los fiscales federales le pidieron a Lenard que rechazara esa solicitud también, y el 30 de julio Horowitz presentó una réplica a los argumentos del gobierno.

El obligar a González a permanecer en Estados Unidos no solo continúa aislándolo de su familia, señaló el abogado defensor Horowitz. También se le expone al peligro de represalias por parte de fuerzas hostiles a la Revolución Cubana. Citó como prueba una reciente amenaza de muerte contra González hecha en un programa de radio en Miami que recibe llamadas de los oyentes.

González está obligado a notificar de su estado legal a cada nueva persona que conoce, lo que revelaría su identidad, explicó Horowitz. Esto le ha impuesto un aislamiento extraordinario ya que “no puede hacerse amigo de sus vecinos más inmediatos, ni trabar siquiera alguna forma de amistad informal”.

González no ha podido obtener una licencia de manejo porque el estado de Florida requiere que revele su dirección. Y su “acceso al cuidado médico fue notablemente e inesperadamente mucho mejor en la cárcel que lo que podría ser en las condiciones actuales”.

El hecho de aislarlos de sus familias ha sido desde el principio una parte integral de la política de Washington de intensificar al máximo las condiciones punitivas impuestas a los Cinco Cubanos.

En el caso de González, su esposa, Olga Salanueva, sus dos hijas y sus padres viven en Cuba. En noviembre de 2000, en vísperas del juicio a los Cinco, el gobierno norteamericano deportó a Salanueva para ejercer presión sobre González. Posteriormente, funcionarios norteamericanos la declararon “permanentemente” excluida del país y le han denegado cada solicitud de visa.

Los recientes documentos judiciales divulgan públicamente por primera vez que las autoridades norteamericanas le permitieron a Salanueva regresar a Estados Unidos para visitar a González en la prisión en una ocasión: en noviembre de 2010, bajo las condiciones de una “acomodación” especial. La visita fue “más traumática que lo normal”, dijo el abogado defensor Richard Klugh al Militante.

La declaración jurada que presentó Horowitz señala que la visita ocurrió “bajo las condiciones más onerosas”. Aunque a Salanueva “se le permitió viajar con sus hijas, las mantuvieron separadas durante la visita”. Fue “confinada a un hotel con guardias armados, y solo pudo ver a su marido brevemente antes de ser regresada a Cuba”.

La visita fue permitida como parte de una “acomodación diplomática confidencial” entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba “a cambio de una visita familiar para un prisionero estadounidense recluido en Cuba”, explicó una respuesta presentada a nombre de González. El acuerdo de “mantener este asunto privado” fue violado por los abogados del gobierno de Estados Unidos en documentos presentados a la corte en marzo de 2011, que pedían rechazar la petición de González de regresar a Cuba después de su excarcelación. Citaron la visita como prueba de que no le estaban negando a Gonzáles visitas con su esposa. En esa ocasión no se divulgó la declaración jurada de los fiscales de marzo de 2011.

“El hecho de que se concediera una visita a la prisión no debe emplearse para negarle su derecho de estar con su familia después de la excarcelación”, dijo el abogado defensor Klugh al Militante. Esto representa una “violación sin precedentes de las normas de derechos humanos”.

El “prisionero estadounidense” en Cuba mencionado antes en los documentales judiciales es Alan Gross, un contratista de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado, quien fue arrestado en Cuba en 2009 mientras realizaba su quinta visita allí para instalar equipos especializados de comunicaciones por satélite para ciertos individuos. El está cumpliendo una sentencia de 15 años por “actos contra la independencia o la integridad territorial del estado”. Se le permitió a su esposa, Judy Gross, visitarlo en agosto de 2010. Lo dos pudieron gozar de un fin de semana solos en la intimidad en una casa sobre la playa de Tarará.

Los abogados del gobierno argumentan que la petición de González de terminar de cumplir la libertad supervisada en Cuba es esencialmente una petición para “ponerle fin”. Y eso no se puede contemplar antes de que cumpla por lo menos “un año”. Además, insisten en que, a pesar de cumplir plenamente con los requisitos de la libertad condicional, no se trata de la “conducta excepcionalmente buena” que buscan las cortes.

Los abogados del gobierno afirman que, por el hecho de que González es ciudadano estadounidense —tiene doble ciudadanía— debe cumplir su libertad supervisada en Estados Unidos. Rechazan la oferta de González de renunciar a su ciudadanía norteamericana si se le permite regresar a Cuba, diciendo que sería “imposible de hacer cumplir”. El dice que no la renunciará antes de regresar a Cuba, porque de otra manera sería encarcelado nuevamente y detenido por tiempo indefinido en espera del proceso de deportación.

El documento del gobierno también señala lo que califica como la “seriedad de los crímenes de González’”. Esto incluye, dijo el documento, “el uso de su estatus de piloto de avión comercial para penetrar y reportar sobre actividades de organizaciones en el sur de Florida que el gobierno de Cuba percibía como ‘contrarrevolucionarias’, entre ellos, Hermanos al Rescate y Movimiento Democracia, un grupo de exiliados cubanos. González se representó falsamente como anticastrista con tanto éxito que fue propuesto para encabezar una división de inteligencia de su grupo de aviación”.

Uno de los principales argumentos del gobierno para denegar la petición es el hecho de que González “se mantuvo resuelta y expresamente impenitente durante y después de su juicio”. En su documento, el gobierno citó dos pasajes de lo que calificaron como “la virulenta declaración que González hizo en la vista de sentencia y su explícita insistencia en el derecho a continuar mejorando el mundo de la manera que le parezca bien”.

“Solo puedo sentirme orgulloso de estar aquí, y solo puedo agradecer a los fiscales por darme esta oportunidad de confirmar que estoy en el camino correcto, que el mundo tiene todavía que mejorar mucho”, dijo González en día de su sentencia el 14 de diciembre de 2001. “Quisiera creer que usted entenderá el que yo no tenga razones para el arrepentimiento”.

La jueza Lenard, quien impuso la sentencia original, dictaminará sobre la petición de González de regresar a Cuba.
 
 
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