Vol. 77/No. 14      15 de abril de 2013

Uno de los proyectos de ley aprobados en Dakota del Norte el 15 de marzo prohibiría la mayoría de los abortos después de la sexta semana del embarazo, cuando ya se puede detectar el latido del corazón del feto usando una ecografía transvaginal que invade la privacidad. A las seis semanas, muchas mujeres aún no se han dado cuenta de que están embarazadas.

Los médicos que realicen abortos en violación de los nuevos límites podrían enfrentar cargos criminales y hasta cinco años de cárcel. Una segunda medida aprobada el mismo día prohibiría abortos por anormalidades genéticas o por sexo.

La legislatura de Dakota del Norte aprobó medidas el 22 de marzo que prohíben todos los aborto después de 20 semanas de embarazo y requieren que los médicos que realizan abortos tengan permiso a admitir pacientes en un hospital cercano. También aprobó la celebración de un referendo estatal en 2014 para modificar la constitución del estado a que incluya lenguaje que defienda “el derecho a la vida… en cualquier etapa de desarrollo”. Una iniciativa similar fue rechazada en Mississippi en noviembre de 2011.

El gobernador Jack Dalrymple aprobó tres de las medidas el 26 de marzo. La prohibición de los abortos después de 20 semanas aun está pendiente.

“Estamos tratando de formar un grupo fuerte en oposición a estas leyes”, dijo Jen Hoy de Stand Up for Women en una entrevista telefónica desde Fargo. El grupo organizó protestas el 25 de marzo en Bismark, Fargo, Grand Forks y Minot. “Es importante que el aborto sea una opción segura y legal para las mujeres. Si lo prohíben, las mujeres tendrán que recurrir de nuevo a abortos peligrosos e ilegales… será más fácil que otros estados hagan lo mismo”.

La legislatura de Arkansas adoptó un proyecto de ley el 6 de marzo que prohibiría abortos después de 12 semanas, cuando se puede detectar un latido del corazón del feto por medio de una ecografía abdominal. La legislatura anuló el veto anterior del gobernador demócrata Mike Beebe, quién declaró que la ley era “descaradamente inconstitucional”.

El Centro Pro Derechos Reproductivos de Nueva York y la Unión Americana de Libertades Civiles dicen que van a retar la ley en un tribunal federal.  
 
 
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