Las protestas mayoritariamente de trabajadores y estudiantes que explotaron en abril contra el gobierno de Daniel Ortega siguen casi tres meses después sin señal de disminuir. Ortega ha respondido con ataques mortales contra bastiones de la oposición.
Las manifestaciones contra Ortega comenzaron después de que partidarios del gobernante partido capitalista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y la policía atacaran una manifestación de trabajadores jubilados que protestaban contra las medidas del gobierno para aumentar las contribuciones de los trabajadores al fondo de pensiones del seguro social e imponer recortes en los beneficios.
La represión brutal del gobierno de una protesta estudiantil el 19 de abril —que dejó una persona muerta y decenas de heridos— provocó más protestas. Los estudiantes ocuparon recintos universitarios, y trabajadores, pequeños agricultores y otros levantaron barricadas y tranques de carreteras en pueblos y ciudades por todo el país.
En un intento por calmar los disturbios, Ortega retiró los recortes al seguro social el 22 de abril, pero para entonces los manifestantes pedían su renuncia y la de su vicepresidenta Rosario Murillo, un fin a la represión gubernamental y el enjuiciamiento de los policías y paramilitares responsables de las muertes.
Casi 300 personas han muerto y más de 2 mil han resultado heridos desde que comenzaron las protestas, en su gran mayoría opositores del gobierno. Cientos han sido arrestados.
Pudimos tener una mejor idea de las protestas —y la brutal represión— al reunirnos y conversar con manifestantes durante nuestro viaje de reportaje a Nicaragua en mayo.
El 13 de julio un paro general vació las calles de Managua y una gran parte del país, con negocios cerrados y el transporte público afectado, respondiendo al llamado de una coalición de opositores del gobierno, que incluye a representantes de los estudiantes universitarios, trabajadores, las principales asociaciones capitalistas, grupos de pequeños agricultores y una variedad de agrupaciones políticas.
Dos días después, caravanas de manifestantes antigubernamentales se dirigieron a Masaya, un centro de la rebelión, mientras grupos paramilitares del gobierno armados con fusiles automáticos se preparaban para lanzar un ataque contra esa ciudad.
Gobierno llama masacre ‘limpieza’
Ortega se ha aferrado al poder utilizando pandillas de partidarios armados, policías vestidos de civiles y ex efectivos del ejército para despejar barricadas, recintos escolares y tranques viales.
El 10 de julio, las fuerzas de Ortega atacaron las ciudades de Jinotepe, Diriamba y Matagalpa, dejando 38 muertos —31 opositores del gobierno, cuatro policías y tres paramilitares— convirtiéndolo en el día más sangriento desde que comenzaran las protestas.
El gobierno defendió lo que llamó una “operación de limpieza” y dijo que había actuado para proteger a las familias nicaragüenses de la “violencia terrorista”. La vicepresidenta Murillo llamó cínicamente a estas operaciones “Caravanas de la Paz”.
“El gobierno quiere imponerse con balas”, dijo Francisca Ramírez a la prensa cuando estábamos allí. Ella es una de los dirigentes de pequeños agricultores y comerciantes que han protestado en contra de una ley de 2013 que permite la expropiación de tierras para un ilusorio plan de construir un canal transcontinental en Nicaragua.
Un “diálogo nacional” para negociar una solución a la crisis política se suspendió el 23 de mayo, cuando representantes del gobierno rechazaron demandas de elecciones presidenciales tempranas y se retiraron. Ortega y Murillo han desestimado el masivo descontento popular y los llamados a su renuncia. “Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas”, dijo Ortega el 7 de julio.
Estaba hablando en un evento celebrado en lugar de una marcha anual para conmemorar El Repliegue, una “retirada táctica” realizada por fuerzas populares dirigidas por el FSLN durante la insurrección en 1979 en Managua contra la dictadura respaldada por Washington de Anastasio Somoza. Después de 17 días de combates en las calles, las fuerzas del entonces revolucionario FSLN, se vieron obligadas a replegarse a la vecina ciudad de Masaya, donde una población en rebelión contra el dictador les dio la bienvenida.
Este año la marcha fue cancelada porque Masaya y muchos de los pueblos a lo largo de la ruta estaban bloqueados con protestas y barricadas. Después de despejar forzosamente las barricadas, Ortega viajó a Masaya el 13 de julio, el día de la huelga general, acompañado por partidarios armados.
En 1979, el FSLN dirigió una insurrección popular que derrocó a la odiada dictadura de Somoza y estableció un gobierno que movilizó a los trabajadores y pequeños agricultores en defensa de sus intereses económicos y políticos, amenazando los privilegios de los capitalistas nicaragüenses y los intereses de los imperialistas. Pero a finales de los años 80 el FSLN abandonó ese curso revolucionario y fue derrotado en las elecciones de 1990. El FSLN actualmente es indistinguible de otros partidos burgueses.
Menguante apoyo al gobierno
En 2006, después de 16 años como partido de oposición, y en medio de una crisis económica y política, Ortega fue electo presidente. Su gobierno ha continuado con las políticas de colaboración de clases del FSLN, forjando alianzas con sectores de la burguesía e inversionistas extranjeros. El desarrollo capitalista registrado en Nicaragua ha sido logrado con un precio alto para los trabajadores —el salario mínimo más bajo en la región; aproximadamente el 40 por ciento de la población vive en la pobreza; mayor concentración de la tierra en manos de terratenientes; violaciones de los derechos democráticos y políticos; y la corrupción generalizada.
Tras su elección, Ortega ganó el apoyo de muchos de los pobres del país, que se beneficiaron de los programas sociales implementados por su gobierno. Pero ese respaldo ha disminuido en los últimos años debido a recortes impuestos por el gobierno. El apoyo para el gobierno disminuyó aún más tras la brutal respuesta a las protestas recientes.
La oposición a Ortega proviene en gran medida de capas de la clase trabajadora y de clase media —incluyendo muchos que hasta abril se consideraban partidarios del FSLN— y de seguidores de partidos de la oposición, así como de trabajadores que participaron en la revolución sandinista en los años 80.
Las principales asociaciones capitalistas aliadas a Ortega y su gobierno mientras implementaba medidas contra la clase trabajadora ahora respaldan las protestas en su contra. Si bien están convencidos de que no es posible volver a la normalidad mientras Ortega permanezca en el poder, estas fuerzas están divididos en cuanto a que tan rápido Ortega debe ser depuesto. La mayoría demandan que se convoquen elecciones para marzo de 2019, una propuesta respaldada por Washington, así como por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Hasta ahora, Ortega se ha rehusado.
Preocupados por los intereses de inversionistas extranjeros en Nicaragua y la estabilidad general de la región, Washington favorece la “salida ordenada” de Ortega del gobierno. La profundización de la crisis económica y social que las políticas del gobierno han creado para los trabajadores, los agricultores y los jóvenes, y su supresión violenta de los protestas, crean condiciones de las cuales los gobernantes imperialistas en Washington pueden aprovecharse.