El extenso ataque contra las libertades constitucionales por la Casa Blanca de Joseph Biden, otros demócratas y el FBI, es la cuestión principal para el pueblo trabajador en la lucha de clases hoy. Su objetivo es aplastar a Donald Trump y expulsarlo de la política y, aún más importante, enviar un mensaje a las decenas de millones de trabajadores que votaron por él, a quienes Biden insiste que son todos “semifascistas”.
La campaña del FBI para atrapar a Trump comenzó antes de que fuera elegido en 2016 y se ha intensificado y expandido desde entonces. Sus métodos incluyen espionaje, redadas y operaciones de disrupción, además de proporcionar “evidencia” inventada a los fiscales y comités del Congreso dirigidos por demócratas. Los demócratas y la prensa liberal elogian al FBI —la principal policía política de los gobernantes capitalistas estadounidenses— con la intención de rehabilitar la agencia de espionaje.
Junto con sus fiscales, tribunales y prisiones, el FBI es fundamental para el control del poder del estado por los gobernantes capitalistas. Esta campaña de los demócratas es una amenaza mortal para la clase trabajadora. Es el resultado de la profunda crisis del sistema bipartidista de los capitalistas.
La libertad de expresión, de prensa y de asamblea; la protección contra registros e incautaciones irrazonables; el derecho a un juicio rápido por sus pares; la prohibición de castigos crueles e inusuales; y muchas más libertades codificadas en la Constitución son cruciales para los trabajadores. Son esenciales para utilizar nuestros sindicatos para luchar por mejores salarios y condiciones, para denunciar la opresión y la injusticia sin importar a quién se dirige, y para oponernos a las guerras imperialistas de los gobernantes estadounidenses.
Cada una de estas libertades ha sido pisoteada durante los más de seis años que los demócratas han buscado destruir a Trump y su familia.
Con el pretexto de proteger la “seguridad nacional” —que repiten cada vez que los gobernantes pretenden violar la Constitución— el Departamento de Justicia exigió, en una petición hecha el 30 de septiembre, la revocación de una decisión sobre el manejo de los materiales incautados por el FBI en la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Pretenden utilizarlos contra Trump antes de las elecciones de noviembre.
A medida que el FBI se convierte en un arma cada vez más importante para el esfuerzo de los demócratas de mantenerse en el poder, han venido soltando sus métodos de policía política contra otros.
Mark Houck, copresidente de The King’s Men, una pastoral católica y que participa con regularidad en las protestas frente a una clínica de Planned Parenthood en Filadelfia, fue arrestado en una redada el 23 de septiembre por unos 20 agentes del FBI en su casa en Kintnersville en presencia de sus hijos.
Ha sido acusado de violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas por su participación en un altercado con un acompañante de pacientes en la clínica en octubre de 2021. Aunque el fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, un liberal, decidió no procesar a Houck, el Departamento de Justicia de Biden decidió ir tras él de todos modos.
Houck contactó a los fiscales y ofreció entregarse voluntariamente cuando se lo pidieran. Pero el Departamento de Justicia ignoró su oferta para poder allanar su casa, calificándolo como un criminal peligroso.
Su esposa, Ryan-Marie, dice que los agentes tenían “armas en la mano” antes de esposarlo. “Todos los niños estaban gritando”.
La policía política opera en secreto
Las familias gobernantes capitalistas necesitan una policía política que opere encubiertamente, mienta con impunidad y sea libre de perseguir a quien esté en la mira de los gobernantes.
Así fue como el FBI realizó su espionaje de la campaña de Trump de 2016. El ex espía del FBI Igor Danchenko será enjuiciado el 11 de octubre, acusado por un fiscal federal especial designado cuando Trump aún era presidente por mentirle a la agencia sobre su participación en la falsificación del notorio y sensacionalista expediente Steele en 2016. Estaba lleno de acusaciones falsas de que Trump era un peón de Moscú. En noviembre de 2016 el FBI rompió su conexión con el autor del expediente, el ex espía británico Christopher Steele. Pero siguió usando el “expediente”.
En marzo de 2017 los jefes del FBI comenzaron a pagarle a Danchenko como informante — que sabían era la principal “fuente” de las falsificaciones de Steele— para que fuera parte de la investigación de juicio político del exjefe del FBI, Robert Mueller, cuyo fin era derrocar a Trump. Danchenko ahora está acusado de ocultar de que su “evidencia” de que Trump conspiró con Moscú en realidad provino de un operador del Partido Demócrata vinculado a Hillary Clinton.
El FBI mantuvo a Danchenko en su nómina hasta octubre de 2020 cuando el Departamento de Justicia de Trump anunció una investigación sobre el espionaje del FBI contra el expresidente.
Un libro nuevo Unchecked: The Untold Story Behind the Congress’s Botched Impeachments of Donald Trump, (Sin controles: La historia no contada detrás de los fallidos juicios políticos contra Donald Trump por el Congreso) escrito por Rachael Bade y Karoun Demirjian, relata algunos de los métodos incriminatorios utilizados contra Trump. Los autores documentan que el presidente del Comité Judicial Demócrata de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, había llegado a la conclusión de que el primer intento de juicio político parecía ser “inconstitucional”. “No tenemos el debido proceso”, admitió Nadler, y al presidente no se le dio “amplia oportunidad para defenderse”.
Para sortear las dudas de Nadler, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, retiró al Comité Judicial de Nadler de desempeñar un papel en el juicio político y lo remplazó con el Comité de Inteligencia encabezado por Adam Schiff, quien no tuvo ninguno de los reparos de Nadler.
La presunción de inocencia, el derecho a llamar a testigos, y a confrontar al acusador son conquistas ganadas durante décadas. Los trabajadores deben defenderlas, independientemente de quién sea el acusado. Los demócratas están utilizando métodos incriminatorios comúnmente utilizados para demoler a los trabajadores en el sistema de “justicia” capitalista contra un político capitalista rival, con la ayuda y la complicidad del espionaje e intervención del FBI.
Esto aumentará a medida que se acerquen las elecciones. La clase gobernante capitalista teme lo que se está acumulando entre los millones de trabajadores y agricultores que cargan con la peor parte de la crisis capitalista. Los gobernantes saben que van a necesitar cada vez más a su policía política.