Vol. 73/No. 12      30 de marzo de 2009

Según Naciones Unidas, desde 2003, unas 300 mil personas han muerto y aproximadamente 2.5 millones han sido desplazadas en el conflicto armado en la región de Darfur, en el occidente de Sudán. Ese año grupos insurgentes iniciaron una rebelión contra la opresión de minorías nacionales en el sur del país y demandaron la autonomía. Como represalia, milicias de habla árabe, que según los rebeldes están apoyadas por el gobierno, comenzaron una campaña de exterminación contra las minorías nacionales. Estas divisiones, creadas por la dominación colonial y fomentadas por el imperialismo, continúan cobrando un costo enorme a la población trabajadora de la región.

Actualmente Naciones Unidas tiene unas 15 mil tropas en Darfur, pero ha aprobado enviar una fuerza de hasta 26 mil tropas.

La orden de detención de la CPI, un tribunal establecido por Naciones Unidas, es la acción más reciente en la campaña de los poderes imperialistas para fortalecer su dominio en la región. Washington, que ha tenido al gobierno sudanés en su mira desde la década de 1980, apoya la acusación de al-Bashir.

La orden de detención acusa a al-Bashir de “ataques contra la población civil”, el saqueo como crimen de guerra, así como también de asesinato, exterminación, desalojos forzados, tortura, y violaciones, como crímenes contra la humanidad.

Esta es la primera vez que la CPI ha acusado a un jefe de estado desde que se estableció en 2002.

Divisiones entre los rivales imperialistas se ven reflejadas en la acusación de genocidio, que fue propuesta por la fiscalía pero rechazada por la corte en una decisión de dos a uno. Washington había presentado esta acusación ante la ONU previamente, ya que ésta abre más opciones para la intervención imperialista directa. Sin embargo, algunos poderes europeos rechazaron este curso, temiendo que la dominación norteamericana en la región limitaría sus propios intereses nacionales.

Los gobiernos de China, Rusia, y Libia se encuentran entre los países que quieren que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas use sus poderes para suspender la orden de la CPI. Tanto Beijing como Moscú abastecen al gobierno sudanés de materiales militares y tienen contratos lucrosos de petróleo con Sudan.

La hostilidad de Washington contra Sudan se remota a la época cuando al-Bashir tomó el poder con un golpe de estado en 1989 y se rehusó a doblegarse a las demandas del imperialismo norteamericano. Sudán apoyó a Bagdad durante la guerra del Golfo en 1991, buscó lazos con Libia, y votó a favor de condenar la represión israelí contra el pueblo palestino en Naciones Unidas.

En 1998, después de los atentados dinamiteros contra las embajadas norteamericanas en Nairobi, Kenya, y en Dar es Salaam, Tanzania, Washington ordenó ataques militares sorpresa contra Sudán y Afganistán. Aviones estadounidenses lanzaron 79 mísiles contra Jartum, la capital de Sudán. La Casa Blanca declaró que estos ataques eran en “auto defensa” contra “la red terrorista” de Bin Laden. El blanco de los ataques, el cual según Washington era una fábrica de producción de armas químicas, era una fábrica de producción de medicinas, como fue probado más tarde.

Como parte de su “guerra contra el terrorismo”, el gobierno de Estados Unidos ha incluido a Sudán en su lista de “estados fallidos” y le ha impuesto sanciones económicas. La secretaria de estado Hillary Clinton ha instado a la OTAN a que imponga una zona de no volar en Darfur. La embajadora de Washington ante Naciones Unidas, Susan Rice, ha promovido que Estados Unidos o la OTAN lancen ataques aéreos y bloqueen los puertos de Sudan para prevenir la lucrosa exportación de petróleo. Pero la administración de Obama aún no ha dejado claro que curso seguirá.
 
 
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