Vol. 81/No. 35 25 de septiembre de 2017
(portada)
Washington impone recortes de salarios y pensiones en su colonia, Puerto Rico
Para maximizar el pago de la deuda de alrededor de 74 mil millones de dólares a los acaudalados tenedores de bonos, los gobernantes en Estados Unidos buscan “corregir el tamaño” del gobierno colonial, un eufemismo que significa despidos de trabajadores públicos y recortes en los servicios sociales. Durante los próximos tres años planean recortar el presupuesto de la colonia norteamericana en un 30 por ciento.
Toda pretensión de que los puertorriqueños y el gobierno colonial en la isla deciden lo que pasa ahí se hizo trizas cuando el entonces presidente Barack Obama nombró “La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico” en 2016 y le concedió un control dictatorial sobre las finanzas gubernamentales de la isla. Cuando el gobernador Ricardo Rosselló se queja de la velocidad en que quieren que proceda para hacer pagar a los trabajadores por la crisis, simplemente lo presionan más.
En una carta del 4 de agosto, José Carrión, presidente de la junta, elogió a Rosselló por el nuevo presupuesto, el cual él aprobó, que incluye 662 millones de dólares en recortes para el próximo año. Pero no es suficiente, se quejó Carrión. La junta quiere 218 millones de dólares de recortes adicionales de inmediato.
Carrión ordenó a Rosselló que impusiera a los empleados públicos una cesantía de dos días al mes y que efectuara un recorte adicional del 10 por ciento en los pagos de pensiones públicas. Rosselló estaba preocupado que esto provocara grandes protestas, así que la junta entabló una demanda contra el gobierno puertorriqueño el 28 de agosto.
“El gobernador siempre dice que no va a ceder a las demandas de la junta, pero siempre termina cediendo”, dijo Verónica Figueroa, de 23 años, al Militante en una entrevista telefónica desde Caguas. Ella participó en la huelga estudiantil que tuvo lugar este año contra los planes del gobierno de recortar el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. “Quiere dar la impresión de que el gobierno está tratando de defender algunos de los derechos del pueblo”. El presupuesto de la universidad fue recortado por 202 millones de dólares para el año entrante, dijo, y la matrícula y otras cuotas están subiendo más del doble.
Aunque no tuvieron éxito, Figueroa dijo que el haber participado en el movimiento le sirvió de inspiración. Ahora que se ha graduado, está buscando formas de mantenerse involucrada en la lucha contra los ataques a los trabajadores y jóvenes.
Saqueo imperialista
Los efectos de la crisis económica capitalista mundial se magnifican en Puerto Rico por su condición colonial. El imperialismo norteamericano ha saqueado sus recursos y la riqueza creada por los trabajadores de la isla para llenar las arcas de los capitalistas estadounidenses desde 1898. Como resultado, el ingreso promedio anual en Puerto Rico es menos de la mitad que el de Mississippi, el estado más pobre de Estados Unidos.
El producto interno bruto de Puerto Rico ha disminuido en un 18 por ciento desde 2006. Un recorte de casi el 70 por ciento del gasto en infraestructura y servicios públicos ha dejado las carreteras y la red eléctrica en mal estado. Los apagones eléctricos son cada vez más frecuentes.
Desde 2006 el gobierno ha reducido el gasto en un 12 por ciento, ha despedido a casi una cuarta parte de la fuerza laboral gubernamental, ha subido los impuestos sobre las ventas, cerrado escuelas y recortado las pensiones.
Con una población de 3.35 millones, el desempleo oficial bajó del 12 por ciento en febrero al 9.8 en julio. Pero en realidad no ha habido ninguna “disminución”. Alrededor de mil 700 personas por semana se mudan a Estados Unidos para escapar de la crisis.
“Todos conocemos a alguien que se ha ido”, dijo Figueroa. “Una amiga está en Boston. Nos cuenta que tiene que trabajar muchas horas extras para poder sobrevivir. El costo de vida y la renta son tan altos, que no sobra nada”.
Ataques a pensiones
Roselló firmó una ley el 23 de agosto que eliminó los fondos de pensiones para los maestros y empleados públicos y judiciales, y ordenó a los gerentes de fondos a que vendieran todos sus “activos” y entregaran el dinero al fondo general del gobierno.
Todos los planes de “beneficios definidos” restantes —que supuestamente garantizan una cantidad específica para la pensión— están siendo reemplazados por “planes de contribuciones definidas”, donde hacen deducciones de los sueldos de los trabajadores y “se invierten” en acciones y bonos.
“Han cambiado las reglas del juego”, dijo al Militante desde Mayagüez el 3 de septiembre Iván Vargas, un trabajador de la Autoridad de Aguas y Alcantarillados y miembro del sindicato independiente ahí. Pero los trabajadores no tienen ni idea de quién va a administrar este fondo ni cómo va a funcionar.
“La crisis del cuidado médico está empeorando”, dijo al Militante Yazmín López, una enfermera en Mayagüez. “El costo de medicamentos es muy alto. Tantos médicos han salido del país que hay que esperar hasta seis meses para ver a un especialista”. Una crisis aún mayor se avecina en marzo de 2018, cuando se agotará el fondo para apuntalar el programa de Medicaid de la isla.
Existe una amplia variedad de opiniones entre los trabajadores sobre si sería mejor si Puerto Rico se hiciera independiente o si se hiciera un estado de Estados Unidos. O si la respuesta fuera emular el ejemplo de la Revolución Cubana, derrocando el dominio capitalista.
Vargas señaló que Rosselló apoya la estadidad. “Ellos hablan como si la estadidad sería una varita mágica para resolver nuestros problemas”, dijo. “Pero no es así, Washington no va a empezar a enviarnos dólares.”
Figueroa apoya la independencia. “Y debería ser un proyecto socialista”, dijo. “¿Van a seguir los ricos tomando las decisiones creando más problemas para los pobres, la clase obrera y la clase media? ¿O representaría un camino diferente para el país?”
Las protestas contra los ataques de Washington y el régimen colonial continúan, así como el debate sobre cómo se puede avanzar. Cientos de sindicalistas se manifestaron en San Juan el 30 de agosto contra las cesantías, los recortes de pensiones, nuevos impuestos y aumentos en el costo de los servicios públicos.
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