Las condiciones que provocaron las protestas generalizadas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega este año se han estado gestando desde que fue reelecto en 2006.
Fue una explosión de agravios acumulados por trabajadores —en el campo y la ciudad— y capas de clase media marginadas políticamente. La crisis capitalista mundial ha agudizado las tensiones entre el partido gobernante de Ortega —el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— y la clase capitalista nicaragüense.
La ola de protestas comenzó el 19 de abril, tras el ataque de la policía y matones organizados por el gobierno contra jubilados que protestaban contra las “reformas” antiobreras del seguro social.
La represión de las protestas por parte del gobierno —un saldo de más de 300 muertos, 2 mil heridos y cientos de detenidos— destruyó la falsa imagen que Ortega promueve, que su gobierno es una continuación de la revolución popular encabezada por el FSLN en los años ochenta.
El FSLN, anteriormente un partido revolucionario con un programa de la clase trabajadora, desde fines de la década de los ochenta le ha dado la espalda a la defensa de los intereses de los trabajadores y se ha subordinado abiertamente a las familias capitalistas gobernantes del país.
La Revolución Sandinista de 1979
En 1979, el FSLN dirigió una insurrección que derrocó la dictadura respaldada por Washington de Anastasio Somoza e inspiró a trabajadores alrededor del mundo.
Los trabajadores y campesinos en Nicaragua y en la isla caribeña de Granada en 1979 “hicieron más que derribar a tiranos corruptos y brutales que habían vendido a Washington el patrimonio de estas naciones”, dice la introducción a “El ascenso y el ocaso de la revolución nicaragüense”, en el número 3 de la revista marxista Nueva Internacional. “Desplazaron del poder político a toda la clase de grandes terratenientes y empresarios explotadores, reemplazándolos con gobiernos populares revolucionarios”.
En ese entonces, la dirección del FSLN seguían un curso para organizar y movilizar a los trabajadores y campesinos para enfrentar las relaciones económicas capitalistas que privan a los trabajadores de la riqueza social que nuestra clase produce. El gobierno revolucionario fomentó la formación de sindicatos y organizaciones campesinas. Las mujeres en lucha por la igualdad obtuvieron el apoyo del gobierno. Los pueblos indígenas y afro-nicaragüenses en la Costa Atlántica abrieron una lucha contra la discriminación racial y el subdesarrollo, y para tomar control de los recursos en la región, saqueados durante mucho tiempo por capitalistas norteamericanos y de otros países.
El programa histórico de 1969 del FSLN también está disponible en Nueva Internacional número 3. El documento guió el trabajo político dirigido por Carlos Fonseca y jóvenes nicaragüenses de su generación que, inspirados a emular a la Revolución Cubana, fundaron el FSLN a principios de la década de 1960.
El programa planteaba “la redistribución masiva de la tierra, liquidando la usurpación latifundista en beneficio de los trabajadores (pequeños productores) que laboran la tierra”, y la creación de “una Nicaragua sin explotación, sin opresión, sin atraso; una patria libre, progresista e independiente”.
La confianza y las movilizaciones antiimperialistas de los trabajadores en Nicaragua durante los primeros años de la revolución provocaron la ira de los gobernantes estadounidenses, quienes organizaron una guerra mercenaria sangrienta para destruir la revolución. Los trabajadores nicaragüenses en la ciudad y el campo combatieron y derrotaron a la contrarrevolución.
Sin embargo, poco a poco los dirigentes del FSLN dieron la espalda a su programa. En lugar de movilizar a los trabajadores y campesinos para tomar el control de la producción y la tierra, procuraron alianzas “más pragmáticas” con los capitalistas de Nicaragua, a quienes llamaron “productores patrióticos”. A fines de la década de 1980, la revolución se había perdido. El gobierno encabezado por Ortega que fue derrotado en las elecciones de febrero de 1990 había dejado de ser un gobierno de trabajadores y agricultores.
