Una nueva regulación estatal que requiere que las clínicas de aborto tengan instalaciones quirúrgicas al nivel de las utilizadas por los hospitales —que fue suspendida hasta que una corte federal de apelaciones emita una decisión— provocaría el cierre de muchas clínicas, dejando solamente ocho de ellas abiertas. La ley requiere que los proveedores de abortos tengan privilegios de admisión en un hospital aledaño, restringe el uso de pastillas que inducen el aborto y prohíbe realizar un aborto después de la vigésima semana del embarazo.