En una grave expansión de las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo revolucionario de Cuba, el Departamento de Estado anunció el 23 de septiembre una lista de 433 hoteles y viviendas que ahora los turistas estadounidenses tienen prohibido usar. Washington justificó la prohibición diciendo que estas son “propiedad o están controladas” por el gobierno cubano o miembros de la dirección del Partido Comunista de Cuba o sus familiares.
Casi todos los hoteles en Cuba son estatales, algunos son operaciones con empresas extranjeras. En 2017, la administración de Donald Trump restringió el uso de 80 hoteles cubanos por viajeros estadounidenses. El gobierno cubano comenzó recientemente a abrir aeropuertos y hoteles que han estado cerrados desde marzo debido a la pandemia de COVID-19.
El secretario de Estado, Michael Pompeo, dijo en un comunicado: “Los viajeros autorizados deberían en cambio alojarse en hoteles privados o casas particulares, propiedad de empresarios legítimamente independientes y operados por ellos”.
El Departamento del Tesoro también anunció que restringirá la “participación y organización de ciertas presentaciones públicas, clínicas, talleres, concursos y exhibiciones en Cuba”, a menos que el participante obtenga una licencia especial del gobierno norteamericano.
Además, las nuevas medidas restringen la importación de productos de tabaco y alcohol cubanos a Estados Unidos.
La meta de los ataques de los gobernantes estadounidenses es hacer pagar a los trabajadores y agricultores cubanos por su abrumador apoyo a su revolución.
La expansión de las restricciones fue anunciada por el presidente Trump, quien apareció junto con el vicepresidente Mike Pence en un evento en la Casa Blanca para entregar premios a 23 mercenarios cubanoamericanos.
Habían sido miembros de la Brigada 2506, parte de las fuerzas contrarrevolucionarias organizadas por Washington que invadieron Cuba por Playa Girón (Bahía de Cochinos) en abril de 1961, en un intento de derrocar al gobierno revolucionario de Cuba. La invasión fue organizada por la administración demócrata del presidente John Kennedy y la CIA, y fue derrotada en menos de tres días por la movilización del pueblo cubano.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió al recrudecimiento de las sanciones de los gobernantes estadounidenses diciendo que “violan los derechos de los cubanos y de los norteamericanos. Su cruel y criminal política será derrotada por nuestro pueblo que no renunciará nunca a su soberanía”.
La guerra económica de Washington contra los trabajadores y agricultores de Cuba ha sido llevada a cabo por las 12 administraciones demócratas y republicanas desde el triunfo de la revolución. Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio derrocaron el 1 de enero de 1959 a la dictadura de Fulgencio Batista la cual era respaldada por Washington. El presidente Dwight Eisenhower impuso un embargo comercial en 1960, fue ampliado por Kennedy en 1962 y se ha aplicado desde entonces.
El día antes del anuncio del Departamento de Estado, Díaz-Canel habló en la 75 sesión de la Asamblea General de la ONU. “La agresividad del bloqueo ha escalado a un nivel cualitativamente nuevo, que refuerza su condición de impedimento real y determinante para el manejo de la economía y el desarrollo de nuestro país” dijo Díaz-Canel.
“Exigimos el fin incondicional de la guerra económica de Washington contra Cuba, el fin de todas las restricciones de viaje, y exigimos el retiro de Estados Unidos de Guantánamo”, dijo la candidata presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores, Alyson Kennedy, al Militante.
“Lo que más temen las familias capitalistas que gobiernan Estados Unidos es el ejemplo que la Revolución Cubana ofrece a los trabajadores y agricultores de todas partes, especialmente en Estados Unidos”, dijo Kennedy. “Los trabajadores y agricultores de Cuba nos han mostrado que con la solidaridad y el liderazgo de clase, como el que existe en Cuba, es posible hacer frente a un enorme poder y a situaciones aparentemente imposibles y ganar.