Vol. 78/No. 41 17 de noviembre de 2014
|
El legislador venezolano Robert Serra, de 27 años, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y de su juventud, y su asistente María Herrera, murieron apuñalados el 1 de octubre en sus casa en Caracas. Un crimen que el ministro del interior Miguel Rodríguez calificó de “intencional, planificado y llevado a cabo con máxima precisión”.
Tres semanas después la oficina de la Juventud Comunista de Venezuela fue atacada y gravemente dañada con bombas incendiarias, cuando estaban presentes miembros de la organización. Nadie fue lesionado. Miles de personas acudieron a la Asamblea Nacional el 3 de octubre para rendirles homenaje y marcharon en el cortejo fúnebre encabezado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Estos no son los primeros asesinatos de personajes del gobierno venezolano. Eliécer Otaizza, un consejero local del Partido Socialista Unido, fue asesinado en Caracas en abril. El guardaespaldas de Serra fue asesinado en 2012. El fiscal del estado, Danilo Anderson, que encabezó el procesamiento de varios de los acusados de tomar parte en el fallido golpe militar derechista de 2002, el cual contaba con el respaldo de Washington y cuyo propósito era derrocar al entonces presidente Hugo Chávez, fue asesinado con una bomba en un carro en 2004. Los trabajadores en Estados Unidos y del mundo entero deben condenar el asesinato de Serra y Herrera. El objetivo de los asesinatos y otros atentados es cerrar el espacio que los trabajadores, agricultores y jóvenes tienen para avanzar sus intereses de clase, y hacer retroceder las luchas que comenzaron con el “Caracazo” de 1989 contra las medidas antiobreras impuestas en ese entonces por el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Estos asesinatos políticos tienen como objetivo asestar golpes a la independencia política y económica de Venezuela con respecto a Washington y a la colaboración con el gobierno revolucionario de Cuba. Intentan aterrorizar a los trabajadores y agricultores que participan en luchas por tierra, mejores condiciones laborales, y por acceso a educación, cuidado médico, agua, electricidad y viviendas. |
| —MAGGIE TROWE |