La lucha para ganar la libertad de Kilmar Abrego García y su derecho a permanecer en Estados Unidos esta siendo seguida atentamente por trabajadores y otras personas en todo el país. Abrego, un obrero metalúrgico afiliado al sindicato SMART en Beltsville, Maryland, y miembros de su familia huyeron de El Salvador tras las amenazas de las pandillas.
Su caso es uno de los cientos de casos en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a trabajadores inmigrantes a pesar de poseer una orden judicial contra su deportación y los han enviado a la infame prisión CECOT en El Salvador negándoles el derecho a tener una audiencia ante un juez.
El Departamento de Justicia finalmente lo trajo de regreso a Estados Unidos después de ignorar órdenes judiciales, incluso de la Corte Suprema. Su retorno fue producto de una enérgica lucha por parte del sindicato de Abrego García, su familia, CASA (el grupo de derechos de los inmigrantes al que pertenece), y otros.
Sin embargo, a su llegada a Estados Unidos, las autoridades presentaron cargos falsos de “tráfico de personas” en su contra y lo encarcelaron en Tennessee, lejos de su familia y amigos. A lo largo de todo esto, se le ha negado el debido derecho constitucional a defenderse.
El amplio apoyo público le ha permitido librar una vigorosa defensa legal, y tres victorias en tribunales federales el 23 de julio se caracterizan por la solidez de su caso y el apoyo que ha obtenido.
El juez Waverly Crenshaw Jr. de Nashville dictaminó que Abrego García debe ser puesto en libertad mientras espera por su juicio por cargos de tráfico de personas. Concluyó que el gobierno no había presentado fundamentos que apoyen su afirmación de que representa un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga. Describió el caso amañado del gobierno como un “pobre intento de vincular a Abrego con la MS-13”, la pandilla salvadoreña a la que ICE afirma que Abrego pertenece.
La jueza Barbara Holmes, también en Nashville, aprobó una moción de los abogados de Abrego García para retrasar su excarcelación por 30 días. Creen que es la única forma de protegerlo de una deportación arbitraria por parte de ICE, dado el historial del gobierno de ignorar su derecho constitucional al debido proceso.
En Maryland, la jueza Paula Xinis ordenó que una vez que sea excarcelado de Tennessee Abrego García debe ser devuelto a Maryland y puesto bajo la supervisión de la oficina del ICE en Baltimore. Xinis también ordenó que no puede ser arrestado nuevamente por ICE y que debe notificarle con 72 horas de anticipación cualquier plan para deportarlo.
Xinis aún está considerando una orden que declare al Departamento de Justicia en desacato por su conducta.
Tricia McLaughlin, del Departamento de Seguridad Nacional, criticó la decisión de Xinis. Calificó a la jueza de “desquiciada” por presumir que puede decirle al gobierno qué hacer.
Es “ANÁRQUICO Y DESCABELLADO”, publicó en red social “X”.
Aumentan los arrestos de ICE
Los arrestos de trabajadores sin cargos ni antecedentes penales están aumentando en el área de Washington. En Virginia y en Washington representan el 60% de los arrestos de ICE, y el 55% en Maryland.
“Lo estamos viendo en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros lugares de culto”, dijo Eduardo Zelaya, director de organización de CASA en Virginia. “Nos están secuestrando”.
Los agentes de ICE están deteniendo a trabajadores inmigrantes en el juzgado de Chesterfield, Virginia. Durante el último mes, han detenido a personas que llegan a pagar sus multas de tráfico o tramitar inspecciones, matriculaciones o placas de vehículos.
“El debido proceso no tiene una cláusula de ciudadanía”, dijo Nicole Martin, presidenta de la NAACP del Condado de Chesterfield, en una protesta en el juzgado. “Es un derecho fundamental, ya seamos ciudadanos o no”.