Horario del 'Militante' durante días feriados. Este es un número de dos semanas. Reiniciaremos nuestra publicación semanal con el número del 15 de enero, que se publicará el 4 de enero.

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Familiares y partidarios de trabajadores arrestados en redada en planta de la Swift en Greeley, Colorado, enfrentan a agentes de inmigración frente a la fábrica el 12 de diciembre.

Noventa trabajadores fueron arrestados en la planta Swift de esta ciudad de 26 mil habitantes, la cual emplea alrededor de 1 800 trabajadores. Un total de 1 282 trabajadores fueron arrestados alrededor del país, en la redada más grande que ha realizado hasta ahora la policía de inmigración en una sola compañía.

El Departamento de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que 295 trabajadores habían sido arrestados en Cactus, Texas; 261 en Greeley; 230 en Worthington; 145 en Hyrum, Utah; y 261 en Grand Island, Nebraska. Entre ellos había trabajadores de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Laos, Sudan y Etiopía. Todas las plantas con la excepción de la de Hyrum están organizadas por el sindicato de la industria alimenticia UFCW.

Muchos trabajadores aquí se han pronunciado en contra de lo sucedido. Kenneth Paul, un cortador de carne nacido en Estados Unidos y miembro del Local 1149 del UFCW, dijo al Militante al salir de la planta, que “la forma en la que los agentes del ICE realizaron la redada me hizo recordar mis experiencias en los infantes de marines. Fue rápida. Ni siquiera nos dejaron hablar entre nosotros mismos”, dijo.

“En mi opinión, si la gente quiere trabajar, deberían darles sus documentos para trabajar”.

Los trabajadores detenidos fueron transportados en autobuses al Campo Dodge de la Guardia Nacional cerca de Des Moines. Más de 500 trabajadores arrestados en tres plantas del área fueron enviados ahí para ser “procesados”. Para el fin de semana, la mayoría ya habían sido deportados o enviados a centros de detención federales. La mayoría de los arrestados en Marshalltown fueron enviados por avión al Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia. Funcionarios del ICE se han rehusado a divulgar las otras localidades.

El abogado de varios de los detenidos, Michael Said, dijo que los policías presionaron a trabajadores a que aceptaran ser deportados, incluso algunos que tenían documentos legales. “Básicamente te dicen: ‘No tienes derechos. Tu abogado no sabe lo que está diciendo. Si vas ante un juez, vas a terminar pasando tres meses en la cárcel. Pero si firmas estarás de regreso en México en unas cuantas horas y no tendrás que ir la cárcel”, le dijo al Des Moines Register. La mayoría de los trabajadores no tenían acceso a un abogado.

Dos días después de los arrestos, 200 personas protestaron frente al edificio federal en Des Moines. Carl Ariston, funcionario del UFCW en la Región 6 dijo en la protesta que la policía de inmigración “recibió carta blanca para aterrorizar a 13 mil trabajadores, sus familias y comunidades”.

Más de 500 personas asistieron a una reunión el 15 de diciembre en la iglesia St. Mary en esta ciudad, convocada por funcionarios de la División de Asuntos Latinos de Iowa. Los trabajadores y sus familiares exigieron información sobre sus seres queridos. Los abogados informaron que no les permitieron ver a los trabajadores cuando estaban detenidos en Campo Dodge.

Dos días más tarde se realizó una “Reunión de Solidaridad de la Comunidad” en la que participaron 200 personas. En ella Todd Chase funcionario del UFCW instó a los trabajadores a que fueran a la sede del sindicato para discutir sus problemas, y dijo que el sindicato está trabajando para asegurar que todos los detenidos reciban sus cheques de pago.

Chuck Guerra un trabajador de producción en la planta Swift dijo en el periodo de discusión que las redadas “son un ataque contra el movimiento laboral. El sindicato tiene que involucrarse en esta lucha. Necesitamos exigir la legalización para todos los inmigrantes”. Sus comentarios fueron muy bien recibidos.

Varias semanas antes de la redada, Swift despidió a más de 400 trabajadores, alegando que habían sido informados por funcionarios del gobierno que sus números de Seguro Social no correspondían a los archivos federales.

Diana Newberry quien trabaja en la línea de lomos en Swift, dijo que uno de sus compañeros de trabajo fue sacado de la línea de producción y arrestado a fines de noviembre por supuesto “robo de identidad”.

En una entrevista por el Canal 13 el día de la redada Newberry dijo, “¡Necesitamos oponernos a esto y luchar por la legalización inmediata de todos los inmigrantes! Están arrestando a mis compañeros de trabajo, no a criminales”.

Concepción Mendoza, una madre soltera con cinco hijos, fue puesta en libertad después de tres días en el Campo Dodge. Ella se rehusó a firmar los documentos autorizando la deportación inmediata. “Los agentes le dijeron que no tenía derechos y que probablemente iría a la cárcel y tendría que pagar hasta 40 mil dólares en multas a menos que firmara una orden de deportación”, informó el Des Moines Register.

Pero Mendoza resistió. Eventualmente obtuvo acceso a un abogado y fue puesta en libertad en base a que ha sido residente por 14 años sin ningún record criminal y es madre de tres niños nacidos en Estados Unidos. Ahora está esperando a que se le cite a una audiencia.

Swift mata el 11 por ciento de los cerdos y el 16 por ciento de reses procesadas en Estados Unidos. La planta de Marshalltown normalmente procesa más de 1 200 cerdos por hora. Tres días después de las redada, con solo el 65 por ciento de los trabajadores del turno del día presentes, cayó la producción a un tercio.

Joe Torres, un trabajador en la matanza, dijo al Militante, “Quieren el mismo nivel de producción, pero ahora tienes a una persona trabajando donde antes había dos. A mi compañero se lo llevaron en la redada y ahora tengo que hacer su trabajo y el mío”.