El alto mando militar en Myanmar se enfrenta a un serio desafío ante las protestas y huelgas diarias de trabajadores, agricultores, pescadores, jóvenes y otros cuyo objetivo es derrocar el golpe militar del 1 de febrero y lograr la excarcelación de los presos políticos. La junta militar ha intensificado la represión en sus desesperados intentos de derrotar el movimiento de protestas.
“Civiles, trabajadores en huelga, políticos y otros están siendo detenidos violentamente en redadas nocturnas arbitrarias. Luego los llevan a lugares no revelados, sin visitas familiares o legales”, dijo la Asociación de Asistencia a Presos Políticos al Militante por correo electrónico desde Myanmar el 23 de marzo.
El número de víctimas a manos de la policía y unidades del ejército ha aumentado a más de 275 muertos, 2,800 encarcelados e innumerables heridos hasta el 23 de marzo.
Continúa una huelga nacional de trabajadores ferroviarios, de la confección, de la salud, empleados bancarios, tripulaciones de aerolíneas, recolectores de basura, camioneros y otros. Está “interrumpiendo el transporte, la logística, la banca, el comercio”, se quejó el Financial Times el 16 de marzo.
La junta desalojó a mil trabajadores ferroviarios y sus familias de las viviendas del personal en Yangon el 10 de marzo. El 20 de marzo, el régimen advirtió a los trabajadores ferroviarios en Mandalay que regresaran a trabajar antes del 22 de marzo o serían desalojados también. “Estábamos llorando cuando salimos de nuestras casas”, dijo una mujer obligada a salir del complejo de Mandalay al sitio de noticias Irrawaddy. “No porque estemos tristes o que nos den miedo. Sino que estamos indignados de ser intimidados y abusados”. Se comprometió a que “lucharemos contra la junta con el Movimiento de Desobediencia Civil hasta que caigan”.
El 1 de febrero, el general Min Aung Hlaing se tomó el poder y arrestó a Aung San Suu Kyi y a otros líderes de la Liga Nacional para la Democracia, que ganó las elecciones de noviembre de 2020 de manera abrumadora. Suu Kyi ha sido la jefa de gobierno desde 2016. A pesar de que la Constitución de 2008 garantiza que el 25 por ciento de los escaños en el parlamento sean nombrados por el mando militar, junto con el control de ministerios clave, a los generales les preocupaba que Suu Kyi exigiera más poder.
Beijing es uno de los principales proveedores de armas para el ejército de Myanmar, y las corporaciones con sede en China han establecido empresas conjuntas con los generales y sus allegados. Los manifestantes están presionando al gobierno chino para que condene el golpe. De hecho, antes del golpe, Beijing había desarrollado relaciones amistosas tanto con los generales como con la Liga Nacional para la Democracia.
Al igual que el régimen de Beijing, a otros gobiernos y corporaciones capitalistas les importa poco si son los generales o la Liga Nacional para la Democracia quienes controlan el gobierno. Quieren estabilidad para seguir explotando a los trabajadores en Myanmar que reciben la mitad de lo que ganan los trabajadores en Vietnam y Camboya.
Y les preocupa el ejemplo que el movimiento de protesta tendrá sobre los trabajadores y agricultores de la región, desde Bangladesh hasta Tailandia, donde los trabajadores también enfrentan ataques contra los derechos políticos y el impacto de la crisis capitalista mundial.