Una vez más, el Partido Socialista de los Trabajadores y su fórmula presidencial —Alyson Kennedy para presidente y Malcolm Jarrett para vicepresidente— están sentando un ejemplo para el pueblo trabajador en la defensa de los derechos políticos y la libertad de expresión.
El 19 de octubre el despacho del Secretario de Estado del estado de Washington le informó a la campaña del PST que una persona había solicitado los nombres y direcciones de los electores del PST en 2020.
“Pensamos que no existe una exención de los registros públicos que nos permita negar esta información”, escribió la oficial de divulgación pública Brenda Galarza. El estado entregará los nombres y direcciones el día de las elecciones, el 3 de noviembre, al menos que un tribunal nos ordene lo contrario”, escribió Galarza.
Los hechos demuestran lo contrario. Existe un largo y bien documentado historial público de acosos y amenazas contra partidarios del PST, tanto en el estado de Washington como a nivel nacional. Han sido demostrados, entre otras formas, en reñidas luchas contra la divulgación de nombres y datos personales. Se han logrado victorias ante la Comisión de Ética y Elecciones de Seattle, la Comisión de Divulgación Pública de Washington, la Comisión Federal de Elecciones y tribunales federales incluyendo la Corte Suprema.
Estas decisiones documentan centenares de amenazas, ataques físicos, ataques incendiarios y otros ataques contra candidatos del PST, sus partidarios y oficinas de la campaña, así como de actos de espionaje y desorganización gubernamental.
Divulgar los datos personales de los electores los hace blanco de la policía política del gobierno, los patrones y matones derechistas. Los expone a radicales de clase media que recurren a la “cultura de la cancelación” para callar a personas con las que están en desacuerdo mediante linchamientos públicos a través de los medios sociales, la intimidación y el acoso frente a sus hogares.
La campaña del PST ha contratado a la conocida firma de ley laboral y de los derechos políticos Barnard, Iglitzen & Lavitt para enfrentar este reto. En respuesta a los pasos iniciales tomados por los abogados del partido, el estado ha acordado no entregar la información hasta el 9 de noviembre para facilitar los procedimientos legales para detener la revelación.
El Comité de la Campaña Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores ha iniciado un esfuerzo de corto plazo para recaudar 20 mil dólares para ayudar a cubrir los gastos legales y otros gastos relacionados.
“Por décadas —desde que fue formado nuestro partido en 1917 a raíz de la revolución bolchevique en Rusia— hemos estado activos en luchas obreras, luchas para forjar y fortalecer los sindicatos y defender los derechos de todos los que desafían el despiadado sistema capitalista”, dijo Mary Martin, dirigente del PST en Seattle, al Militante.
Amenazas de muerte
Las actividades políticas del PST han tenido una buena acogida entre los trabajadores en Washington —haciendo campaña para colocar la fórmula del PST en la boleta electoral en el estado; participando en batallas de sindicalización de los empacadores de frutas y trabajadores agrícolas en el Valle de Yakima; y otros esfuerzos para impulsar las luchas de los trabajadores y los agricultores.
Pero también el partido ha confrontado amenazas, incluyendo serias amenazas de muerte.
En julio, por ejemplo, Dean Peoples estaba hablando con trabajadores saliendo del Walmart en Renton, y recolectando firmas para poner a los candidatos del PST en la boleta electoral. No obstante, una persona, “me miró y me dijo fríamente alguien debería matar a uno o varios de ellos”.
“¡P—tos socialistas antifa!” dijo alguien en un mensaje en el teléfono del PST el 28 de agosto. “¡Y ustedes hijos de p— es mejor que se cuiden, porque voy a ir a quemarles su p— lugar y los voy a matar a todos!” Los miembros del PST actuaron frente a estas amenazas, le informaron a los otros inquilinos del edificio e incrementaron las medidas de seguridad en los foros y otras reuniones.
El partido ha luchado para defender los derechos de los trabajadores desde sus orígenes en 1919. Sus fundadores, como dirigentes del joven Partido Comunista en los años 1920, ayudaron a dirigir la Defensa Obrera Internacional, organizando campañas obreras en defensa de las víctimas de casos amañados y otras injusticias capitalistas.
Como dirigentes del combativo sindicato Teamsters en Minneapolis y el Medio Oeste en la década de 1930, los miembros del PST estuvieron profundamente involucrados en batallas sindicales, incluyendo esfuerzos para forjar oposición obrera a los fines imperialistas de Washington en la Segunda Guerra Mundial. La sede del PST fue allanada por el FBI, y los dirigentes del partido y de los Teamsters fueron acusados falsamente, juzgados y encarcelados por “conspiración para abogar por el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos” bajo la Ley Smith de control del pensamiento.
El PST ha tomado iniciativa para exponer las operaciones de infiltración y disrupción del FBI contra el movimiento obrero durante décadas. En los años 70 y 80, el partido organizó una exitosa campaña política que duró una década y media y una demanda federal contra el espionaje, el acoso y la disrupción del FBI. La demanda del PST fue ratificada en un tribunal federal y millones de personas conocieron más sobre el verdadero rostro del sistema de “justicia” de los gobernantes capitalistas.
Cuando fuerzas políticas liberales, principalmente en el Partido Demócrata, lograron la adopción de leyes de “reforma de campañas” en la década de 1970, bajo la falsa promesa de que limpiarían la política capitalista, estas leyes se utilizaron para atacar al PST y otros grupos obreros.
En respuesta, el PST solicitó la exención del requisito de entregar al gobierno los nombres, empleos y domicilios de los contribuyentes a sus campañas. La lucha se basó en las victorias de la NAACP en las décadas de 1950 y 1960 contra las medidas del estado de Alabama para obligar al grupo de derechos civiles a entregar sus listas de miembros.
El bufete de abogados Barnard, Iglitzin & Lavitt que representa al PST en esta lucha tiene una merecida reputación en la lucha por los derechos de los trabajadores.
Kathy Barnard ha librado batallas legales para defender al sindicato Familias Unidas por la Justicia y su derecho a la sindicalización y defendiendo a los obreros agrícolas de la vigilancia y los ataques de los patrones en el Valle de Yakima. Defendió exitosamente el derecho de los participantes en una acción sindical a tener una manifestación en un estacionamiento de Walmart.
Un caso importante en el que Dmitri Iglitzin fue abogado logró un fallo que dictaminó que todos los empleados en el estado de Washington tienen derecho legal a un período de descanso pagado de diez minutos después de cada tres horas de trabajo.
¡Únase a la lucha!
Existe una amenaza creciente contra la libertad de expresión y los derechos de los trabajadores en Estados Unidos. No solo proviene de espías del gobierno, informantes policiales, derechistas y de los patrones. También hay crecientes ataques a los derechos políticos de parte de los que buscan imponer su versión del discurso “políticamente correcto”. Como parte de su deseo de imponer sus puntos de vista, apoyan los esfuerzos del gobierno para forzar la divulgación de nombres y datos personales de quienes participan en actividades políticas.
La lucha actual del PST en Washington contra estas medidas antidemocráticas —un ataque frontal a la Carta de Derechos y otras protecciones constitucionales ganadas por trabajadores a lo largo de siglos— beneficia a todos los trabajadores y al movimiento sindical. ¡Se necesita su ayuda!