La campaña que han librado por siete años los jefes del Partido Demócrata, los fiscales y los medios liberales para derribar, arruinar y encarcelar a Donald Trump se está acelerando con las próximas elecciones presidenciales. Finalmente pudieron lograr una condena por un jurado en Nueva York el 30 de mayo. El candidato presidencial para 2024 fue declarado culpable de falsificar registros comerciales para cometer un segundo “delito” no especificado para interferir con las elecciones de 2016 en las que fue candidato.
Esta combinación le permitió a la fiscalía evitar el hecho de que el plazo de prescripción había expirado y convertir el caso de un delito menor a un delito grave, con posible pena de cárcel.
Los cargos fueron presentados por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien hizo campaña en las elecciones presentándose como la persona que podía atribuirle un crimen a Trump. El juez Juan Merchan, contribuyente a la campaña de Biden, dirigió el proceso, poniendo barreras a Trump y sus abogados para maximizar la probabilidad de un veredicto de “culpable”. Esto incluyó la imposición de una orden inconstitucional de mordaza al candidato presidencial y golpes a su derecho a un juicio justo.
Esto culminó con las instrucciones de Merchan al jurado antes de que se reunieran a discutir el caso. Les dijo que podían condenar a Trump por cometer este segundo “crimen”, diciendo que “No es necesario que tengan una opinión unánime en cuanto a cuáles fueron esos medios ilegales”. Les dijo que había múltiples posibilidades que cada miembro del jurado podría considerar.
Pero la Sexta Enmienda establece que el acusado tiene derecho a ser “informado de la naturaleza y causa de la acusación”. Esta protección contra el estado fue ganada en luchas sangrientas, porque sin ella es imposible montar una defensa seria.
Los métodos utilizados contra Trump no son nuevos. Han caracterizado la forma en que por más de un siglo el gobierno ha usado al FBI y los tribunales contra sindicalistas en huelga, luchadores por los derechos de los negros, opositores a las guerras de Washington, el Partido Socialista de los Trabajadores y otros. Los trabajadores atrapados en el sistema de “justicia” capitalista saben por experiencia propia que el sistema está amañado contra la clase trabajadora.
Lo que ocurrió en la sala del juez Merchan no fue el uso del sistema judicial como arma (weaponization), como afirman muchos republicanos, sino la aplicación de técnicas amañadas que han sido utilizadas contra la clase trabajadora por mucho tiempo.
La condena de Trump —un político capitalista como Biden— y su procesamiento en otros tres casos en Georgia, Florida y Washington, son parte de los esfuerzos frenéticos de los demócratas para sacarlo de la contienda presidencial de 2024. Están convencidos de que es la única forma de que Joseph Biden puede ganar las elecciones.
En el trayecto, los demócratas están asestando serios golpes a las protecciones constitucionales que los trabajadores necesitan y usan, especialmente cuando tomamos medidas para defendernos, forjar sindicatos y organizarnos independientemente de los partidos de los patrones, el Demócrata y el Republicano.
Biden dio luz verde a la imputación de cargos contra Trump en sus comentarios filtrados al New York Times en abril de 2022. Se quejó de que el fiscal general Merrick Garland estaba tardando demasiado en acusar a su probable oponente político.
Dos días después de que Trump anunció el 16 de noviembre de 2022 su candidatura para presidente, Garland nombró al ex fiscal de la ONU Jack Smith como asesor especial del Departamento de Justicia para ir tras Trump. Smith ha presentado dos demandas judiciales contra Trump, en Florida y Washington.
Profundo odio a clase obrera
Debajo de la hostilidad de los demócratas hacia el candidato republicano está su arraigado odio hacia sus partidarios, incluidos las decenas de millones de trabajadores a quienes quieren privar del derecho al voto. Ese desdén es compartido por amplias capas de la clase media alta que imitan la perspectiva de los gobernantes capitalistas y temen cada vez más la posibilidad de verse empujados a la clase trabajadora a medida que la economía capitalista se deteriora.
En 2016 Hillary Clinton infamemente calificó de “deplorables” a los partidarios de Trump. La gobernadora del estado, Kathy Hochul, por su parte calificó de “payasos” a las miles de personas que acudieron a escuchar a Trump en un mitin que celebró el 24 de mayo, durante el juicio, en el Bronx, un bastión demócrata en Nueva York.
Merchan ha fijado el 11 de julio para una audiencia para sentenciar a Trump, cuatro días antes de la inauguración de la convención del Partido Republicano para formalizar su nominación.
El caso nunca debió haber ido a juicio. El veredicto debe ser anulado.
El juez rechazó la moción de la defensa de trasladar el juicio fuera de Manhattan, donde los votantes son abrumadoramente demócratas y los funcionarios del partido y la mayoría de los medios han avivado la histeria anti-Trump durante años. En este caso, que incluso algunos demócratas admitieron se basaba en fundamentos cuestionables, el jurado tardó menos de 24 horas en emitir un veredicto de culpabilidad unánime.
Al inició del juicio, los fiscales pusieron al frente las alegaciones de que Trump ordenó a su abogado hacer un “pago ilegal a Stormy Daniels” en 2016. Pero los llamados pagos de dinero a cambio de silencio no son ilegales.
El juez permitió a los fiscales decirle repetidamente al jurado que Trump había cometido algún tipo de violación federal de la campaña. Pero limitó fuertemente lo que los abogados de Trump podían preguntar al ex presidente de la Comisión Federal Electoral, Bradley Smith, incluso sobre precisamente este asunto. Smith planeaba explicar que un acuerdo de confidencialidad, como el que supuestamente el ex abogado de Trump, Michael Cohen, concertó en su nombre, simplemente no constituye un gasto de campaña. El juez dijo que no permitiría que Smith testificara sobre esto porque simplemente desencadenaría un desacuerdo entre los “expertos”: Smith y el juez mismo.
Merchan permitió a los fiscales presentar extensos testimonios de Cohen y David Pecker, ex director del National Enquirer. Pero ordenó al jurado que ignorara el hecho de que en un caso anterior Cohen aceptó un acuerdo con los fiscales que lo estaban presionando para que acusara a Trump. El juez también le dijo al jurado que ignorara que los fiscales habían acordado no llevar a juicio a Pecker antes de que aceptara testificar.
“Si me pueden hacer esto a mí, se lo pueden hacer a cualquiera”, dijo Trump después del veredicto el 31 de mayo. En respuesta, Biden declaró: “Es peligroso, es irresponsable que alguien diga que esto fue amañado solo porque no le gusta el veredicto”.
Pero no hay nada de “peligroso” en que un acusado, o cualquier otra persona, señale grave abusos judiciales que dañan a las protecciones constitucionales.
La prensa liberal quedó extasiada con el veredicto. “Culpable” fue el titular de seis columnas de la portada del New York Times el 31 de mayo. La columnista del Washington Post, Jennifer Rubin, exigió el 4 de junio que Merchan encarcelara a Trump “durante por lo menos un año”, ya que debido a los problemas que existen con los otros tres casos contra Trump estos probablemente no ocurrirán hasta después de las elecciones.