Vol. 81/No. 16 24 de abril de 2017
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OEA aumenta pasos contra la soberanía de Venezuela
El 14 de marzo Almagro exigió que Maduro convocara elecciones en 30 días, que pusiera en libertad a personas que según Almagro son presos políticos, que reemplace el Tribunal Supremo por jueces que cumplan el criterio de Almagro de ser “independientes” —es decir, políticamente opuestos al gobierno de Maduro— y que restituya las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, las cuales fueron revocadas por el Tribunal Supremo.
Desde la elección de Hugo Chávez en 1998, tras masivas movilizaciones populares, los estrechos lazos del gobierno venezolano con Cuba revolucionaria y su negativa a doblegarse ante los dictados de Washington sobre comercio y política exterior han suscitado la ira del imperialismo norteamericano.
El 28 de marzo, la OEA se reunió para considerar el informe de Almagro a pesar de la oposición de los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Barbados y Dominica, además de Venezuela.
En vísperas de la reunión de la OEA, el presidente Maduro dijo que Almagro “reanima las páginas más oscuras de la historia de la OEA”.
“La OEA que enfrentó a Venezuela es la misma que endosó agresiones e intervenciones militares; es la que ha guardado cómplice silencio ante graves violaciones democráticas y de derechos humanos en todo el hemisferio”, dice una declaración del ministerio de relaciones exteriores de Cuba el 29 de marzo en referencia a la sórdida historia de la OEA en las Américas.
En 1962, a instancias de Washington, la OEA expulsó a Cuba para castigar a los trabajadores y agricultores cubanos por haber derrocado la dictadura de Fulgencio Batista, respaldada por Washington, y por su decisión de construir una sociedad socialista. En 1976 demostró apoyo a la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que había derrocado al gobierno electo de Salvador Allende, al celebrar su reunión en ese país. Pinochet es solo uno de una larga lista de dictaduras apoyadas por Washington que la OEA ha defendido.
En 2009, frente al creciente aislamiento de Washington en la región debido a la exclusión de Cuba, la OEA invitó Cuba a que regresara. Al gobierno “ni le interesa tener ninguna relación con esa organización que ha servido para propósitos de dominación, ocupación y agresión, como plataforma de Estados Unidos para agredir y expoliar a la América Latina y el Caribe”, reiteró el ministro de relaciones exteriores de Cuba Bruno Rodríguez en 2012.
Antes de la reunión del 28 de marzo, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y 12 países latinoamericanos —incluyendo Argentina, Brasil, y México— firmaron una declaración repitiendo las acusaciones de Almagro en contra del gobierno de Maduro. Pero la expulsión debe ser reservada solo “como último recurso”, afirmaron.
El objetivo final de Washington —así como de los poderes regionales en América Latina que velan por los intereses económicos y políticos de sus propios gobernantes capitalistas— es reemplazar al gobierno de Maduro con uno más a su gusto sin provocar un caos político más profundo, así como un colapso económico y explosión social en Venezuela, y en la región.
El 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia suspendió los poderes de la Asamblea Nacional y asumió los poderes de la legislatura
Esta decisión fue aprovechada por Almagro y otros partidarios de una intervención imperialista. El día siguiente los gobiernos de Colombia, Chile y Perú retiraron sus embajadores en Venezuela. El gobierno mexicano también criticó la decisión del tribunal supremo.
Ante los llamamientos a favor de violar la soberanía de Venezuela, las organizaciones de masas en Cuba se han pronunciado en contra de estos, incluyendo la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). “De nuevo el ministerio de colonias yanqui arremete contra la soberanía de uno de nuestros pueblos”, declaró la ANAP el 31 de marzo, agregando que la OEA pretende utilizar la “injerencia externa para restablecer el régimen de oprobio”.
El 31 de marzo los partidos de la oposición pro-imperialista en Venezuela organizaron manifestaciones contra Maduro. Según el Financial Times, se produjeron altercados entre estudiantes y guardias nacionales frente al edificio del Tribunal Supremo. El 4 de abril se produjeron más choques.
El 1 de abril, tras una reunión convocada por Maduro del Consejo de Defensa —un cuerpo compuesto de altos ministros y políticos, incluyendo el jefe de las fuerzas armadas— Maduro anunció que había hablado con los magistrados del Tribunal Supremo y los había convencido de que revocaran su decisión de suspender los poderes de la Asamblea Nacional.
Seth Galinsky contribuyó a este artículo.
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