Desde antes de que Donald Trump fuera electo presidente en 2016, los demócratas, los medios de comunicación liberales y la izquierda de clase media hicieron todo lo posible para derrocarlo. Desde el momento en que pusieron al FBI a espiar a su campaña, hasta la multitud de casos judiciales presentados en su contra y su candidatura, han pisoteado las libertades constitucionales que son cruciales para proteger la actividad sindical y política de la interferencia gubernamental.
Estos derechos fueron ganados en la lucha por el pueblo trabajador y serán más necesarios que nunca a medida que nuestra clase luche para defenderse del impacto de la creciente crisis capitalista.
La administración de Joseph Biden y muchos fiscales aliados al Partido Demócrata han inventado cargos contra el expresidente que asestan golpes al derecho a la libertad de expresión. Trump enfrenta juicios de conspiración bajo leyes de control del pensamiento y estatutos de chantaje y espionaje. El objetivo de los liberales hoy es un político capitalista rival, pero este tipo de leyes se han utilizado ante todo en casos amañados contra sindicalistas, opositores a las guerras de Washington y comunistas como el Partido Socialista de los Trabajadores. Y serán utilizadas así de nuevo.
En Georgia, el fiscal de distrito demócrata Fani Willis está mezclando las amenazas de cárcel con ofertas de acuerdos de culpabilidad a personas coacusadas con Trump, con la esperanza de lograr que ofrezcan testimonio en su contra. Él y otras 18 personas están acusados de asociación ilícita al conspirar para “defraudar al estado”. En realidad, estaban ejerciendo su derecho a cuestionar los resultados de las elecciones de 2020.
Tres de los acusados, todos abogados que trabajaron con Trump, se declararon culpables de cargos menores, evitaron ir a la cárcel y se comprometieron a “testificar honestamente” sobre el expresidente en su juicio.
Millones de trabajadores saben por su propia experiencia con policías, tribunales y fiscales cómo se utilizan las amenazas de años de prisión para forzar acuerdos de declaración de culpabilidad, socavando el derecho constitucionalmente garantizado a un juicio. El objetivo de los demócratas es impedir que Trump se postule en 2024, privando de sus derechos a las decenas de millones de personas que quieren votar por él, a quienes ellos consideran “deplorables”.
El 6 de octubre Hillary Clinton mostró su desdén por las personas que no votan como ella cree que deberían hacerlo. Le dijo a CNN que “es necesario que haya una desprogramación formal de los miembros de la secta” que apoyan a Trump.
Gobernantes temen a trabajadores
Las raíces del ataque liderado por los liberales contra los derechos se remontan a mucho antes de que Trump fuera elegido. Reside en el desprecio de los gobernantes hacia los trabajadores y, al mismo tiempo, en su creciente temor de que luchemos contra las deterioradas condiciones de vida y de empleo derivadas de su afán por ganancias.
Desde mediados de los años 70 los patrones han tratado de revertir la caída de las tasas de ganancias mediante el recorte de salarios, la aceleración de la producción, la combinación de empleos e imponiendo horarios insoportables y contratos con múltiples niveles. Además de esto, el aumento de los precios ha forzado a millones de trabajadores a endeudarse aún más o a mantener dos o más trabajos para cubrir los gastos. Entre 1979 y 2021, la productividad que los patrones exprimen de la clase trabajadora aumentó un 64.6%, pero los salarios aumentaron solo un 17.3%. Los patrones, con gusto se embolsaron la diferencia.
El sistema capitalista se basa en la acumulación de una inmensa riqueza para unos pocos propietarios, mientras que las necesidades humanas más básicas de millones de personas quedan insatisfechas. Un ejemplo de esto es la creación de estacionamientos de carros donde los trabajadores que no pueden pagar los altos alquileres para una vivienda pueden pagar para dormir en sus automóviles.
Hay un mayor reconocimiento en capas amplias de la clase trabajadora que los partidos Demócrata y Republicano no existen para abordar nuestros problemas.
En 2016 Trump, un magnate inmobiliario adinerado, se presentó como un candidato ajeno a los partidos convencionales y prometió demagógicamente que se iba a enfrentar contra el establishment político, poner fin al desastre que enfrentan los trabajadores y mantener a Estados Unidos fuera de las guerras. Muchos trabajadores que habían votado por Barack Obama en 2012 votaron por Trump, buscando algún cambio.
Los demócratas, los republicanos ‘Nunca Trump’ y la izquierda de clase media respondieron declarándole la guerra, decididos a evitar que Trump vuelva a la Casa Blanca, y atacando los derechos que los trabajadores necesitan en el proceso.
Hoy en día más trabajadores están utilizando los sindicatos para luchar por lo que necesitamos para poder vivir y sostener a nuestras familias. Y más trabajadores quieren debatir sobre la raíz de los problemas que enfrentamos —el capitalismo despiadado— y lo que se necesitará para construir un tipo de mundo diferente. Se interesan en la perspectiva revolucionaria de clase contra clase del Partido Socialista de los Trabajadores.
En medio de batallas sindicales y discusiones sobre cuál es el camino a seguir, crece la importancia de que la clase trabajadora salvaguarde las libertades constitucionales. Estos derechos nos protegen del estado capitalista y de la clase explotadora a la que sirve. La defensa de estas protecciones seguirá al centro de la política durante la campaña de 2024.