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Perspectiva Mundial/Katherine Bennett

Piquete realizado el 23 de mayo en apoyo a lucha de mineros de Co-Op en Utah por ser representados por el UMWA. De izq.: mineros jubilados Bob Fivecoat y Ernesto López.

Esa demanda, dictaminó el juez, hasta ahora no ha presentado un caso claro de difamación, una de las principales acusaciones contra los periódicos, el sindicato minero UMWA y otros sindicatos que respaldan la lucha de sindicalización de los mineros de la Co-Op.

Tras dos horas de presentaciones e interrogatorios, el juez dijo a los abogados de los tres periódicos que en la próxima audiencia podrían presentar mociones a favor de un fallo sumario. Tal moción, si el tribunal la concede después que los demandantes hayan vuelto a redactar su caso, significará que los abogados de la C.W. Mining no han presentado hechos que sustenten un alegato de difamación y, por lo tanto, los periódicos tendrán derecho a un fallo a su favor sin tener que ir a juicio.

Luego de la audiencia, los abogados del UMWA, 16 mineros de la Co-Op y otros sindicalistas —demandados además por “prácticas laborales injustas”— pidieron que el tribunal postergara su audiencia del 1 de agosto. La corte concedió el pedido. Si los periódicos ganan en la próxima vuelta, gran parte del pleito contra los sindicalistas, que incluye varios alegatos de difamación, también probablemente fracasaría.

La C.W. Mining y el IAUWU presentaron su demanda en septiembre de 2004. Este caso surgió de una lucha, que ya lleva 21 meses, por la sindicalización, mejores condiciones de seguridad y mejores salarios en la mina Co-Op, cerca de Huntington, Utah. Todos los demandados, casi 100, han presentado mociones para que se desestime el pleito.

En la audiencia del 14 de junio, los abogados Michael O’Brien por el Salt Lake Tribune, Jeffrey Hunt por el Deseret Morning News y Randy Dryer por el Militant tomaron asiento juntos de un lado de la sala del tribunal. Del otro lado estaban los abogados de la C.W. Mining y del IAUWU, Carl Kingston y Mark Hansen, respectivamente. Hansen presentó todos los argumentos de parte de la compañía.

Arthur Sandack, abogado del UMWA y de 16 mineros de la Co-Op, estuvo presente en la sala. Sandack además representa a la federación sindical AFL-CIO de Utah en este caso. También asistió Bill Estrada, un minero de la Co-Op que es uno de los demandados.  
 
Alegan cientos de difamaciones
O’Brien empezó explicando las garantías legales que tienen los periódicos al informar sobre conflictos laborales. Los acusados han señalado que las supuestas difamaciones son citas de trabajadores que expresan sus opiniones sobre esta lucha así como columnas de opinión o editoriales que respaldan la lucha de los trabajadores. Luego el juez llamó a los abogados de los demandantes para que replicaran.

“Todo este argumento sobre conflictos laborales, el libre debate, es cierto,” dijo Hansen, “pero las difamaciones maliciosas no gozan de protección”.

“¿Acaso usted contó cuántas cosas concretas se dijeron que según ustedes son difamatorias?” preguntó el juez Benson. “¿Dirían que se trata de centenares o de millones?”

“Centenares, en total, respondió Hansen. “Probablemente no si solo se trata del Deseret News o del Salt Lake Tribune. Pero probablemente centenares si se trata del Militant.

Cuando el juez dijo, “Deme un ejemplo de una cita específica” que es difamatoria, Hansen balbuceó.

Al referirse a un artículo del Salt Lake Tribune citado en la demanda que dice: “Dirigentes sindicales dijeron que las tensiones laborales entre los operadores de la CWM y su fuerza laboral resultaron en un cierre patronal contra 75 trabajadores”, el juez dijo, “Dígame exactamente qué tiene de difamatorio eso”.

“Es una cuestión de hechos”, contestó Hansen. “Eso no fue lo que le pregunté,” replicó calmadamente Benson. “Suponga que yo soy un miembro del jurado. Dígame por qué es difamatorio”.

Hansen no le pudo esclarecer al juez ni un solo acto difamatorio cometido por los periódicos. El abogado del IAUWU reconoció finalmente que el juez tenía “la razón” al decir que cuando se atribuye una cita textual a un minero de la Co-Op o a alguien que los respalda, una acusación de difamación tendría que hacerse contra el individuo y “no contra los periódicos”.

Hansen dijo que consideraba a ex mineros que participaron en la lucha de sindicalización del UMWA como la fuente principal de las difamaciones contra la compañía. “Hay 3 ó 4 que fueron cabecillas para sacar a todos en huelga”, dijo Hansen.

Ni la C.W. Mining ni el IAUWU ha presentado “ningún hecho que sustenten sus conclusiones,” dijo Jeffrey Hunt al defender a los periódicos. “No es un alegato de difamación cada vez que algo que se publique resulte ser falso, o con lo cual ustedes no estén de acuerdo, o que sea insensato”.

