Washington ha desplegado grandes medios navales y militares en el sur del mar Caribe, un nuevo paso de los gobernantes estadounidenses en sus continuas violaciones de la soberanía de Venezuela y sus intentos de derrocar a Nicolás Maduro, su presidente. Es también una demostración de fuerza para intimidar a los rivales de Washington, incluyendo Beijing.
Las fuerzas estadounidenses hundieron el 2 de septiembre una lancha que según Washington estaba cargada de drogas y 11 “narcoterroristas”, abandonando todas las pretensiones de realizar una investigación, presentar cargos o un juicio.
El presidente Donald Trump autorizó el despliegue de varios destructores armados con misiles guiados y el Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima, con 4,500 tropas, incluyendo una unidad de 2,200 marines equipados para desembarcos e invasiones.
Es el mayor despliegue de medios bélicos en la jurisdicción del Comando Sur norteamericano en muchos años y forma parte de los esfuerzos de Washington de reafirmar su dominio en América Latina y el Caribe. Desde febrero, Trump ha designado a nueve cárteles en América Latina como “organizaciones terroristas extranjeras”, sentando las bases para las injerencias estadounidenses. Dos de ellos son venezolanos. Sin presentar pruebas, Washington ha acusado a Maduro de ser el líder del Cártel de los Soles y lo ha vinculado con la pandilla Tren de Aragua.
Bajo el pretexto de combatir el “narcoterrorismo” y defender la “seguridad nacional”, el gobierno norteamericano también ha ampliado el uso de las fuerzas militares y la Guardia Nacional para operaciones de seguridad interna. La administración desplegó cientos de guardias nacionales, primero en Los Angeles y luego en Washington, alegando que eran necesarios para combatir el crimen y evadir las interferencias de las autoridades locales en las detenciones y deportaciones de ICE.
Según autoridades, la CIA ha incrementado los vuelos de vigilancia a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y en el espacio aéreo mexicano para obtener información sobre los cárteles de narcotraficantes. Funcionarios estadounidenses actuales y anteriores han insinuado la posibilidad de realizar ataques directos contra líderes de cárteles y laboratorios de droga en México.
“México es un país libre, independiente y soberano”, respondió la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el 22 de agosto. “Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía”.
Al mismo tiempo, el gobierno de Sheinbaum ha reforzado la colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
El Pentágono ha establecido zonas militares a lo largo de la frontera con México, donde las tropas pueden detener y retener a los migrantes que intentan cruzar la frontera hasta que sean entregados a las autoridades de inmigración.
Comentaristas en los medios informativos han hecho comparaciones entre el actual despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela y la invasión estadounidense de Panamá en 1989, que derrocó al gobierno del general Manuel Noriega y lo secuestró bajo cargos de crimen organizado y narcotráfico. La invasión realizada por unas 26 mil tropas estadounidenses fue un golpe a la soberanía de Panamá y su control sobre el Canal de Panamá. La zona por donde hoy corre el canal fue ocupada por Washington en 1904 y devuelta a Panamá en 1977 mediante un tratado que fue producto de una larga y dura lucha por dignidad nacional y autodeterminación.
“Maduro no escapará de la justicia y tendrá que rendir cuentas por sus despreciables crímenes”, dijo la fiscal general Pam Bondi el 7 de agosto al anunciar que el gobierno estadounidense duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro. En 2020, el primer gobierno de Trump ofreció 15 millones, cantidad que el gobierno de Joseph Biden elevó a 25 millones de dólares.
Las violaciones de Washington de la soberanía de Venezuela y el empeño por derrocar al gobierno de Maduro han tenido un respaldo bipartidista.
El gobierno estadounidense no necesita ninguna audiencia judicial ni procedimiento legal para designar a un gobierno o funcionario extranjero como terrorista o narcotraficante. Esta designación le permite “utilizar otros instrumentos del poder estadounidense: agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etc., para atacar a estos grupos”, dijo Marco Rubio, el secretario de estado.
Washington también busca el apoyo de sus aliados en la región. “La semana pasada, Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago, y hoy Argentina, se unen a nosotros para promover esta iniciativa”, dijo Rubio el 26 de agosto.
Durante casi tres décadas, los gobernantes estadounidenses han intentado derrocar al gobierno venezolano e imponer uno más sumiso a Washington, y recuperar el control de las vastas reservas petroleras del país.
Al poner un blanco en la espalda del presidente Maduro, Washington busca también intensificar los efectos de sus devastadoras sanciones económicas y financieras contra Venezuela.