Vol. 74/No. 34 6 de septiembre de 2010
A pesar de las declaraciones de los patrocinadores del centro cultural que desean construirlo cerca del World Trade Center para promover la reconciliación interreligiosa, la controversia que se ha producido era inevitable y se pudo haber previsto fácilmente. Aunque algunos políticos demócratas y republicanos se rehusan a reconocer este hecho, otros lo están utilizando para montar un fervor patriótico a favor de la intervención del estado.
La clase obrera debe oponerse a cualquier intento del gobierno de decidir si se debe permitir el establecimiento de una mezquita, iglesia o sinagoga o en donde hacerlo. Lo que está en juego va más allá de la libertad religiosa. ¿Y si se tratara de la sede de un partido comunista “controversial”? ¿O de un sindicato militante?
Las implicaciones de tal precedente son amplias y pueden afectar el derecho de los trabajadores a tener un local sindical o un lugar para planear una campaña de organización sindical. Están en juego derechos básicos tales como la libertad de reunión, religión, expresión, prensa y asociación.
Este intento de sondear si se puede bloquear la construcción legal de un centro islámico ocurre en el contexto de crecientes ataques contra los derechos del pueblo trabajador en nombre de la “lucha contra el terrorismo”. Estos ataques se dan a la par con las medidas impuestas por los gobernantes estadounidenses para hacer que el pueblo trabajador pague por la crisis económica, a la vez que continúan sus guerras imperialistas en el exterior sin fin a la vista.
El gobierno y la policía a nivel federal, estatal y local, bajo el abrigo del Departamento de Justicia y de las agencias de inteligencia del Departamento de Seguridad del Suelo Nativo, están actuando para minar las protecciones codificadas en la Carta de Derechos y otras enmiendas a la Constitución de Estados Unidos.
La gran mayoría de los trabajadores y agricultores en Estados Unidos no sienten estos ataques directamente ni los ven aún como pasos dirigidos más que nada a atar las manos del pueblo trabajador y a descarrilar cualquier lucha que pueda desafiar las prerrogativas y poder de los gobernantes multimillonarios.
Estas son protecciones contra el estado capitalista, que el pueblo trabajador ha arrancado de las clases propietarias durante décadas de lucha.
La clase obrera es la única fuerza capaz de defender estos derechos y protecciones, los cuales necesitamos para realizar luchas por nuestras reivindicaciones económicas y políticas. Los gobernantes acaudalados no ignoran esto; ellos también lo presienten y se están preparando para las batallas de clase que se avecinan.
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