“El 4 de junio vamos a celebrar en Price, Utah, los logros de esta lucha y nuestra reciente victoria. Celebraremos el hecho de que las fuerzas que se unieron en esta lucha han ganado fuerza para luchar por la sindicalización y la seguridad de las minas, por la legalización de los inmigrantes, y otras luchas en el oeste y otros lados”, dijo Estrada.

Entre los 35 participantes habían cinco miembros del Local 10 del sindicato de estibadores ILWU, obreros de la costura, trabajadores de aerolíneas y de los ferrocarriles, empacadores de carne, un chofer de autobús escolar y otros sindicalistas. También asistió un activista en un centro para jornaleros en el distrito la Misión en San Francisco, y un representante de Voluntarios de la Comunidad, una organización pro derechos de inmigrantes de San Jose. La noche anterior, Estrada habló en un Militant Labor Forum en Los Angeles al que asistieron 30 personas.

“La cuestión de seguridad y de condiciones de trabajo fueron una preocupación central de los mineros de Co-Op y una de las razones principales por las que acudimos al sindicato minero UMWA”, dijo Estrada. Recordó a los cinco mineros que habían muerto el día anterior debido a una explosión en una mina no sindicalizada en Harlan County, Kentucky.

“Ya son 31 muertes en minas de carbón en Estados Unidos en lo que va del año. Las compañías están tratando de sacar el carbón lo más rápido que puedan, mientras persiste el auge mundial del carbón”, dijo Estrada. “Necesitamos sindicalizar las minas. Así podremos movilizar el poder sindical para protegernos, incluyendo poder salirnos de la mina cuando las condiciones sean muy peligrosas. Con nuestros comités de seguridad a la cabeza, se pueden trabajar las minas de una manera segura y ningún minero tiene que morir”.

Estrada describió la lucha realizada por 75 mineros en la mina Co-Op, propiedad de la compañía C.W. Mining Company.

“Los mineros, en su mayoría oriundos de México, ganaron todos los rondas de esta lucha, desde el día que salimos en huelga hasta el día en que se llegó al acuerdo que acabamos de finalizar”, dijo Estrada.

Después de 10 meses en huelga, la C.W. Mining aceptó un acuerdo negociado a través de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) en el cual los patrones restituyeron en sus puestos a los mineros en julio de 2004 y aceptaron que se realizaran elecciones sobre la representación sindical más tarde ese año.

En septiembre de 2004 la C.W. Mining y la Asociación Internacional del Sindicato de Trabajadores Unidos (IAUWU), aliada a la compañía, entablaron una demanda por difamación contra casi 100 acusados en la corte federal en Salt Lake City, incluyendo a 16 mineros de Co-Op, el UMWA, el Militante y dos de los principales diarios de Utah, el Salt Lake Tribune y el Deseret Morning News. La demanda también incluía otras acusaciones contra los mineros, el UMWA, y otros acusados incluyendo conspiración civil, intentar interrumpir la actividad económica e invasión de privacidad. Más tarde se le añadieron los cargos de “fraude migratorio” y “chantaje”.

Poco antes del voto de representación sindical la compañía despidió a 30 mineros, alegando que habían descubierto recientemente que los trabajadores no tenían los documentos apropiados para demostrar que podían trabajar legalmente en Estados Unidos. Muchos de los mineros despedidos habían trabajado en esa compañía por varios años.

Ese voto tuvo lugar el 16 de diciembre de 2004, e incluyó a los mineros despedidos. La NLRB recogió las boletas de votación de los mineros despedidos para decidir si incluirlas o no dependiendo de su decisión de si los trabajadores habían sido despedidos injustamente.

“Incapaces de derrotarnos en la línea de piquetes, a medida de que ganábamos fuerza, los patrones lograron cambiar el foco de nuestra lucha de la mina, hacia las cortes y la NLRB”, dijo Estrada. “Su habilidad de hacer logros en este terreno fue posible porque no se logró imponer una acción más amplia del movimiento obrero en contra de la compañía”.

“Hubo un periodo de varios meses poco antes y después de que regresamos a trabajar en el que se pudieron dar más pasos para sindicalizar las minas del oeste”, dijo Estrada.

Los trabajadores de las minas vecinas miraban el ejemplo de los mineros de Co-Op. Un grupo de choferes de camiones de carga establecieron contacto con el sindicato para sindicalizarse. Se dieron discusiones sobre realizar líneas de piquetes afuera de las plantas eléctricas que estaban utilizando carbón de Co-Op. También había nuevas posibilidades de involucrar a trabajadores de los ferrocarriles.

“Pero los mineros no podíamos librar esta lucha solos”, dijo Estrada. “Teníamos poca experiencia en este tipo de batalla. Cerníamos que encontrar trabajos para sobrevivir. Necesitábamos más ayuda de un movimiento obrero más amplio que el que habíamos logrado ganar a nuestra causa hasta entonces. Como resultado de esto no pudimos aprovecharnos de las posibilidades genuinas de avanzar en la organización sindical”.

