La batalla por la amnistía para todos los trabajadores indocumentados en Estados Unidos está profundamente ligada a la lucha para defender y ampliar las protecciones constitucionales y promover la unidad y la capacidad de lucha de la clase trabajadora.
Esto se hace más evidente a medida que las familias capitalistas y sus gobiernos, tanto Demócratas como Republicanos, tratan de imponer restricciones cada vez más estrictas a los derechos legales y políticos de los inmigrantes.
La arremetida de los gobernantes contra la inmigración no tiene como fin bloquear permanentemente el flujo de mano de obra barata, sino crear un ambiente de intimidación que aumente la inseguridad y el miedo entre los inmigrantes que logran llegar a Estados Unidos y fomente las divisiones en el seno de la clase trabajadora.
Durante décadas, el control fronterizo de la inmigración ha fluctuado según las necesidades de trabajadores de los empleadores.
La política actual de detención obligatoria de prácticamente todos los que enfrentan la deportación; la deportación de residentes legales permanentes por delitos pasados, una violación de la Quinta Enmienda de la Constitución, que prohíbe que el gobierno procese o castigue a una persona dos veces por el mismo delito, y la práctica de negar a familiares y amigos información sobre cualquier persona detenida, han sido utilizadas durante décadas.
Estas incursiones en los derechos de los trabajadores van acompañadas de ataques más amplios dirigidos a convencer a los trabajadores nacidos en Estados Unidos de que los inmigrantes no tienen los mismos derechos. Un ejemplo reciente es el intento de eliminar los programas que permiten que estudiantes indocumentados puedan asistir a las universidades estatales pagando la misma matrícula estatal y recibir ayuda financiera. A lo largo de los años, han habido numerosas leyes a nivel local, estatal y federal para negar a los trabajadores inmigrantes licencias de conducir, e intentos para negarles el acceso a la educación pública y atención médica, incluyendo servicios hospitalarios de emergencia.
La discriminación por el idioma ha sido utilizada para fomentar la hostilidad hacia los inmigrantes y otras personas que no hablan inglés. En abril pasado, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que exige que los conductores de camiones comerciales demuestren su dominio del inglés, supuestamente para “proteger la seguridad de los camioneros, conductores, pasajeros y demás estadounidenses”. El movimiento obrero debe rechazar esta medida antisindical.
Los políticos dicen que la expulsión de los inmigrantes indocumentados abriría puestos de trabajo para los nacidos en Estados Unidos. Esto no es cierto. Los patrones están utilizando las medidas contra los inmigrantes para reducir su fuerza de trabajo, manteniendo a la vez el mismo nivel de producción.
Los patrones necesitan un ejército de reserva de trabajadores —los desempleados— para mantener la competencia por empleos, mantener bajos los salarios e socavar las condiciones laborales. Esto es inherente al sistema capitalista. La intención de los gobernantes no es impedir que los patrones contraten a trabajadores inmigrantes. Es crear un sector de la clase trabajadora con menos derechos y protecciones, más susceptible a la explotación.
Lucha por la amnistía y la unidad
En 1986, el gobierno de Ronald Reagan aprobó con apoyo bipartidista la Ley de Reforma y Control de la Inmigración. Cerca de 3 millones de inmigrantes indocumentados que habían vivido en Estados Unidos desde antes de 1982 obtuvieron la residencia permanente.
Al menos otros 3 millones quedaron en una situación ilegal, haciéndolos presa fácil para su explotación por los patrones. La nueva ley incluía sanciones por contratar a trabajadores indocumentados. Pero por cada patrón multado selectivamente, miles de otros patrones se vieron en una posición más ventajosa para recortar salarios y embolsarse las ganancias de estos trabajadores.
Ahora, los funcionarios estatales debían verificar el estatus migratorio de los solicitantes de asistencia social, cupones de alimentos, Medicaid, prestaciones por desempleo y asistencia para la vivienda, lo que agravó la condición de paria de los inmigrantes.
Para abastecer de suficiente mano de obra a las granjas, la ley abrió la puerta a más visas de “trabajadores temporales huéspedes”. Ahora los trabajadores agrícolas estaban legalmente obligados a aceptar bajos salarios y condiciones laborales miserables a cambio de estar protegidos del acoso de la policía de inmigración. Y si buscaban otro trabajo, podían ser deportados.
Decenas de millones de trabajadores de países oprimidos de África, Asia y América Latina, así como de las regiones más pobres del sur y este de Europa, han emigrado a los centros imperialistas. Se ven impulsados por las realidades económicas de la explotación imperialista de sus países de origen, los conflictos militares, la inestabilidad política, la violencia de pandillas y las crisis sociales.
Los gobernantes capitalistas de todo el mundo se aprovechan de esta migración. Se han vuelto totalmente dependientes de esta enorme reserva de mano de obra super explotada.
A la misma vez, millones de inmigrantes se están incorporando a la clase trabajadora en estos países, pasando por experiencias sindicales que le hacen frente a los intentos de los patrones de pasar el peso de la crisis capitalista a las espaldas de los trabajadores.
El movimiento obrero tiene un interés vital en combatir el intento de los gobernantes de establecer una casta de trabajadores sin derechos legales. Los sindicatos tienen un papel fundamental que desempeñar en liderar la lucha por la amnistía, con plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes. De lo contrario, los esfuerzos de los trabajadores por organizarse y movilizar su poder siempre se verán obstaculizados.