Reuters/Joshua Lott

El propósito de la bancarrota del gobierno de Detroit es proteger los intereses de la clase capitalista. Las pérdidas de los dueños de bonos serán mínimas, seguidas por las deudas a otros acreedores capitalistas. El declive de Detroit, una de ocho municipalidades que han intentado declararse en bancarrota desde 2010, se ha acelerado con la crisis mundial capitalista

Pocas horas después del fallo del juez, la legislatura estatal de Illinois, compuesta principalmente de políticos del partido demócrata, aprobó una ley que recorta las pensiones futuras y presentes de los jubilados por todo el estado. En Chicago, el alcalde Rahm Emanuel, un demócrata, pidió que se efectuaran recortes aún más profundos.

Detroit es la ciudad más grande que se haya declarado en quiebra en Estados Unidos. Es la octava municipalidad que lo ha hecho desde 2010, en medio de las consecuencias financieras de la desaceleración mundial en la producción y el comercio.

De las otras siete, cinco fueron aprobadas: Stockton, Mammoth Lakes y San Bernardino, en California; el condado de Jefferson en Alabama; y Central Falls, en Rhode Island. Las de Harrisburg, Pennsylvania y Boise, Idaho fueron rechazadas.

La función de las cortes de bancarrota es “reestructurar” deudas impagables de tal manera que queden garantizados los intereses de la clase capitalista. En estos casos, la preocupación primordial es asegurarle a los acaudalados propietarios de bonos gubernamentales que van a recibir sus pagos. Esta es la regla que guía a los jueces para decidir si aceptan o no una declaración de bancarrota, y si deciden hacerlo, como implementarlo para que se cumplan las garantías para los tenedores de bonos. Así se minimizan las pérdidas de los tenedores de bonos, especialmente las de los capitalistas más fuertes, y pasan al máximo la carga al pueblo trabajador.

El gobierno de la ciudad de Detroit, como todo cuerpo gubernamental, financia sus operaciones en parte a través de la venta de bonos municipales. A nivel nacional, la cantidad total de este tipo de bonos, ha estallado en años recientes alcanzando la cifra de 4 billones de dólares. Este es un aspecto de la expansión de la deuda que está ocurriendo a medida que los capitalistas buscan como maximizar sus ganancias en un período de creciente crisis económica.

Detroit, con una deuda de largo plazo de 18 mil millones de dólares, es uno de los eslabones más débiles de la red de gobiernos municipales endeudados del país. Se deben más de 3.5 mil millones de dólares al fondo de pensiones de los 10 mil empleados municipales activos y las de 20 mil jubilados, además de alrededor de 6 mil millones de dólares para el cuidado médico de los retirados.

El pasado marzo, el gobernador de Michigan, Rick Snyder, un republicano, designó a Kevyn Orr, un demócrata, para el cargo de administrador de finanzas de emergencia de Detroit, dándole amplios poderes por encima de los de los cuerpos legislativos elegidos. En julio la ciudad se declaró en quiebra, con un plan para pagar solo una fracción de los 3.5 mil millones dólares que se deben al fondo de pensiones.

Según el plan, alrededor de 7 mil millones de dólares de bonos municipales asegurados son intocables, mientras que puede ser que inversionistas en posesión de un total de 530 millones de dólares en bonos de “obligación general” tengan que aceptar un “corte de pelo”.

El pueblo trabajador en Detroit ha sido golpeado duramente por la crisis económica capitalista. Su población empleada es menos de la mitad de lo que era en 2000. La tasa oficial de desempleo en agosto fue del 17.7 por ciento, más del doble de la tasa nacional, y el 60 por ciento de los niños viven por debajo del límite de pobreza.

Una de las consecuencias de la ralentización económica ha sido la contracción de la producción automotriz en Estados Unidos, la cual aceleró la crisis en Detroit, el centro histórico de la fabricación de autos. Entre 2000 y 2010 la población de la ciudad disminuyó en un 25 por ciento, tras medio siglo de constantes declive. Hoy día la población es de alrededor de 700 mil, muy por debajo de los 2 millones que tenía en 1950. Esto, combinado con el descenso de los valores de los bienes inmuebles, provocó una caída de los ingresos fiscales.

En 2005-2006 el gobierno adquirió 1.44 mil millones de dólares en deudas como parte de una operación financiera compleja que esencialmente equivalía a utilizar las pensiones como apuesta sobre el crecimiento de los intereses. La enorme caída de los intereses aumentó la creciente deuda. Se emitieron aún más obligaciones y con esto aumentó la proporción de los ingresos fiscales que se tuvo que usar para pagar a los tenedores de bonos.

El 5 diciembre, el gobernador de Illinois, Pat Quinn, un demócrata, aprobó una ley que la legislatura había aprobado dos días antes que imponía recortes en las prestaciones actuales y futuras de las pensiones. La ley aumenta la edad de jubilación de trabajadores que tengan 45 años o menos de edad por hasta cinco años, disminuye los aumentos por ajustes en el costo de vida de los jubilados y pone un límite al valor de las pensiones. El sistema de pensiones del estado de Illinois cubre a alrededor de 200 mil jubilados y más de 350 empleados activos.

“El próximo reto para los legisladores estatales será atender las aflicciones de Chicago”, declaró el Financial Times el 4 de diciembre. Chicago enfrenta “sus propios casi 20 mil millones de dólares en compromisos de pensiones para los cuales no tiene fondos” el “peor financiado entre los sistemas de pensiones de cualquier ciudad importante en Estados Unidos”.