La defensa de las protecciones constitucionales sigue al centro de la lucha de clases, mientras los demócratas y sus aliados en la prensa liberal continuan su incesante campaña para destruir a Donald Trump y su familia. Están empeñados en impedir que se postule para presidente en 2024, valiéndose de cualquier medio posible, y al hacerlo atentan contra la libertad de expresión.
Un ejemplo descarado de esto fue el fallo emitido el 26 de septiembre por el juez del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, Arthur Engoron, que declara culpable al expresidente y sus dos hijos de fraude, negándoles el derecho a un juicio y echando a un lado su derecho a presentar pruebas en su defensa.
Engoron aceptó la petición por una sentencia sumaria hecha por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, en su demanda civil contra Trump que conlleva una multa de 250 millones de dólares. El juez dictaminó que el expresidente, sus hijos Eric y Donald Jr. y dos de sus empleados eran culpables de siete cargos de falsas valoraciones de sus propiedades para obtener préstamos con condiciones más favorables.
Engoron canceló las licencias que Trump necesita para manejar propiedades inmobiliarias en Nueva York e inició pasos para que las autoridades estatales embargaran sus propiedades y negocios allí, incluida la Torre Trump. Las acciones del juez son una burla a la garantía constitucional del derecho a un juicio.
El juez dictó la sentencia a pesar de que ninguna de las instituciones financieras o personas con quien Trump hizo negocios dijeran que hubo algo engañoso en las transacciones. Ninguno dijo que fueron víctimas de un “delito”. Todos se beneficiaron de las transacciones.
Aunque Trump tiene derecho a apelar la decisión de Engoron, el juez y James están procediendo en base a la decisión. Lo que está por decidirse ahora es la magnitud de las sanciones.
Engoron emitió el fallo pese a que en junio un panel de apelaciones concluyó que el plazo de prescripción parece haber expirado para varios de los cargos. El tribunal ordenó a Engoron que le diera seguimiento a sus conclusiones.
Pero se negó a hacerlo y rechazó la petición de Trump de aplazar el juicio hasta que se decidieran los cargos que realmente enfrenta.
Una pieza central del fallo de Engoron se basa en una tasación fiscal hecha por el condado de Palm Beach que valoró la propiedad de Trump en Mar-a-Lago en 18 millones de dólares, muy por debajo del valor estimado por Trump de entre 400 y 600 millones de dólares. Pero Lee Allen Schulz, agente inmobiliario de Palm Beach, y otros agentes de esa localidad cuestionaron las cifras del juez.
“Hablé con mis tasadores de bienes inmuebles”, dijo Schulz a la prensa, y “pensaron que la cifra de 18 millones de dólares era ridícula”. La propiedad, valorada por la revista Forbes en 160 millones de dólares en 2018, tiene 128 habitaciones, un salón de baile de 20 mil pies cuadrados, pistas de tenis, una piscina y playa a los dos lados de la isla.
El juez se sintió tan avergonzado por la publicidad ridiculizando su decisión que empezó el juicio del 2 de octubre diciendo: “Por favor, prensa, dejen de decir que lo valoré en 18 millones de dólares”.
Así que Trump fue declarado culpable de un “delito” en el que no hay víctimas y en el que un tribunal superior dijo que el plazo de prescripción probablemente ha vencido. Y todo sin derecho a un juicio.
Millones de trabajadores saben por propia experiencia que el derecho a un juicio con jurado y la presunción de inocencia están constantemente amenazados. Fiscales agresivos y jueces complacientes presionan a los trabajadores para que se declaren culpables, amenazándoles con sentencias más severas si el caso llega a juicio. Más del 90% de los procesos penales terminan con una declaración de culpabilidad negociada. Trump se negó a declararse culpable, pero de todos modos se le denegó el derecho a un juicio.
Por si fuera poco, Engoron sancionó a algunos de los abogados de Trump con una multa de 7,500 dólares a cada uno acusándolos de seguir utilizando argumentos que ya había rechazado.
Demócratas destrozan derechos
En su intento de manipular las elecciones de 2024 a favor de Biden, fiscales del Partido Demócrata están presentando cuatro cargos penales contra Trump. Entre ellos el de chantaje presentado por el fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, Fani Willis, contra el expresidente y otras 18 personas. Las leyes RICO han sido usadas durante décadas en casos amañados contra sindicalistas.
Willis afirma que en este tipo de casos de conspiración, ella “no tiene que probar todos, o ninguno, de los actos manifiestos atribuidos al acusado para lograr una condena”.
Según las leyes RICO, dice ella, lo que se acusa no es un “acto manifiesto, sino la ‘presunta asociación del acusado con la conspiración’”. La ambigüedad de la acusación hace casi imposible que los acusados puedan defenderse, asestando un duro golpe a sus derechos básicos y a los derechos del pueblo trabajador.
Dos de los otros tres casos contra Trump implican procesamientos federales presentados por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, uno en Florida y otro en Washington.
El cuarto caso es la continua persecución por el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, que acusa a Trump de falsificar registros comerciales para encubrir otros delitos de los que no está acusado. Bragg insiste en que la ley de Nueva York no exige que se especifiquen los cargos.
El procesamiento por Smith en Washington, es noticia porque le exige a la juez Tanya Chutkan que imponga una orden de silencio contra Trump, impidiendo que el candidato presidencial hable públicamente sobre el juez, los fiscales, el jurado o los testigos en su contra.
Incluso el New York Times, que odia a Trump y que normalmente no tiene reparos en desvirtuar la Constitución para atacarlo, ha tenido que admitir que la moción de Smith “presenta un conflicto espinoso” que implica “sus derechos de la Primera Enmienda”.
La defensa de las libertades políticas es vital, tanto si se trata de un ataque contra un político capitalista como Trump, o un trabajador. Salvaguardar los derechos es crucial para construir sindicatos, hacer campaña contra el embargo de Washington a Cuba y protestar contra sus preparativos para más guerras. Los trabajadores usamos estas protecciones cada vez que nos pronunciamos sobre cuestiones políticas a favor de nuestro propio interés de clase.