Con decenas de buques y aviones de guerra, y miles de tropas estadounidenses desplegadas en Puerto Rico, el Caribe y la costa del Pacífico, la administración Trump está haciendo sonar los tambores de guerra, amenazando con una acción militar para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Usando como excusa la supuesta guerra contra el narcoterrorismo, el gobierno estadounidense ha acumulado una formidable fuerza militar en la región: el 10% de su poder naval, al que pronto se le añadirá el portaviones USS Gerald R. Ford. Está propulsado por un reactor nuclear, con capacidad para más de 75 aeronaves militares, un arsenal de misiles, sofisticados equipos de rastreo y más de 5 mil efectivos a bordo. Está escoltado por un crucero y cuatro destructores. Esta es la más grande fuerza militar estadounidense desplegada en la región desde la invasión norteamericana a Panamá en 1989. Funcionarios de la Casa Blanca dicen estar dispuestos a “utilizar todos los recursos del poder norteamericano” para detener el tráfico de drogas y “llevar a los responsables ante la justicia”.
Atropellando la soberanía de Venezuela, el gobierno estadounidense acusa a Maduro de ser un presidente “ilegítimo”, que maneja un cártel de la droga “disfrazado de gobierno”. En 2020, el Departamento de Justicia estadounidense impuso cargos contra Maduro de narcotráfico. Washington insiste en que es “un fugitivo de la justicia estadounidense”, y está ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Trump ha autorizado a la CIA a realizar operaciones en Venezuela contra narcotraficantes, Maduro y su gobierno.
Helicópteros del Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales No. 160 del ejercito estadounidense realizaron vuelos de entrenamiento a 90 millas de la costa norte de Venezuela. El MV Ocean Trader —un cuartel flotante, base de helicópteros y centro de comando de operaciones especiales— también se encuentra en la zona. El 23 de octubre, dos bombarderos B-1 Lancers supersónicos volaron cerca de la costa venezolana.
Mientras tanto, el ejército estadounidense ha continuado bombardeando embarcaciones en el mar. Las fuerzas estadounidenses atacaron dos botes más el 21 y 22 de octubre frente a la costa del Pacífico de Colombia. Hasta el 28 de octubre, un total de 57 personas han muerto en 13 ataques.
Funcionarios de la Casa Blanca dicen que estos asesinatos son legales, alegando que las embarcaciones pertenecen a “organizaciones designadas como terroristas”, que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.
Dos de las personas en un bote atacado por fuerzas estadounidenses el 16 de octubre sobrevivieron. Para evitar impugnaciones legales en tribunales estadounidenses sobre la constitucionalidad de sus operaciones y problemas relacionados con la detención militar y el procesamiento de presuntos narcotraficantes, Washington repatrió a ambos, uno a Ecuador y el otro a Colombia.
El gobierno colombiano anunció que procesará a su ciudadano por narcotráfico. La Fiscalía General de Ecuador informó el 20 de octubre que dejará en libertad a su nacional porque no ha cometido ningún delito en Ecuador.
Los ataques a barcas han provocado protestas de algunos gobiernos en América Latina y de grupos defensores de las libertades civiles. Afirman que Washington no tiene autoridad legal para bombardear las embarcaciones ni para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes, ya que estos no son combatientes involucrados en hostilidades militares.
La política de los gobernantes estadounidenses de “máxima presión” contra Venezuela busca forzar la caída de Maduro y otras figuras importantes del gobierno, ya sea mediante su renuncia o un traspaso de poder preconcertado. O bien, encontrar militares venezolanos dispuestos a aceptar la recompensa de 50 millones de dólares por capturarlos o asesinarlos.
El gobierno venezolano ha condenado las amenazas de Washington. Ha movilizado tropas venezolanas y ha llamado a voluntarios a unirse a las milicias para resistir una invasión.
“Existe una postura amenazante contra Venezuela”, dijo Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en una entrevista con Zeteo News. “Es muy irresponsable creer que esto se puede hacer sin causar una gran pérdida de vidas”. Añadió que “es una amenaza” para “toda la región”.
Un objetivo principal de las medidas de Washington para reemplazar el gobierno de Maduro por otro más a su gusto es asestar golpes a la revolución socialista cubana. Desde 1959, cuando el pueblo trabajador de Cuba, liderado por Fidel Castro, tomó el poder político en sus propias manos, los gobernantes estadounidenses se han empeñado en derrocarlo. El ejemplo de los trabajadores y agricultores cubanos rompiendo con la dominación imperialista, transformando la sociedad en beneficio de su mayoría trabajadora y ayudando a otros a luchar por su liberación nacional, es un ejemplo que los gobernantes estadounidenses jamás han aceptado.