Ortega y toda la máxima dirección del FSLN ahora defendían la posición de que para que Nicaragua saliera adelante se debía depender de las relaciones del mercado capitalista y de su integración en el sistema capitalista mundial. Rechazaron el ejemplo dado por la Revolución Cubana y su liderazgo de construir un partido comunista arraigado en la clase trabajadora, de derrocar al dominio capitalista e impulsar un curso socialista.
Un rumbo ‘regreso al poder’
Después de estar fuera del poder por 16 años, Ortega utilizó las protestas sociales y huelgas, y alianzas con sectores de la clase capitalista, para forzar concesiones de los gobiernos del Partido Liberal Constitucional (PLC).
En 1999, el PLC acordó un pacto con el FSLN en el que se dividieron los puestos del Consejo Supremo Electoral, organismo que supervisa las elecciones. La ley fue cambiada para permitir que un candidato presidencial pudiera ganar con solo el 35 por ciento de los votos. Ortega ganó las elecciones de 2006 con un 38 por ciento.
Una de las demandas planteada por los participantes en protestas recientes es cambiar la composición del tribunal supremo y el consejo electoral controlados por el FSLN como parte de cualquier acuerdo para celebrar elecciones presidenciales anticipadas. De lo contrario, dicen, Ortega robará las elecciones.
Para el 2006, Ortega había convencido a muchos inversionistas capitalistas e imperialistas de que era un “nuevo Daniel” y que el curso anticapitalista del FSLN era una cosa del pasado. Su elección ese año “marcó un nuevo rumbo”, dijo Ortega a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio en abril de 2017. “Aquí tenemos un solo gobierno: trabajadores, empresarios y el estado”, dijo, un gobierno que supuestamente sirve tanto los intereses de los explotadores como de los explotados.
Desde 2009, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal organización de empresarios capitalistas de Nicaragua solo se ha opuesto a cuatro de las 105 leyes económicas aprobadas por la Asamblea Nacional.
Las políticas del gobierno de Ortega han sido elogiadas por el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras imperialistas. Los bajos salarios, la contención de la resistencia obrera a través de los sindicatos controlados por el FSLN, y la relativa estabilidad, han convertido a Nicaragua en un destino preferido para la inversión capitalista en Centroamérica.
Más de 120 mil trabajadores y sus familias dependen de empleos en las fábricas de productos para exportación, las maquilas.
Los inversionistas capitalistas han elogiado a la economía de Nicaragua como “modelo de éxito”, con un promedio de crecimiento del 4 por ciento en la última década. Pero esta “prosperidad” no ha incluido a la gran mayoría de los trabajadores.
Durante nuestra visita a Nicaragua en mayo, le preguntamos a un trabajador qué pensaba sobre lo que decía el gobierno de que las protestas iban a espantar a los empleadores extranjeros y causarían más desempleo. “Lo dudo. No pueden encontrar mano de obra más barata”, dijo. Nicaragua tiene el salario mínimo más bajo en Centroamérica, alrededor de 180 dólares por mes.
El salario mínimo para los trabajadores rurales es 125 dólares por mes. “Cuando tienes una canasta de alimentos básicos que cuesta 440 dólares, solo puedes cubrir una cuarta parte”, admitió Yolanda Arias, una dirigente de la Asociación de Trabajadores del Campo dirigida por el FSLN.
Ortega ha mitigado el impacto del saqueo capitalista e imperialista con programas sociales financiados mediante la cooperación petrolera de Venezuela a Nicaragua, incluyendo la distribución de bolsas de alimentos a familias pobres, préstamos a pequeños agricultores y trabajadores organizados en cooperativas, subsidios a la electricidad y al transporte público. El gobierno también aumentó los fondos para la educación y la salud.
Esto le ha ayudado a Ortega a mantener apoyo entre sectores del campesinado y los pobres de zonas urbanas. Pero esta base está disminuyendo ante los golpes de la crisis económica mundial capitalista y la represión de las protestas.
La acumulación de indignaciones, las innumerables humillaciones, arbitrariedades, nepotismo, abusos de autoridad por parte de funcionarios del gobierno y del FSLN han contribuido al descontento que estalló en abril y continúa en respuesta a los ataques del gobierno.