Desde que asumió el cargo, el gobierno del presidente Donald Trump ha mantenido una operación de gran alcance para deportar a cientos de miles de trabajadores indocumentados, planteando un gran desafío para el movimiento obrero. Trump difama a trabajadores inmigrantes diciendo que son criminales, o peor, y llamándolos “basura”.
Aprovechó, para intensificar los operativos, el ataque armado de Rahmanullah Lakanwal, un refugiado de Afganistán, contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, el 26 de noviembre, donde Sarah Beckstrom, de 20 años, resultó muerta. El gobierno suspendió todas las solicitudes de asilo, afectando a unos 1.5 millones de personas.
Anunció que “revisará” todas las solicitudes aprobadas bajo la administración anterior y prohibirá indefinidamente la entrada de afganos al país. Lakanwal recibió asilo después de servir en una unidad paramilitar financiada por la CIA. Fue evacuado cuando Kabul cayó en 2021.
El gobierno suspendió todas las solicitudes de inmigración de 19 naciones, principalmente de África y del Medio Oriente. “No deberían castigarnos a todos por culpa de una persona”, dijo al New York Times Obaidullah Durani, oriundo de Afganistán y conductor de entrega en Arizona. “Este es un país de leyes y democracia; el hombre ya ha sido arrestado”.
La intensificación de los ataques ha sido acompañada de amenazas de persecución a personas por creencias religiosas y opiniones políticas, en clara violación de la Constitución de Estados Unidos. Trump dice que le gustaría quitar la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes que, según él, “socavan la tranquilidad nacional” o que tienen opiniones que él considera “incompatibles con la civilización occidental”.
En los últimos meses el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha venido aumentando las redadas en las calles, en lavaderos de autos, estacionamientos de Home Depot, almacenes, fábricas y granjas. Estos operativos infunden temor en un gran segmento de la clase trabajadora,.
El gobierno también puso fin al estatus de protección para cientos de miles de trabajadores de Venezuela, Haití y otros países en crisis, tratando de obligarlos a abandonar Estados Unidos.
La campaña antiinmigrante de los patrones y su gobierno encuentra eco entre algunos trabajadores.
Pero muchos, inclusive algunos partidarios de Trump, no están de acuerdo con las deportaciones de sus vecinos, compañeros de trabajo y otras personas. Algunos entienden la necesidad de unir a toda la clase trabajadora. Podemos ganar apoyo dentro de sindicatos, iglesias y otras organizaciones en las comunidades para lograr la excarcelación de los inmigrantes detenidos.
Cientos de personas protestaron en Astoria, Nueva York, el 7 de diciembre contra el arresto y la separación de Fei Zheng de su hijo de 6 años, Yuanxin. Habían huido de China por temor a la represión. Zheng fue detenido por ICE el 26 de noviembre cuando se presentó a una cita con inmigración. Los agentes de ICE suelen vigilar las audiencias de inmigración, atentando contra los derechos de las personas.
Zheng está preso en la cárcel del condado de Orange, mientras que Yuanxin está bajo la custodia de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados en un lugar no revelado. Muchos de sus compañeros de escuela y sus familias participaron en la protesta, al igual que sindicalistas del área.
Redadas: inseguridad de millones
Agentes de ICE afirman haber detenido a un promedio de 1,100 personas diarias en las últimas semanas, un aumento con respecto a las 821 detenciones diarias registradas entre mediados de enero y mediados de octubre. El gobierno está construyendo nuevos centros de detención para aumentar la capacidad a 100 mil personas, superando la capacidad actual de 40 mil.
En julio la administración intentó negar el derecho a audiencias de fianza, socavando la protección constitucional de igualdad ante la ley. Un juez federal anuló esta medida el 25 de noviembre.
Scott Bessent, secretario del tesoro, anunció el 28 de noviembre medidas para ajustar la aplicación de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales, aprobada durante la administración demócrata de Bill Clinton en 1996. Esta ley prohíbe a los trabajadores indocumentados recibir beneficios del gobierno.
El objetivo de las diatribas de Trump contra los inmigrantes, de las redadas, las deportaciones y la negación de protecciones constitucionales no es la expulsión de todos los trabajadores indocumentados. Es crear mayor inseguridad entre ellos, haciéndolos más vulnerables a la súper explotación.
Si bien los ataques contra trabajadores indocumentados se están acelerando, son coherentes con el curso mantenido por la clase gobernante, independientemente del partido que ocupe la Casa Blanca. El gobierno pretende regular el flujo migratorio para satisfacer la necesidad de mano de obra barata para los empresarios, de una manera que profundiza las divisiones entre los trabajadores, empeorándoles las condiciones laborales y los salarios a todos.
Los sindicatos pueden impulsar una estrategia para unificar a los trabajadores, sin importar su estatus inmigratorio, nacionalidad, religión o raza, para que podamos luchar tanto contra el desempleo como contra los precios altos. Fundamental para esa lucha es la defensa de una amnistía para todos los trabajadores indocumentados; el único camino para poner fin a la condición de marginación impuesta a más de 11 millones de nuestros hermanos y hermanas.