NACIONES UNIDAS — “En este momento, miles de puertorriqueños siguen sin electricidad ni agua potable debido al reciente colapso de partes de la infraestructura. El gobierno de Estados Unidos no hace nada al respecto”, dijo en su testimonio Edwin Ortiz, en representación de Un Llamado a la Acción por Puerto Rico, un grupo independentista con sede en Nueva York.
Ortiz fue uno de los 80 ponentes que declararon ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas el 20 de junio. La audiencia anual aborda el estatus de Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos desde 1898.
La mayoría de los peticionarios exigieron la independencia de Puerto Rico. Uno tras otro explicó cómo Washington presenta a Puerto Rico ante el mundo como una “mancomunidad autónoma”, tratando de disfrazar el hecho de que sigue siendo una de las pocas colonias que quedan en el mundo.
Esa realidad fue reforzada en 2016, cuando la administración de Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos impusieron una “junta de supervisión financiera” —la junta— como la llaman despectivamente los trabajadores. Su propósito es obligar el cumplimiento del pago de la enorme deuda de Puerto Rico a los ricos tenedores de bonos estadounidenses. La junta tiene el poder de vetar todas las decisiones presupuestarias y financieras del régimen colonial en San Juan.
“Al gobierno de Estados Unidos solo le importa que los bonistas de Wall Street cobren su acreencia con creces” dijo María de Lourdes Guzmán, del Movimiento Unión Soberanista (MUS). La junta, junto con los dos partidos coloniales, “se ha dado a la tarea de despojarnos de nuestras riquezas para entregárselas a los insaciables bonistas, mientras el pueblo sufre condiciones de vida precarias”.
Los dos partidos coloniales gobernantes son el Partido Popular Democrático (PPD), que defiende el estatus de “Estado Libre Asociado” de la isla, y el Partido Nuevo Progresista (PNP), partidario de la estadidad.
Muchos peticionarios, como Ortiz, detallaron la intensificación de la crisis social, económica y moral infligida al pueblo de Puerto Rico bajo el dominio colonial y capitalista de Washington. Describieron cómo los apagones eléctricos son una realidad casi diaria, con consecuencias brutales para los trabajadores, especialmente para los mayores.
Millones con apagones casi diarios
El deterioro de la red eléctrica es resultado de la negligencia deliberada de los gobernantes capitalistas de Puerto Rico. Utilizaron la crisis para justificar medidas para vender la endeudada compañía eléctrica estatal. La operación del sistema eléctrico está ahora en gran medida en manos de dos contratistas privados, Luma Energy y Genera PR, pero el servicio sólo ha empeorado mientras las tarifas de los servicios públicos han aumentado.
Rachele Fruit, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para presidente de Estados Unidos, señaló las recientes protestas de trabajadores en la isla contra la privatización de los servicios públicos y los recortes de las pensiones. “Nos sumamos a ellos para exigirle a Washington: ¡Cancelen la deuda ya!” dijo.
“Una batalla victoriosa para poner fin al dominio colonial en Puerto Rico también reforzará al pueblo trabajador en este país”, añadió. (La declaración de Fruit apareció en el Militante de la semana pasada)
“A siete años del huracán María, tenemos personas sin techo y sin condiciones dignas para enfrentar otro evento natural”, dijo Venecia Butler-Pérez, del grupo de derechos ambientales Amigxs del MAR.
Walter Alomar, un trabajador eléctrico y luchador por la independencia residente en Nueva Jersey, describió cómo los trabajadores de la isla respondieron con solidaridad tras el huracán, en contraste a la cruel indiferencia de los gobernantes capitalistas.
“Estaba en Puerto Rico cuando azotó el huracán María, causando más de 4,645 muertes”. Contratado “como liniero para reparar el tendido eléctrico, fui testigo de la fortaleza de nuestra gente. Nos unimos, nos cuidábamos entre nosotros constantemente y compartimos recursos”. Basados en estas capacidades de los trabajadores, enfatizó, “debemos exigir la independencia para nuestra isla”.
Christina Mojica de El Otro Puerto Rico, que lucha por el derecho a la vivienda, señaló el aumento vertiginoso de las tarifas eléctricas, los alquileres y otros costos de vida básicos que llevan a muchos a emigrar a Estados Unidos.
Adrián González, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), señaló que el 48% de la población vive por debajo del nivel oficial de pobreza.
Muchos oradores señalaron el impacto social de la crisis económica y los recortes impuestos por la junta en puestos de empleados públicos, salarios, pensiones de jubilados y otras protecciones sociales. Algunos señalaron la devastación del sistema de salud. El diario El Nuevo Día de San Juan informó recientemente que 81 personas mayores murieron en el último año mientras estaban almacenadas durante meses en hospitales locales esperando ser reubicados a un hogar de ancianos una vez que perdieron la cobertura hospitalaria financiada por el gobierno.
Garvin Sierra, un artista, dijo que el gobierno propone recortar el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico en otros 100 millones de dólares, lo que “pondría en riesgo el Museo de Historia, Antropología y Arte de la universidad”, parte del patrimonio cultural del pueblo puertorriqueño.
Shariana Ferrer-Núñez, de la Colectiva Feminista en Construcción, una organización de derechos de las mujeres negras, señaló que la crisis económica en Puerto Rico recae desproporcionadamente en las familias de la clase trabajadora encabezadas por mujeres solteras.
Rafael Olivera-Cintrón, de Boricuas Unidos en la Diáspora, señaló la disminución de la tasa de natalidad en Puerto Rico. “En 1999, el año en que nací, nacieron en Puerto Rico más de 57 mil niños. El año pasado hubo menos de 18 mil, la cifra más baja en los últimos 136 años”.
Además de los oradores independentistas, testificaron unas dos decenas de defensores de la estadidad. Reconocieron que Puerto Rico es una colonia, pero argumentaron que la solución es que sea declarado el estado número 51 de Estados Unidos.
Como en años anteriores, el comité de la ONU adoptó una resolución que respalda el “derecho a la autodeterminación y la independencia” de Puerto Rico, presentada por Yuri Gala, representante permanente adjunto de Cuba.
Tras la audiencia, hubo una manifestación en un parque cercano auspiciada por varios grupos independentistas en Nueva York.