Puerto Rico está en el centro del “corredor de huracanes” en el Caribe y ha sido afectado por muchas tormentas a lo largo de los años. En 2017, el huracán María azotó la isla con vientos de 155 millas por hora y lluvias torrenciales. Causó una catástrofe social, debido principalmente a los efectos del estatus colonial de Puerto Rico y las relaciones sociales capitalistas.
Este año, la tormenta tropical Ernesto, mucho más débil que María, azotó a Puerto Rico el 14 de agosto. “Aunque en realidad no fue una tormenta tan mala”, dijo la maestra jubilada Mildred Laboy al Militante por teléfono desde Humacao, Puerto Rico, el 16 de agosto, “seguimos sin electricidad ni agua”.
Ernesto dejó a 728 mil hogares y negocios sin electricidad y a miles sin agua, incluso en Humacao, una de las áreas más afectadas por el huracán María en 2017. Una semana después del ciclón Ernesto, todavía había más de 41 mil hogares sin electricidad.
Desde 2017, el sistema eléctrico de la colonia estadounidense, que ya era frágil, se ha deteriorado, al tiempo que las tarifas subieron. Para empeorar las cosas, el gobierno privatizó el sistema eléctrico, dijo Laboy.
En 2021, entregaron el control de la red eléctrica a Luma Energy, una empresa estadounidense-canadiense, y en 2023, el control de las plantas generadoras a Genera PR, una subsidiaria de New Fortress Energy, con sede en Estados Unidos. Muchos trabajadores de la isla se opusieron, pues lo vieron como una maniobra más para sacar provecho del estatus colonial de Puerto Rico para enriquecer a los capitalistas extranjeros.
“Luma dijo que estaba preparada, pero ni siquiera podaron los árboles que amenazan las líneas eléctricas durante una tormenta”, dijo Laboy. Luma admite que ha habido un aumento del 19% en los apagones durante el último año.
Los contratos con Luma y Genera PR son lucrativos. Según los términos del acuerdo de 15 años, el gobierno le paga a Luma más de 100 millones de dólares al año. Además, Luma controla unos 10 mil millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), supuestamente para modernizar el equipo anticuado y deteriorado, que ha resultado de la descapitalización durante las décadas que fue administrada por el gobierno. Luma dice que esa cantidad no es suficiente y está pidiendo 200 millones de dólares más al año.
El gobierno le paga a Genera PR 22.5 millones de dólares al año.
Cuando Luma tomó control de la red, se negó a cumplir el contrato con UTIER, el sindicato de trabajadores eléctricos, y la mayoría de los linieros sindicalizados encontraron otros trabajos públicos o se jubilaron.
“La privatización ha sido un fracaso”, dijo José Rodríguez Vélez, secretario de organización del Movimiento Solidario Sindical, desde San Juan, al Militante. La federación sindical organiza a los trabajadores de Pepsi, Coca-Cola y otros centros. “A Luma y Genera PR no les importa si la gente tiene luz o no, lo único que les importa son sus ganancias”.
En lugar de poner el servicio público en manos de piratas capitalistas, “el gobierno debería garantizar la electricidad como un servicio esencial provisto a un precio razonable”, dijo.
Carlos Rodríguez, camionero y dirigente del Frente Amplio de Camioneros, dijo que cuando la red eléctrica fue entregada a Luma y Genera PR, el gobierno dijo que iba a rescatar el sistema que había estado desatendido durante mucho tiempo.
“Culparon a los trabajadores, al sindicato UTIER, a los linieros” por el desastre después de María, dijo. Pero “desde la privatización, la situación ha empeorado”.
Laboy dijo que los trabajadores de Humacao se han acostumbrado a los frecuentes apagones. “Hacemos lo que siempre hacemos, nos ayudamos unos a otros”, dijo, y señaló que Arecma, un grupo comunitario al que pertenece instaló una cocina para brindar comidas a bajo costo a quienes las necesitan.