México ha superado a China como la principal fuente de importaciones de Estados Unidos. Las crecientes tensiones entre Washington y Beijing, así como el impulso de los patrones capitalistas de utilizar fuentes de productos más cercanas a sus mercados principales para protegerse de las interrupciones en las cadenas de suministro y para reducir los costos de envío, han ayudado al crecimiento de la producción en México.
El valor de las mercancías importadas de México aumentó casi un 5% en 2023, a más de 475 mil millones de dólares. En comparación, el valor de las importaciones chinas cayó un 20%, a 427 mil millones de dólares.
Funcionarios del gobierno mexicano informan que a finales de 2022 más de 400 empresas expresaron interés en trasladarse a México desde Asia. Desde los años 90, México se ha convertido en un centro manufacturero clave para los patrones estadounidenses. Miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses y otras fuentes extranjeras han llovido sobre los estados fronterizos del norte de México en la construcción de parques industriales para atender el mercado estadounidense.
Decenas de empresas chinas se están trasladando a México, buscando evitar los crecientes aranceles y sanciones de Estados Unidos y aprovechar el trato preferencial bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.
Como parte de la creciente rivalidad entre Washington y Beijing, la administración de Donald Trump impuso fuertes aranceles a cientos de miles de millones de dólares en importaciones chinas en 2018. El año pasado, el presidente Joseph Biden añadió una prohibición de nuevas inversiones estadounidenses en empresas chinas que fabrican semiconductores y microelectrónica, tecnologías de información cuántica y sistemas de “inteligencia artificial”. Los gobernantes norteamericanos consideran que el desarrollo de estas cadenas de suministro es vital para la industria norteamericana y sus fuerzas armadas.
Acontecimientos mundiales desestabilizadores como los cierres relacionados con la pandemia de COVID, la guerra de Moscú contra el pueblo de Ucrania, y la guerra en el Medio Oriente tras el asesino pogromo de Hamás en Israel, han empujado a empresas norteamericanas a insistir en que sus proveedores instalen plantas más cerca a Estados Unidos. Un ejemplo es Lizhong, un fabricante chino de ruedas para automóviles. Ford y General Motors, sus principales clientes, lo presionaron para que abriera una fábrica en Norteamérica.
Los aranceles y sanciones de Washington contra sus rivales, y las presiones sobre los proveedores para que se reubiquen, no tienen como objetivo proteger los “empleos en Estados Unidos” o “nuestra economía”, como afirman los políticos capitalistas en Estados Unidos.
El traslado de fábricas y de producción más cerca tampoco significa que los capitalistas norteamericanos hayan renunciado a sus esfuerzos para explotar mano de obra más barata. Estas medidas tienen un solo propósito: salir adelante en la competencia contra sus rivales. Al mismo tiempo, utilizan la competencia para presionar a los trabajadores en Estados Unidos a que aceptan salarios más bajos y horarios y condiciones laborales más peligrosos.
Esclavos de las deudas
México es la duodécima economía más grande del mundo y la segunda más grande de América Latina, y un exportador importante en la región. Pero al igual que Brasil, Argentina, Colombia y Chile (los otros cuatro países con el mayor producto interno bruto de la región), México es una nación oprimida. Todos estos países están sujetos al yugo de la deuda con bancos y tenedores de bonos, principalmente de Estados Unidos.
La recién electa presidenta de México y ex alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es la sucesora elegida del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Han construido una imagen populista mediante la asignación de recursos estatales para gastos en infraestructura y programas sociales. Eso fue lo que impulsó su popularidad y la victoria electoral de Sheinbaum.
Pero esto también ayudó a elevar la deuda de México a más de 100 mil millones de dólares, la más alta en más de tres décadas. Sheinbaum tendrá dificultades para continuar con ese ritmo.
También heredará una deuda de 101 mil millones de dólares acumulada por la empresa estatal de petróleo y gas natural, Pemex. México ha estado lidiando con caídas de producción desde hace años que lo han convertido en un importador neto de energía de Estados Unidos. La producción de gas natural de México es sólo el 70% de lo que era en 2010, cubriendo alrededor de un tercio de la demanda del país.
Como parte de su campaña presidencial, Sheinbaum anunció planes para crear una “frontera industrial” en Tapachula, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Se construirán diez “centros de desarrollo”, dijo, en los que la mitad de los empleos serán para trabajadores migrantes en tránsito por México y la otra mitad para trabajadores locales.
Durante años, los patrones mexicanos han utilizado a cientos de miles de trabajadores migrantes de la vecina Guatemala que cruzan a México legal e ilegalmente cada año para trabajar en plantaciones de café, banano y caña de azúcar, así como en granjas de hortalizas.
Los cálculos de los gobernantes capitalistas en la organización de la producción nunca incluyen la resistencia de los trabajadores a la explotación. Unos 3,500 trabajadores siderúrgicos de ArcelorMittal México en el estado de Michoacán se declararon en huelga el 24 de mayo. La fábrica suministra el 30% de la producción nacional de acero utilizado en vehículos, electrodomésticos y en la construcción.
La empresa respondió con el despido de más de 1,200 trabajadores y le pidió a un juez federal que declarara nulo el contrato sindical.