MONTREAL — El gobierno del primer ministro Justin Trudeau del Partido Liberal de Canadá ha presentado dos proyectos de ley que asestarían nuevos golpes a los derechos políticos de los trabajadores.
Los proyectos de ley 70 y 63 se suman a la draconiana Ley de Emergencias utilizada por Ottawa en febrero de 2022 para suprimir la protesta de camioneros del Convoy de la Libertad en la capital.
El proyecto de ley 70, presentado el 6 de mayo, establecería un registro de “agentes extranjeros” y calificaría como delito (sancionable con hasta cadena perpetua) participar en “conductas subrepticias o engañosas” bajo la dirección de un gobierno extranjero con la meta de “perjudicar los intereses de Canadá”.
Esto fue antecedido por meses de controversia sobre si hubo interferencia extranjera en las últimas elecciones federales de 2019 y 2021.
Luchadores de la clase trabajadora en muchos países capitalistas han enfrentado ataques similares contra sus derechos políticos. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes imperialistas en Washington aprobaron la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y la utilizaron contra agrupaciones sindicales y antiguerra.
El régimen de Vladímir Putin en Rusia está utilizando leyes similares contra los opositores a su guerra contra Ucrania, y acaban de ser adoptadas por el gobierno de Georgia, que se alinea con Moscú.
Washington utilizó su ley para perseguir al Partido Comunista, al Partido Socialista de los Trabajadores y otros durante la caza de brujas anticomunista de McCarthy en la década de 1950.
En 1998, cinco revolucionarios cubanos que vigilaban a emigrados cubanos contrarrevolucionarios que planeaban ataques contra Cuba socialista desde Estados Unidos fueron arrestados por el FBI y acusados de ser “agentes extranjeros no registrados”. Los Cinco Cubanos pasaron hasta 16 años en prisiones federales por este y otros cargos antes de ser liberados tras una campaña internacional para ganar su libertad.
El proyecto de ley 70 también incluye un nuevo delito que se puede utilizar contra cualquiera que supuestamente interfiera con el funcionamiento de “infraestructuras esenciales”, como ferrocarriles, puertos y carreteras. La Asociación Canadiense de Libertades Civiles ha alertado que esto podría usarse para reprimir protestas y es “un grave peligro para la libertad de expresión”.
Las asociaciones de grandes empresas de todo Canadá han estado clamando que Ottawa impida que los trabajadores ferroviarios y portuarios, como los de los ferrocarriles Canadian National y Canadian Pacific Kansas City, salgan en huelga. Los trabajadores ferroviarios votaron por más del 97% a favor de la huelga y los trabajadores del puerto de Montreal recientemente rechazaron una propuesta de contrato por un voto del 99.5%.
Cuando el primer ministro Trudeau invocó la Ley de Emergencias contra los camioneros que habían montado un campamento en Ottawa y un “Convoy de la Libertad” para protestar contra los mandatos federales de COVID que amenazaban sus empleos, los ministros del gobierno argumentaron que la “seguridad nacional” de Canadá estaba amenazada por el impacto económico de la protesta.
En una importante victoria para los derechos de los trabajadores, el juez de tribunal federal Richard Mosley dictaminó el 23 de enero que el uso de la Ley de Emergencias fue ilegal. Ottawa está apelando esta decisión ante la Corte Suprema.
No obstante, continúan los juicios amañados por el gobierno contra los líderes del Convoy de la Libertad.
Más ataques a derechos políticos
El Proyecto de Ley 70 se suma al Proyecto de Ley 63, la Ley de Daños en Línea, presentada en febrero con el pretexto de proteger a los niños de la pornografía. La ley contiene medidas radicales para fortalecer las “leyes contra el odio” e impone la censura del gobierno del Internet. Aumentaría las penas hasta cadena perpetua para cualquier persona condenada por un delito “motivado por el odio”.
El 10 de abril, el gobierno de Quebec del primer ministro Francois Legault presentó el proyecto de ley 57, “para proteger a los funcionarios electos y facilitar el ejercicio sin obstáculos de sus funciones”. La ley prohíbe “obstruir” a un funcionario electo de Quebec amenazándolo, acosándolo o intimidándolo, e impone multas de hasta 1,500 dólares canadienses (1,095 dólares).
Las cuatro federaciones sindicales de Quebec respondieron, acusando que la propuesta de ley “podría tener el efecto de criminalizar la participación democrática de los ciudadanos y socavar su libertad de expresión”.
“Para proteger el espacio político que necesitamos para organizarnos para defender nuestros intereses de clase, los sindicatos deben liderar una lucha de todos los partidarios de los derechos políticos para impedir que se adopten estas leyes antiobreras”, dijo Katy LeRougetel, candidata de la Liga Comunista en las elecciones federales parciales de Montreal. “Debemos exigir que se ponga fin a los juicios amañados de los líderes del Convoy de la Libertad y que se retiren todos los cargos contra los participantes en la protesta de los camioneros”.