Vol. 79/No. 26      27 de julio de 2015

García instó a los tenedores de bonos a aceptar negociar una extensión de la fecha para la cual deben recibir sus pagos. Pero el blanco principal de los gobernantes capitalistas es el pueblo trabajador.

García alabó repetidamente un informe realizado, a solicitud de su gobierno, por Anne Krueger, una ex oficial del Fondo Monetario Internacional, titulado “Puerto Rico: A Way Forward (“Puerto Rico: un camino hacia adelante”). Divulgado más temprano ese día, le da prioridad a “eliminar los disuasivos para que las empresas contraten trabajadores y para que los trabajadores acepten puestos de trabajo”.

Mientras el costo de vida en Puerto Rico es, por promedio, un 14 por ciento más alto que en Estados Unidos, y el ingreso por cápita es la mitad del de Mississippi —el más pobre de los 50 estados del país— el informe dice que el salario mínimo federal de 7.25 dólares por hora “es demasiado alto en relación con los ingresos locales y competidores regionales”.

El informe argumenta que los “generosos” beneficios de asistencia social pueden superar lo que puede recibir una persona que gana salario mínimo, lo que reduce el incentivo a trabajar.

¿La solución? Eliminar el salario mínimo, o por lo menos reducirlo por dos tercios y reducir los beneficios de asistencia social. Eliminar el bono de navidad. Reducir los días de vacaciones pagados. Sólo pagar tiempo extra después de 40 horas, como en la mayoría de Estados Unidos, en vez de después de una jornada de ocho horas. Extender el período de prueba para nuevos empleados de tres meses a uno o dos años. Facilitar el despido de los empleados.

El informe también aboga por la privatización de una gran fracción de la generación eléctrica de la isla. Aboga por eximir a Puerto Rico de la Ley Jones, que requiere que toda la carga marítima entre Puerto Rico y Estados Unidos se transporte en barcos con la bandera de Estados Unidos, lo que duplica los costos de envío marítimo.

García dijo que apoyaba la mayoría de las propuestas del informe pero que se oponía a reducir el salario mínimo.

“No podemos pretender sacar a Puerto Rico de su estancamiento económico asoleándonos en la playa”, dijo un par de días después, atacando los 12 días pagados por enfermedad y los 15 días de vacaciones que muchos trabajadores en la isla reciben por ley.

Crisis magnificada por el colonialismo

Por 25 años Puerto Rico ha estado sumido en un estancamiento económico. Sucesivos gobiernos coloniales han do estado aumentando su dependencia a través de s préstamo tras préstamo y un creciente endeudamiento a los inversionistas estadounidenses. Hoy solo los pagos de los intereses a la deuda equivalen a 200 dólares al mes por cada residente de la isla.

Las cosas se han empeorado desde la recesión de 2008-2009. El producto bruto nacional de Puerto Rico ha bajado un 14 por ciento desde 2006. Los bienes de los bancos comerciales han caído un 30 por ciento desde 2005. La tasa de participación laboral —los que trabajan o que activamente buscan empleo— bajó de un poco menos del 50 por ciento en 2006 al 40 por ciento. Alrededor del 40 por ciento de la población depende de la ayuda del gobierno, desde los cupones de alimentos hasta pagos por incapacitación y Medicaid.

Durante los últimos cinco años el gobierno ha despedido cerca de 30 mil trabajadores, ha reducido las pensiones, drásticamente, aumentado la edad de jubilación y recortado los gastos sociales.

“Antes de los despidos había 6 500 trabajadores en la compañía eléctrica”, dijo al Militante Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), por teléfono desde San Juan el 2 de julio. “Ahora hay 3 700. ¿Cuál es el resultado? El número de accidentes en el trabajo ha aumentado dramáticamente. El año pasado tres compañeros murieron en el trabajo”.

“Ofrecen todo tipo de incentivos a los llamados inversionistas que realmente no son más que usureros”, dijo por teléfono el 6 de julio William Hernández, un trabajador en una fábrica de farmacéuticos en Guayama, añadiendo que el gobierno reduce los impuestos a los capitalistas que se mudan a Puerto Rico. “Después imponen austeridad al pueblo trabajador”.

En su última maniobra para hacer que los trabajadores paguen por la crisis, el gobierno aumentó el impuesto sobre las ventas a 11.5 por ciento, más alto que en cualquier estado de Estados Unidos.

Como colonia de Estados Unidos, Puerto Rico, a diferencia de las municipalidades en Estados Unidos, tiene prohibido declararse en bancarrota. Hasta ahora los esfuerzos de oficiales puertorriqueños, apoyados por el New York Times y otros, para cambiar la ley federal y permitir que las compañías propiedad del gobierno en la isla utilicen la ley de bancarrota Capítulo 9 para reestructurar sus deudas, no han resultado en nada.
 
 
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