Randy Dryer, en representación del Militant y del Partido Socialista de los Trabajadores, subrayó que el Militant y los otros periódicos están “protegidos por la Primera Enmienda” de la Constitución y que los argumentos legales presentados por los abogados del Tribune y del Deseret Morning News también “son igualmente válidos para el Militant.” El PST también ha sido acusado de difamación por los patrones de la mina bajo el falso cargo de que el partido es dueño del Militant y lo controla.

Al mismo tiempo, explicó Dryer, a un pequeño periódico como el Militant le recae un peso desproporcionado en un caso como éste. El Militant cuenta con una redacción voluntaria y no tiene publicidad comercial. Se financia a través de suscripciones y las contribuciones de sus partidarios, dijo Dryer.

“Las razones y los motivos para entablar esta demanda son impropios,” destacó Dryer. “Pretenden callar las discusiones y los comentarios críticos… y no se ha presentado de buena fe”.

Dryer dijo que el tribunal debe contemplar un decreto de indemnización por los costos legales por tener que responder a una demanda entablada a sabiendas de forma vaga y confusa.

Hansen respondió que el caso había sido presentado de buena fe, y se quejó ante el juez que los corresponsales del Militant no habían respondido a las cartas de los abogados de la compañía del carbón para que aceptaran documentos que los nombraban como demandados.

“No existe nada en los reglamentos que exige que los posibles demandados cooperen con la entrega de los documentos”, respondió Benson.

Al ordenar que los abogados de la compañía vuelvan a redactar su demanda, el juez dejó claro que no rechazaba ninguno de los argumentos para desestimar el caso. También afirmó que no abriría el caso a un proceso de obtención de información y pruebas. Durante dicha investigación, los demandantes tendrían el derecho de iniciar un proceso de intervención contra los demandados —que podría prolongarse por años y desgastar financieramente a los afectados— a fin de buscar “pruebas” para su demanda.

Tras amonestar a los abogados de la compañía por su “método de atacar de manera amplia y al azar”, el juez dijo que los demandantes les habían impuesto una “gran carga sobre los demandados cuya vida está trastornada por una demanda como ésta”.

“La idea de desestimar todo esto era tentadora”, dijo el juez.

Hansen dijo al tribunal que tendría que volver a redactar el caso entero, no solo las partes dirigidas contra los periódicos. Preguntó si el juez pensaba asumir la jurisdicción sobre los aspectos federales del caso —prácticas laborales injustas— así como escuchar los argumentos de difamación basados en la ley estatal. Hasta el momento, los abogados del UMWA han argumentado que las acusaciones de prácticas laborales injustas ya están ante la NLRB (Junta Nacional de Relaciones Laborales) y que no corresponden precisamente a este tribunal.

Benson dijo estar tentado de fallar a favor de los demandados sindicales sobre el tema de la jurisdicción, pero que se reservaba una decisión por ahora. “Aún no hemos llegado a ese punto”, dijo Benson, y añadió que si termina dedicando mucho tiempo al caso, podía asumir la jurisdicción y decidir esas cuestiones.  
 
Crece campaña de defensa
“Este es el caso más importante de defensa obrera en Estados Unidos hoy,” dijo Norton Sandler, uno de los organizadores del Fondo de Lucha del Militant, después de la audiencia. “Les pedimos a todos los partidarios de los derechos obreros, de la libre expresión y libertad de prensa, a que apoyen a los demandados en este caso, y muy pronto necesitaremos recolectar muchos fondos económicos rápidamente para sufragar los gastos legales”.

Se ha lanzado una campaña especial con el fin de recaudar 60 mil dólares para el Fondo de Lucha del Militant antes del 15 de agosto. Las promesas y donaciones iniciales suman casi 41 mil dólares; además, los partidarios en Estados Unidos y otros países proyectan sobrepasar considerablemente esa meta.

“Los abogados del Militant y del PST redactarán con prontitud una nueva respuesta a la nueva queja judicial de la compañía y exigirán una pronta audiencia,” dijo Sandler. “Todo este trabajo va a requerir recursos, lo cual resalta la importancia de sobrepasar la meta de 60 mil dólares para el Fondo de Lucha del Militant”.

En la última semana llegaron varios compromisos de apoyo al Fondo de Lucha del Militant desde Minneapolis, entre ellos Bruce Nestor, ex presidente del Gremio Nacional de Abogados, y Gary Prevost, profesor de ciencias políticas en St. John’s University.

También se sumaron a la lista de patrocinadores dos choferes de autobús y miembros del Local 100 del sindicato transportista TWU en el condado de Westchester en Nueva York, Angel Giboyeaux y Victor Oglesby, quienes ayudaron a dirigir la reciente huelga victoriosa de 48 días por mejores salarios y prestaciones de retiro. Se sumaron a un número creciente de funcionarios sindicales y otros sindicalistas que han prestado sus nombres y su apoyo financiero al Fondo de Lucha del Militant.

Pueden enviarse las tarjetas de apoyo, cartas de respaldo y contribuciones financieras al Fondo de Lucha del Militant, P.O. Box 520994, Salt Lake City, UT 84152-0994, y enviar las tarjetas por fax al (801) 924-5910.
 
 
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