Tomó un año para que la NLRB emitiera una decisión preliminar en los cargos que hizo el sindicato contra la compañía por prácticas laborales injustas, pero finalmente falló contra la compañía, dijo Estrada.

En otra decisión, el director de la NLRB en la Región 27, Allan Benson, determinó el 19 de abril de 2006 que seis de los mineros de la Co-Op deberían recibir compensación por haber sido despedidos. La agencia federal determinó que el resto de los mineros no eran elegibles a compensación o a ser restituidos en sus puestos en la mina porque no pudieron demostrar que tenían los documentos de empleo apropiados.

“La lucha de los mineros de Co-Op subraya porque la lucha por la legalización de millones de trabajadores indocumentados en este país es tan importante”, señaló Estrada.

La posibilidad de que trabajadores indocumentados puedan mantener sus empleos bajo estas condiciones pueden ser determinada en lucha, agregó Estrada. Citó el ejemplo de los trabajadores en la empacadora de carne Wolverines en Detroit, donde los patrones despidieron a 21 trabajadores por no ir a trabajar el 9 de abril para unirse a las manifestaciones por los derechos de inmigrantes. La gerencia alegó que restituiría a los trabajadores solamente si comprobaban que tenían números válidos de seguro social. Pero la fuerza de las movilizaciones en las calle, en la que participaron más de un millón de trabajadores por todo el país, hizo que Wolverine retrocediera y que los trabajadores pudieran regresar a sus trabajos.  
 
Fallo del juez: otro golpe contra Co-Op
El 1 de mayo el juez federal de distrito, Dee Benson, falló en los pedidos para desestimar la demanda federal en contra de los acusados que quedaban en el caso. Benson dijo que la compañía no había establecido un caso de difamación valido contra el Salt Lake Tribune y el Deseret Morning News y desestimó la demanda contra estos periódicos. Ordenó que la compañía y la IAUWU pagaran honorarios a estos periódicos. Los abogados de los dos diarios presentaron posteriormente una petición al juez por 120 mil dólares en honorarios.

En la misma decisión Benson también desestimó la demanda completa contra los 16 mineros declarando que los “trabajadores tienen derecho a sus opiniones. Tienen derecho a expresar esas opiniones, estén o no en una disputa laboral”.

“La decisión del juez le quitó el corazón a la demanda”, dijo Estrada a la audiencia. “Se quedaron con un caso muy débil por difamación contra el UMWA, El Militante, y la organización Trabajos con Justicia de Utah”.

Cuando se combina la decisión del juez con las conclusiones de la NLRB de que C.W. Mining había despedido a los mineros por actividad sindical, quedó claro que habíamos logrado que la compañía retrocediera en cada uno de sus intentos por derrotarnos, dijo Estrada.

“No nos sorprende que en ese momento los Kingston hayan decidido que les convenía llegar a un acuerdo para terminar la demanda. La compañía ha venido cargando con esta lucha durante uno de los auges de producción de carbón más grande en la historia de Estados Unidos. Quieren regresar a los niveles de producción que tenían antes de nuestra huelga”.

Como parte del acuerdo negociado por los abogados de los mineros y los que representaban a C.W. Mining y la IAUWU, también se puso fin a la demanda contra todos los acusados, incluso el UMWA y El Militante. El UMWA acordó abandonar todos sus cargos contra la compañía por prácticas laborales injustas, y la compañía acordó pagar salarios perdidos a seis trabajadores que el NLRB determinó eran elegibles para recibirlos.

“No tuvimos que sacrificar ni una sola cosa con este acuerdo. La realidad es que solo una partidaria del UMWA, Alyson Kennedy, era elegible para ejercer su derecho de regresar a trabajar”, dijo Estrada. “Pero Alyson y los otros mineros ya habían decidido mucho tiempo atrás que no querían ser parte de un local del UMWA que solo lo era en nombre.

“Sin embargo, es muy importante decir que nada en este acuerdo previene a partidarios del UMWA de organizarse de nuevo en esta mina”, dijo Estrada. “Si mañana la mayoría de los trabajadores en Co-Op, o en seis meses, o un año, firman tarjetas a favor de ser representados por el UMWA, toda la campaña de sindicalización puede comenzar de nuevo”.  
 
Celebración mira hacia el futuro
“La celebración el 4 de junio en Price registrará estos logros”, dijo Estrada. “Hemos aprendido bastante en el curso de esta batalla y estamos mejor preparados para el futuro”.

Estrada señaló que ya “está en camino la profunda lucha por la legalización de inmigrantes. Hay mucho en juego para el movimiento sindical en dar apoyo a este esfuerzo y debilitar la capacidad de los patrones de dividirnos. La lucha por expandir los sindicatos en este país está entrelazada con esta y otras luchas sociales en los próximos meses. Todo esto será parte de la celebración de los logros de la huelga en Co-Op”.

En el evento, se hizo una colecta para el Fondo de lucha de El Militante. Los participantes contribuyeron mil dólares para ayudar a cubrir los gastos legales de El Militante y los costos de viaje de Estrada.
 
 
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