Vol. 77/No. 47      30 de diciembre 2013

Drum, un reo que ha estado en confinamiento solitario en la penitenciaria estatal de Walla Walla en Washington, fue uno de varios suscriptores en tres cárceles de Estados Unidos que reportaron que las autoridades carcelarias les retuvieron o decomisaron sus ejemplares del Militante. Algunos de los ejemplares incluían artículos sobre una huelga de hambre de reos en California a principios de este año para protestar el confinamiento solitario y otros abusos.

En su campaña a favor del derecho de los reos a recibir sus suscripciones, el Militante recibió el apoyo de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU). También recibió apoyo del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa y una serie de publicaciones que informan sobre las luchas de trabajadores tras las rejas, como el San Francisco Bay View, Prison Legal News y varios sitios en la Internet. Ante la creciente publicidad y apoyo, las autoridades en dos prisiones de Florida le entregaron a los suscriptores los ejemplares que les habían incautado.

Después de que Drum contactó al Militante para reportar que las autoridades carcelarias le habían negado sus ejemplares, la ACLU de Washington acordó colaborar con el Militante para exigir la intervención de la oficina del fiscal del estado.

“Los editores que desean comunicarse con quienes, a través de suscripciones, por su propia voluntad buscan su punto de vista, tienen un legítimo interés de tener acceso a los prisioneros bajo la Primera Enmienda”, escribió la abogada de la ACLU de Washington, La Rond Baker a John Dittman, Fiscal General del estado de Washington el 25 de noviembre, citando una decisión de la Corte Suprema de 1989.

El único motivo que las autoridades carcelarias podrían tener para decomisar los ejemplares del Militante, escribió Baker, sería su objeción a “la política editorial socialista del Militante”.

Cinco días antes de la carta a Dittman, el Militante envió a Drum ejemplares de los cuatro números que le habían decomisado en septiembre.

Baker habló con Drum por teléfono el 13 de diciembre. Drum confirmó que había recibido esos ejemplares y ha seguido recibiendo su suscripción desde entonces.

En el curso de la campaña, el Militante se enteró de la censura impuesta contra otras publicaciones que informan sobre las condiciones y las luchas de los reos. Prison Focus, una revista trimestral que “colabora con y está a favor de presos en las unidades de control de California y otras instituciones”, ha sido censurado en la prisión estatal de Pelican Bay, donde los reos han realizado tres huelgas de hambre en los últimos dos años.

“La demanda contra la censura en la prisión de Pelican Bay ya fue redactada, enviada adentro para que fuera corregida y reescrita”, escribió el director Ed Mead en la edición más reciente del periódico. “Los reos que fueron victimas de la prohibición del último número de Prison Focus en las [celdas de aislamiento de la prisión de Pelican Bay] han entregado sus ‘602’, llevaron sus apelaciones hasta el tercer y último nivel, agotando todos los recursos administrativos a su alcance”.

Los ‘602’ son formularios de quejas que los reclusos pueden presentar al Departamento de Correcciones de California en contra de las políticas o prácticas de la prisión.

La victoria contra los censores de la prisión, dice Mead, no es sobre todo una cuestión judicial. “Los tribunales actúan como un tipo de válvula de presión social; cuando existe un movimiento activo que está dirigiendo demandas al estado, las cortes pronuncian derechos en un intento para disipar una posible amenaza”, escribió. “Cuando el movimiento se apaga, sin embargo, vuelven a quitar los derechos”.

“Solo la existencia de un movimiento activo por cambios garantizará los derechos de los presos”, dice Mead, “no la simple promesa de los carcelócratas ni el ánimo de las cortes”.  
 
 
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