Los expertos capitalistas solían llamar a Chile el “tigre latinoamericano”, por la adopción de una economía de libre mercado por sus gobernantes, la “responsabilidad fiscal” y la penetración imperialista. Eduardo Frei, presidente durante gran parte de la década de 1990, privatizó hasta la distribución del agua potable.
Pero el mito del “milagro” chileno fue destruido por las protestas masivas que comenzaron el 15 de octubre. La economía sufrió una contracción del 3.4 por ciento en octubre, informó Reuters el 2 de diciembre, la caída mas grande desde la crisis financiera mundial de 2008.
Los estudiantes de secundaria fueron los primeros en salir a las calles contra el aumento de 30 pesos al precio del metro. Las protestas crecieron cuando trabajadores, campesinos y estudiantes dirigieron sus demandas al gobierno, como sucedió en Colombia y Ecuador.
El presidente chileno Sebastián Piñera —quien días antes se había jactado que el país de 18 millones de personas era un “oasis” en una región llena de tensiones sociales— desplegó a los carabineros, la odiada policía nacional. La represión fracasó, a pesar de los 22 muertos y 2 200 heridos, incluyendo 230 personas que perdieron parte o toda su vista por disparos de balas de “hule” y proyectiles de gas lacrimógeno a sus caras. Las concesiones de Piñera no han detenido las protestas.
Chile tiene el producto bruto interno más alto de América Latina y es el país latinoamericano con la más alta desigualdad de clases. El salario mínimo oficial es de alrededor de 400 dólares al mes. Un 50 por ciento de los pensionistas reciben menos de 300 dólares al mes. Por ley, un 10 por ciento del salario de los trabajadores es depositado en una cuenta de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), la cual utiliza estos fondos para comprar acciones y bonos.
En 2008 el gobierno creó la llamada Pensión Básica Solidaria para los que nunca tuvieron un salario formal o pagaron contribuciones de jubilación. Estas personas reciben una pensión de 135 dólares al mes.
Por otro lado, los 140 capitalistas más ricos —el 0.1 por ciento más alto— incluyendo al multimillonario presidente Piñera, controlan casi el 20 por ciento de la riqueza del país.
Marcado por dominio imperialista
El saqueó imperialista de los recursos naturales y la mano de obra barata de Chile aumenta la brecha. Según el Wall Street Journal las dos cadenas de supermercados más grandes controlan dos tercios de las ventas minoristas. La más grande es Walmart, con más de 370 tiendas por todo el país.
A diferencia de los Estados Unidos donde ninguna tienda de Walmart está sindicalizada, en Chile, 17 mil empleados de la cadena, de los cuales un 60 por ciento son mujeres, están afiliados al sindicato SIL, el más grande del país.
El gobierno ha dado mucha publicidad al saqueo de 70 tiendas de Walmart, incluyendo 18 incendios provocados, y la quema de varias estaciones del metro. Muchos de estos ataques fueron realizados por anarquistas cuyas acciones reaccionarias atentan contra el pueblo trabajador y dan pretextos al gobierno para aumentar le represión.
El presidente del SIL Juan Moreno, quien criticó los ataques incendiarios, dijo a la prensa que muchos trabajadores de Walmart se unen a las protestas después del trabajo. Ganan una miseria, dijo, y “sin contar a la gente de jornadas parciales, que gana menos, y con eso tiene que pagar arriendo, medicamentos carísimos, útiles escolares para sus hijos, comida. Se sienten castigados por el sistema que no hace nada por ellos”.
La empresa minera de cobre más grande del mundo es la empresa estatal chilena Codelco. A excepción del resto de la economía tambaleante, tuvo un crecimiento de 2 por ciento en octubre. La mina de cobre Escondida, la más grande del mundo, se encuentra en Chile pero sus dueños son la empresa australiana BHP y la Rio Tinto cuyos dueños son del Reino Unido y Australia.
“Los mineros ganan mucho mejor que otros trabajadores”, dijo Mario Antonio Guzmán al Militante el 3 de diciembre. Guzmán es un periodista en el departamento de comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) que organiza a los trabajadores de Codelco. Aún así “los mineros se mueren en un promedio de 5 a 10 años después de jubilarse”, dijo, “por el desgaste físico de trabajar en las minas”.
La FTC apoya las protestas y está luchando contra los intentos de Codelco de despedir a algunos de los sindicalistas que participaron en la huelga nacional del 23 de octubre.
Demandas de largo alcance
El 28 de noviembre el gobierno aceptó reunirse con la Mesa de Unidad Social, que incluye a la federación sindical CUT, grupos estudiantiles y otras organizaciones que ayudaron a organizar las protestas. Las demandas incluyen un aumento al salario mínimo por un 50 por ciento, reemplazar el sistema de pensiones privado, mejoras al acceso al cuidado de la salud, y que convoque una asamblea constituyente para reemplazar la constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Hasta ahora el gobierno no ha respondido.
La legislatura chilena incluye representantes de unos 18 partidos, desde el gobernante Renovación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano a los partidos Socialista y Comunista. Para muchos manifestantes todos estos están desacreditados.
Gladys Zúñiga, una pequeña comerciante, dijo a Univisión que ha escuchado todos los discursos y todas la promesas que hacen los políticos. “Nunca el resultado fue lo que esperaba”, declaró.