Más de 100 mil manifestantes marcharon en Minsk, la capital de Belarús, el 4 de octubre, para exigir la renuncia de Alexander Lukashenko, el presidente autocrático que ha gobernado el país durante 26 años. Las protestas han sacudido al país desde que Lukashenko se declaró el ganador de las flagrantemente amañadas elecciones el 9 de agosto.
Los manifestantes desfilaron en desafío a los policías antidisturbios y vehículos blindados lanza-aguas. Una demanda central es la excarcelación de los presos políticos.
“¡Sáquenlos!” coreaban cientos de personas que lograron llegar al centro de detención de Okrestina, donde se cree que están detenidos muchos manifestantes y algunas figuras de la oposición.
Más de 13 mil personas han sido arrestadas, muchas de las cuales han sido liberadas posteriormente ante el aumento de las protestas. Muchos fueron brutalmente golpeados y al menos cinco han muerto. Una ola de huelgas, aunque de corta duración, en las fábricas y minas más grandes del país ayudó a forzar el cese de los ataques por matones del régimen.
Las autoridades “nos amenazan con sus vehículos militares y su brutalidad”, pero si la multitud es lo suficientemente grande, “los enmascarados no nos tocarán”, dijo Julia Cimafiejeva, una poeta, al Financial Times el 1 de octubre. “Vemos que son ellos los que tienen más miedo”.
Cimafiejeva dijo que la gente cantaba canciones folklóricas y viejas melodías patrióticas para expresar su protesta colectiva cuando otros medios están prohibidos. “Una canción es un arma peligrosa contra los que odian la cultura y las artes”, dijo. “No hay cultura ni arte sin libertad de pensamiento y expresión”.
En un artículo del 3 de octubre en el sitio web Democracia Abierta, Konstantin Ostrogorsky informó sobre las acciones de trabajadores en Belarus Steel Works en Zhlobin que “asustaron a los líderes del gobierno local y a los gerentes de la planta”. Después de una reunión el 17 de agosto, los trabajadores entraron en la gran planta y pararon los tres hornos, deteniendo la producción.
Sus demandas eran puramente políticas: “la renuncia de Lukashenko, la liberación de todos los detenidos, el fin de la violencia contra los ciudadanos pacíficos y la retirada de todos los escuadrones antidisturbios y de la policía que no fueran de la ciudad”.
Allí, como en muchas otras grandes empresas estatales, los trabajadores que protestaban se han visto obligados a volver a trabajar por ahora. Pero el apoyo a las protestas no ha sido ahogado.
Los trabajadores de Belarús también se enfrentan a una creciente crisis económica. Los patrones han disminuido los salarios ante una mayor competencia con productos de acero chinos e indios más baratos. Esto ha creado un crecimiento pequeño pero constante de los sindicatos independientes, que han buscado organizar a los trabajadores para resistir los ataques contra los salarios y las condiciones.
Lukashenko, ex patrón de una granja colectiva, fue elegido presidente en 1994, tres años después de la implosión de la Unión Soviética. Propició una serie de medidas que evitó la “terapia de choque”, la rápida privatización de la industria estatal, como sucedió en otras partes de Europa Oriental y en Rusia.
En cambio, su gobierno introdujo métodos capitalistas en las empresas estatales que incluían ataques a los derechos y condiciones de los trabajadores. Las ganancias y los recursos estatales se desviaron cada vez más a manos privadas. “Todas las instituciones de poder sirven a una familia criminal”, dijo al Militante Vitaly Dyadyuk, miembro del comité de huelga de Belaruskali, la gran empresa estatal minera de potasa, que cuenta con una red de empresas “que pertenecen y están bajo el control de la organizada banda criminal de Lukashenko”.
Contratos sindicales
En 1999 Lukashenko introdujo contratos a corto plazo para los trabajadores en empresas estatales de uno a cinco años, deshaciéndose así de los empleos permanentes.
“Por la más mínima ofensa”, dijo Dyadyuk, los empleadores “simplemente no renuevan tu contrato”. Además, aumentaron “al 50 por ciento el componente del salario que se paga como bonificación”, lo cual intensificó la explotación y “puso una soga en el cuello del trabajador”.
Figuras de la oposición burguesa abogan por un mayor uso de medidas capitalistas. Como candidato presidencial, Viktar Babaryka, ex director de Belgazprombank, uno de los bancos más grandes del país, prometió privatizar la propiedad estatal.
Para ganar las elecciones, Lukashenko encarceló a Babaryka y otros candidatos de la oposición con cargos amañados.
El Fondo Monetario Internacional ha exigido la privatización de las principales empresas estatales de Belarús como condición para obtener nuevas líneas de crédito. Los préstamos de Moscú están igualmente condicionados a dar más control económico a los gobernantes capitalistas en Rusia. Pretender integrar a Belarús económica y políticamente con Rusia, A la vez que tratan de evitar un levantamiento como la revolución de Maidan en Ucrania en 2014.
Los gobernantes rusos ven las actuales protestas y huelgas masivas en Belarús como una seria amenaza. Al mismo tiempo, no confían en la fiabilidad de Lukashenko. Hasta el momento, han decidido no utilizar las tropas que mantienen en Belarús, por temor a una explosión más profunda.
A estos problemas se les suman los disturbios en Kirguistán, una ex república soviética en Asia Central, también sobre resultados electorales en disputa. Junto con la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, y la crisis en Belarús, la inestabilidad está creciendo en el “extranjero cercano” de Moscú.