Vol. 80/No. 22 6 de junio de 2016
(portada)
Washington usa crisis para tratar de cambiar gobierno en Venezuela
El presidente Barack Obama renovó en marzo un decreto presidencial que declara al gobierno del presidente Nicolás Maduro como “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”. El 28 de abril el Senado estadounidense aprobó una extensión de tres años a las sanciones contra funcionarios venezolanos que presuntamente han violado los “derechos humanos”.
Estas medidas “violentan los principios de no injerencia en los asuntos internos, de igualdad soberana de los estados”, declaró la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) el 5 de mayo. La Alianza, fundada por los gobiernos de Cuba y Venezuela, agrupa a 13 países latinoamericanos y caribeños.
“El Partido Socialista de los Trabajadores se solidariza con el pueblo trabajador de Venezuela”, dijo al Militante la candidata presidencial del PST Alyson Kennedy el 18 de mayo. “Exigimos que Washington ponga fin a las sanciones y nos oponemos a cualquier injerencia contra la soberanía de Venezuela”.
La oposición pro-imperialista Mesa de la Unidad Democrática —que ganó la mayoría de los escaños en la legislatura de Venezuela en enero— entregó más de un millón de firmas para solicitar un referendo revocatorio de Maduro al Consejo Nacional Electoral el 2 de mayo. Hasta la fecha el consejo no ha emitido un fallo sobre la validez de las firmas y el vicepresidente Aristóbulo Istúriz dijo que no habrá un referendo, acusando a la oposición de “fraude”.
Maduro extendió el “estado de excepción y emergencia económica” el 13 de mayo, acusando a los grupos de la oposición de promover el acaparamiento, el boicot, la usura, el desabastecimiento y la inflación para desestabilizar al gobierno. Dijo que las fuerzas armadas serían desplegadas para garantizar la distribución de alimentos y otras necesidades.
Hugo Chávez, quien fue electo presidente en 1998, impulsó la implementación de la Revolución Bolivariana y el “socialismo del siglo 21”. El gobierno estadounidense —que nunca ha visto con buenos ojos los estrechos lazos entre Chávez y el gobierno revolucionario de Cuba, ni su rechazo a aceptar las demandas estadounidenses— ha respaldado más de un intento de derrocar a Chávez, incluido un golpe de estado en 2002 que fue revertido por las protestas de miles de trabajadores en las calles.
Pero en vez de movilizar al pueblo trabajador para arrebatarle el poder a la clase capitalista y organizar a los trabajadores para tomar control de las condiciones laborales —como lo hicieron los revolucionarios cubanos— Chávez impulsó un curso para tratar de administrar el mercado capitalista en beneficio de las clases trabajadoras. Maduro ha continuado ese curso.
Cuba ayuda con programas sociales
Chávez y Maduro utilizaron las ganancias petroleras de la nación —Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo— para subvencionar viviendas, alimentos, cuidado sanitario y programas sociales. Muchos de los programas sociales se han realizado con la ayuda de Cuba revolucionaria, que mantiene decenas de miles de trabajadores de la salud, maestros y otros voluntarios que van a muchas de las áreas más empobrecidas y menos accesibles del país.
El gobierno venezolano, por su parte, ha suministrado petróleo barato a Cuba.
La crisis económica mundial del capitalismo ha tenido un efecto devastador en Venezuela. La caída precipitada del precio del petróleo —que representa el 95 por ciento de las ganancias por exportación— fue compensada con la impresión de dinero. Las políticas diseñadas para controlar la crisis, tal como el control de precios y un tipo de cambio especial de dólares para empresas de comercio internacional, intensificaron la inflación y la escasez, cuando muchos capitalistas decidieron que era más rentable especular con los tipos de cambio que en la producción.
Las exportaciones petroleras del país cayeron un 49 por ciento en 2015, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Una sequía agravó la situación, provocando un descenso a niveles mínimos históricos en la represa hidroeléctrica de Guri, la cual genera 75 por ciento de la electricidad del país.
La moneda de Venezuela, el bolívar, ha caído en relación al dólar en un 99.1 por ciento desde 2012. Las importaciones de alimentos básicos, incluidos azúcar, harina y huevos han bajado. La gente tiene que hacer cola durante horas con esperanzas de comprar productos, para encontrarse muchas veces con estantes vacíos. Se estima que la tasa de inflación ha alcanzado el 720 por ciento —posiblemente la más alta del mundo— un alza del 180 por ciento en 2015.
El 26 de abril Maduro ordenó una semana laboral de dos días para la mayoría de los empleados públicos, más del 30 por ciento de la fuerza laboral del país, para conservar energía. Los hospitales públicos quedan exentos. El gobierno también ha iniciado apagones periódicos de cuatro horas por todo el país.
Cierra cervecería
Polar, el conglomerado de alimentos y bebidas más grande de Venezuela, anunció el cierre de cuatro plantas el 29 de abril, alegando que ya no podía costear la importación de cebada, eliminando 10 mil puestos de trabajo.
Maduro respondió amenazando con nacionalizar cualquier empresa que no produzca. En el pasado varias empresas han sido nacionalizadas, implementadas por el gobierno sin la participación de los trabajadores. Al mismo tiempo, Maduro dijo que iba a relajar los controles de precios en ciertas industrias para estimular la producción y eliminaría los intermediarios en las ventas de ciertos productos subsidiados.
Según el Washington Post, en las últimas semanas ha habido incidentes de saqueo durante los apagones eléctricos.
“Se puede oír el crujir del hielo”, dijo al Washington Post un funcionario estadounidense anónimo durante una rueda de prensa el 13 de mayo para un grupo selecto de periodistas.
Pero la misma oposición pro-imperialista está dividida y Washington tiene poca confianza en la capacidad de la oposición de estabilizar la situación política, mucho menos de encontrar una salida de la crisis económica en que se encuentran. Y aunque el apoyo al gobierno de Maduro por parte de los trabajadores se ha ido desgastando, los partidos que componen la Mesa están desacreditados. Los trabajadores saben por experiencia propia que su discurso de democracia y promesas para mejorar la economía son para dar cobertura a la defensa de los intereses de los capitalistas.
Mostrando las esperanzas de Washington, Reuters reportó después de la rueda de prensa, que “un escenario ‘factible’ sería que el propio partido de Maduro o algunas figuras políticas poderosas forzaran su salida, y que no descartarían la posibilidad de un golpe de estado militar”.
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