Los gobernantes imperialistas en Washington continúan intensificando sus medidas para ahogar el comercio de petróleo de Venezuela, parte de su incesante campaña para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y asestar golpes a la Revolución Cubana.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está sancionando a cualquier empresa de transporte internacional o buque petrolero que transporte exportaciones de crudo venezolano o intente entregar cargas de gasolina imprescindibles para el consumo interno.
Fiscales federales norteamericanos presentaron una demanda el 1 de julio que podría permitir el decomiso de cuatro buques petroleros rumbo hacia Venezuela con gasolina iraní. Washington pretende impedir cualquier comercio de petróleo con el gobierno en Caracas y privar a Teherán de ingresos.
El gobierno de Maduro ha recurrido cada vez más al gobierno iraní para conseguir combustible y otros suministros para eludir las sanciones de Washington. En junio, cinco buques iraníes entregaron cargamentos de combustible que se espera alivien temporalmente la escasez que ha causado largas colas en las gasolineras.
Desde 2017, los gobernantes norteamericanos han aumentado las paralizantes sanciones económicas contra Caracas, incluido un embargo de petróleo. También han impuesto sanciones que prohíbe hacer negocios con empresas estatales venezolanas. Estas medidas han agravado la escasez de alimentos, medicinas, gasolina y equipos. La escasez de gasolina empeoró después que la empresa petrolera rusa Rosneft suspendiera sus operaciones en Venezuela en marzo.
Los gobernantes imperialistas en el Reino Unido, Europa y Canadá, así como algunos de los aliados de Washington en América Latina, se han unido a Washington para declarar como ilegítimo al gobierno de Maduro. Afirman que el dirigente de la oposición pro imperialista, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente en enero de 2019, es el verdadero jefe de estado.
El gobierno norteamericano busca aprovechar la crisis económica y social que enfrenta el pueblo trabajador en Venezuela, el impacto de las sanciones, el brote de COVID-19, la crisis capitalista mundial y el colapso de la industria petrolera.
Un objetivo importante del embargo de petróleo de Washington contra Venezuela es bloquear los envíos de petróleo a Cuba. Washington está intensificando su guerra económica que ya lleva más de 60 años contra el pueblo cubano y su revolución.
El gobierno cubano ha mantenido su solidaridad con el pueblo venezolano y la defensa de su soberanía. Recientemente, un contingente de médicos y enfermeros llegó al estado de Zulia para ayudar a combatir un brote de COVID-19 en la ciudad de Maracaibo. El personal médico cubano también está desplegado en pueblos a lo largo de la frontera, brindando tratamiento a venezolanos que regresan de Colombia y Brasil, dos países donde la enfermedad está afectando gravemente al pueblo trabajador.
La presión de Washington se vio reforzada cuando un tribunal británico el 2 de julio le negó acceso al gobierno de Maduro a mil millones de dólares en oro que el país tenía depositado en el Banco de Inglaterra.
El fallo confirma la decisión del banco, que se ha negado a transferir 31 toneladas de oro venezolano al gobierno de Maduro. Caracas presentó una demanda después de que los directores del banco rechazaron una solicitud para transferir los fondos a un Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para comprar suministros y equipos médicos para ayudar a combatir la epidemia de coronavirus.
Industria petrolera en ruinas
Junto con los efectos punitivos de las sanciones de Washington, la compañía petrolera estatal PDVSA está abrumada por las deudas y la corrupción. La industria petrolera venezolana ha estado en ruinas, con los niveles de producción más bajos en décadas. En los últimos dos años, el gobierno venezolano ha abierto cada vez más los campos petroleros nacionalizados a la explotación extranjera, incluso por corporaciones rusas y chinas. El gobierno de Maduro ha presentado propuestas para reducir los impuestos y regalías petroleras en un esfuerzo por atraer la inversión extranjera.
“Incluso la posibilidad de abrirse completamente al capital privado” por el gobierno de Maduro, dijo al servicio de inversiones Standard & Poor’s Global Dolores Dobarro, profesora de derecho petrolero venezolano, “es más agresiva que las propuestas de la oposición política”.
El 1 de julio entró en vigencia un nuevo régimen de distribución y precios que pone fin a una política de décadas de subsidiar el combustible para la población del país. Fue presentado por el gobierno de Maduro como un primer paso hacia la estabilización de los suministros de gasolina. El objetivo es lograr que los precios estén más en línea con los internacionales, dijo Maduro. Los venezolanos ahora tendrán que comprar una cuota fija de gasolina por mes, a un precio subsidiado en un 75 por ciento, o una cantidad ilimitada a un precio de 50 centavos por litro, pagable en dólares norteamericanos.
Las gasolineras “dolarizadas” administradas por compañías privadas también podrán importar combustible directamente, terminando efectivamente el monopolio estatal del suministro de gasolina que ha existido por 50 años.
“No cabe duda de que el nuevo esquema amplía la brecha entre los que tienen acceso a dólares y los que no”, dijo a Venezuelanalysis Luis Salas, ex vicepresidente del gobierno de Maduro, quien se opone a la medida. Esto significa mayores dificultades para los trabajadores y agricultores.
“Internacionalizar” los precios en un país donde el salario mínimo es aproximadamente de 5 dólares por mes y la mayoría de los empleados públicos ganan unos 10 dólares, “no es el camino a seguir”, argumentó Salas. La distribución de gas para cocinar, previamente manejada por PDVSA, ya está en manos privadas en algunas partes del país, y lo mismo está sucediendo con la electricidad, dijo Salas.