El 14 de agosto, Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, en Georgia, una demócrata, anunció los cargos contra el ex presidente Donald Trump y varios de sus partidarios políticos bajo la notoria ley antisindical RICO. Un gran jurado dirigido por ella acusó a Trump de orquestar una banda criminal, alegando que llevó a cabo una conspiración de gran alcance para intentar anular las elecciones de 2020.
Las siglas en inglés RICO se refieren a Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Asociaciones Ilícitas, adoptada en 1970 para perseguir a los sindicatos. Permite procesar “delitos” no relacionados como una conspiración de extorsión. El gobierno emplea dichas leyes para intervenir en los sindicatos y restringir el derecho de sus miembros a elegir a los dirigentes de su preferencia. Y conllevan sentencias severas.
El verdadero objetivo de la impugnación, que incluye a 19 conspiradores nombrados por 41 cargos, es expulsar a Trump de la política en 2024 y mostrar a cualquiera que esté de acuerdo políticamente con él que ellos también pueden ser victimizados. Al igual que las otras tres acusaciones contra Trump, en Nueva York, Washington y Florida, los cargos en Georgia ponen a un lado las protecciones constitucionales a la libertad de expresión y asociación política para lograr los fines políticos de los demócratas.
A diferencia de los otros tres casos, los cargos más recientes serán procesados en un tribunal estatal. Si Willis prevalece y Trump es declarado culpable, Trump no podría perdonarse a sí mismo, si saliera victorioso en las elecciones, dejándolo tras las rejas en Georgia durante años.
Los demócratas, los republicanos ‘Nunca Trump’ y la izquierda de clase media están decididos a silenciar al principal candidato republicano. La acusación en Georgia se basa abrumadoramente en declaraciones que hicieron Trump y sus partidarios. Willis afirma que Trump comenzó una conspiración un día después de las elecciones de 2020 al pronunciar un discurso en el que dijo que había ganado. Dice que los tweets de Trump en los que hacía las mismas afirmaciones fueron “un acto abierto en aras de la conspiración”. Y que las solicitudes de la campaña de Trump para que los legisladores de Georgia enviaran al colegio electoral a electores comprometidos con Trump constituyen un delito.
También acusa a Trump de solicitud de violación de juramento a un funcionario público, basándose en lo que dijo en una llamada telefónica muy publicitada al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger: “Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos. Porque ganamos el estado”. Pero el cabildeo de funcionarios estatales y legisladores para que cambien de opinión no es un delito. Es libertad de expresión.
Las elecciones de 2020 están lejos de ser la primera vez que los resultados han sido fuertemente cuestionados. El profesor de derecho de Harvard, Alan Dershowitz, denunció la acusación y dijo que lo que hizo Trump fue “muy similar” a lo que hicieron Dershowitz y los demócratas al desafiar la derrota de Al Gore ante George W. Bush en el 2000.
“Cuestionamos las elecciones e hicimos muchas de las cosas que se están haciendo hoy, y la gente nos elogió”, dijo. “Ahora lo están convirtiendo en un delito”.
Convertir las impugnaciones a resultados electorales en un delito penal y atacar la libertad de expresión es un grave peligro para el pueblo trabajador.
Toda elección bajo el capitalismo está manipulada para beneficiar a los principales partidos capitalistas, el Partido Demócrata y el Republicano, y en contra de partidos obreros como el Partido Socialista de los Trabajadores. En la mayoría de los estados se emplean enormes requisitos de firmas para poder aparecer en la boleta electoral y así excluyen a una voz obrera. El poder denunciar el fraude electoral es un derecho constitucionalmente protegido.
Ley RICO dirigida a clase obrera
La ley RICO de Georgia es incluso de más alcance que el estatuto federal. No requiere que los fiscales demuestren que debajo de esto había una organización delictiva, solo que se llevaron a cabo varios actos ilegales para lograr un objetivo único. Está diseñada para enfrentar a los testigos entre sí y obligarlos a confesar mediante acuerdos de culpabilidad. Willis se jacta de ser una experta en conseguir condenas bajo la ley RICO.
Los fiscales y los patrones han utilizado las leyes RICO durante años contra los sindicatos.
En un esfuerzo por romper una huelga de tres años del sindicato de trabajadores del acero USW en Titan Tire en Des Moines, Iowa, en 2000, los patrones utilizaron la ley RICO para demandar a unos 90 miembros del Local 164 del USW. La compañía afirmó que los trabajadores en huelga “pusieron en marcha una conspiración masiva para extorsionar dinero” y conspiraron para “recibir ingresos de actividades de extorsión”, es decir, ganar salarios más altos. El sindicato ganó y la demanda antisindical fue desestimada en 2006.
Joseph Dougherty, funcionario del Local 401 del sindicato de trabajadores del hierro, fue sentenciado a 19 años de cárcel en 2015, bajo las leyes federales RICO en Filadelfia. El fiscal alegó que Dougherty utilizó la intimidación para obligar a contratistas que empleaban a trabajadores no sindicalizados a que contrataran a sindicalistas. Antes de su juicio, otros 11 funcionarios y miembros del sindicato fueron intimidados para que se declararan culpables de cargos similares. El Militante denunció ese caso amañado.
Prisa para juicio viola derechos
Los cuatro fiscales que intentan encarcelar a Trump están presionando para que se realicen juicios rápidos a principios de la campaña electoral de 2024. Willis quiere que el juicio en Georgia comience el 4 de marzo.
Jack Smith, fiscal especial del Departamento de Justicia del presidente Joseph Biden, exige que el juicio federal de Trump acusado de intentar anular una elección comience el 2 de enero.
Los demócratas, el FBI y los magnates liberales de los medios se han centrado en derrocar a Trump durante más de siete años. Los demócratas coreografiaron un juicio espectáculo de un mes de duración contra Trump durante las audiencias del Congreso sobre el 6 de enero del año pasado, un antecesor de las acusaciones de hoy.
Los demócratas han utilizado vastos recursos del Congreso para interrogar a testigos y preparar un caso, pero ahora insisten en que los acusados solo tengan cinco meses para preparar su defensa.
La sexta enmienda de la Constitución garantiza al acusado el derecho a una defensa legal. Eso requiere que la defensa tenga el tiempo necesario para ver las pruebas y llamar testigos. Pero los demócratas están pisoteando el debido proceso para garantizar que Biden permanezca en la Casa Blanca.
El juez del caso de Georgia ya ha limitado el derecho de Trump a discutir la caza de brujas en su contra y a denunciar la falta de pruebas.
Todos los defensores de las libertades constitucionales deben exigir que se retiren los cargos contra Trump.