Vol. 79/No. 8      9 de marzo de 2015

Debáltseve es un centro ferroviario clave. Su captura no sólo une las principales ciudades bajo control de los separatistas, Donetsk y Luhansk, sino que conecta las áreas industriales y mineras en el este de Ucrania con Rusia, facilitando líneas de comercio y abastecimiento.

La batalla por la ciudad se desarrolló al llegar y vencerse la fecha límite para un cese al fuego acordado el 12 de febrero en pláticas que involucraron al presidente ucraniano Petro Poroshenko, al presidente ruso Vladimir Putin, la canciller alemana Ángela Merkel y el presidente francés François Hollande en Minsk, Bielorrusia.

Poroshenko dijo que había propuesto un cese inmediato al combate, pero que Putin insistió en una demora de tres días, que las fuerzas pro-Moscú usaron para concentrar su asalto. El 17 de febrero Putin instó a Kiev a que se rindiera en Debáltseve, diciendo, “Por supuesto que es difícil cuando pierdes a los mineros de ayer o a los conductores de tractores de ayer. Pero así es la vida. Seguramente seguirá”.

Pero a pesar de sus negativas desdeñosas, son los envíos de tropas, tanques y artillería por Moscú, y no los mineros y camioneros, lo que cambió la correlación de fuerzas.

Hace seis meses, fuerzas separatistas que se peleaban entre si controlaban áreas desconectadas y relativamente pequeñas en las regiones orientales de Donetsk y Luhansk y estaban al punto de ser derrotadas por luchadores pro-Ucrania. Desde entonces, unidades pro-Moscú han incautado del ejército y brigadas voluntarias ucranianas unas 200 millas cuadradas de territorio nuevo.

Las acciones separatistas empezaron en respuesta a las sostenidas movilizaciones populares de masas que tumbaron al gobierno pro-Moscú de Viktor Yanukovych en febrero de 2014. La abrumadora mayoría del pueblo trabajador por todo el país celebró su partida, sin confiar a la vez en los políticos capitalistas que lo reemplazaron, incluyendo al multimillonario dueño de una empresa de chocolates Poroshenko, viéndolos como parte del mismo grupo corrupto en búsqueda de lucro que administra el gobierno como un instrumento para avanzar sus propios intereses de clase.

Las acciones del gobierno ucraniano en respuesta a las provocaciones separatistas han debilitado la lucha por la unidad de la clase obrera y la defensa de la soberanía de Ucrania. Kiev ha enajenado a algunos trabajadores por haber tratado como enemigos a los civiles que permanecieron en territorios controlados por los separatistas, incluyendo cortándoles sus fondos de pensiones. En un combate dominado por fuego de artillería de poca precisión, ambos lados con frecuencia terminan atacando zonas obreras.

“¿Cómo puedo estar a favor de una Ucrania unida cuando Kiev se ha pasado los últimos seis meses bombardeándonos?” dijo al Financial Times una trabajadora en la ciudad de Donetsk llamada Svetlana. Ella dijo que se opuso a los intentos de los separatistas de realizar un referéndum secesionista en mayo, pero que ha tenido que vivir en un refugio antibombas subterráneo desde entonces.

FMI, patrones aprietan a obreros

Las condiciones para el rescate que impone el FMI incluyen recortar los subsidios a las minas de carbón y otras empresas estatales. “Muchos perderán sus empleos y salarios, pero nosotros no tenemos ninguna otra salida”, dijo el ministro de política social Pavlo Rozenko, hablando a nombre de un “nosotros” que claramente no incluye a los mineros y sus familias.

En la planta de procesamiento de carbón de Lviv, todavía le deben a los trabajadores una gran porción de sus salarios desde julio, dijo al Militante el 15 de febrero Olga Shkoropad, presidenta en la planta del Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania (NPGU). La instalación también tiene deudas en su cuenta energética, y será cerrada si no las pagan antes del 18 de febrero, dijo. Trabajadores de la planta de Lviv se unieron a las protestas nacionales en Kiev en enero, exigiendo pagos atrasados y oponiéndose a los cierres de las minas.

El ministro de justicia pro-Moscú en la llamada República Popular de Luhansk emitió una orden el 20 de enero prohibiendo todo “registro de sindicatos independientes”, negándole reconocimiento al NGPU.  
 
 
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