Reuters/Rick Wilking

Trabajadores en Centro de Convenciones de Nueva Orleans intentan mantenar viva a Dorothy Divic, de 89 años. Ante falta de atención médica, ella murió ese mismo día.

Al mismo tiempo, los gobernantes de Estados Unidos están aprovechando la calamidad en la Costa del Golfo para promover sus intentos de legitimar aún más el uso de las fuerzas armadas norteamericanas en territorio estadounidense, incluyendo para operaciones policiales. En las más recientes recriminaciones entre demócratas y republicanos, ahora en torno a la respuesta al huracán Katrina, políticos de ambos partidos están argumentando que los siniestros naturales y el “desorden civil” son asuntos militares que le incumben al gobierno federal, y no simplemente a la policía.

Ante la falta de ayuda del gobierno, muchos trabajadores que quedaron damnificados han tomado iniciativas para hacer frente a la situación. Han buscado formas de conseguir trabajo, han rehusado permitir que sean trasladados de los refugios terrestres a barcos cruceros en el Golfo y han ayudado a sus vecinos durante la evacuación (ver artículo de José Aravena y Anthony Dutrow).

La senadora demócrata Mary Landrieu de Louisiana, al aparecer en un programa de televisión de ABC el 4 de septiembre, dijo acerca del presidente George Bush, “A lo mejor tendré que darle un puñetazo” si él o miembros de su administración hacen más comentarios despectivos sobre la respuesta de las autoridades locales al huracán. Entre estos funcionarios están el vicegobernador de Louisiana Mitch Landrieu, su hermano, y su padre, Moon Landrieu, ex alcalde de Nueva Orleans y secretario de vivienda y desarrollo urbano bajo la administración Carter. La senadora también culpó a Bush de descuidar los diques de Nueva Orleans, y exigió que el presidente deje de usar el desastre como “oportunidad de aparecer en fotos”.

A pesar de las quejas de los demócratas de Louisiana y de Nueva Orleans de que el gobierno federal no ha ofrecido suficientes fondos, el estado recibió 2 mil millones de dólares en los últimos cinco años de la administración Bush para proyectos civiles del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, más que cualquier otro estado. Sin embargo, apenas una muy pequeña parte de esos fondos se usaron para reforzar el sistema de diques, los cuales no se diseñaron con la capacidad de aguantar una tormenta con la fuerza de Katrina.

La gobernadora de Louisiana, Kathleen Blanco, también acusó a la administración Bush de no enviar tropas al estado con suficiente rapidez. Al principio la Casa Blanca contó con el envío de tropas de la Guardia Nacional—actualmente 46 mil—que están bajo la jurisdicción de los gobernadores estatales. Según el Washington Post del 9 de septiembre, Blanco resistió el intento de la Casa Blanca de ejercer control federal sobre todas las unidades de la policía y de la Guardia Nacional.

La propia administración Bush y sus partidarios afirman que no pudieron enviar tropas federales rápidamente a una situación donde tendrían que defender “la ley y el orden” contra “saqueadores”, porque la Ley de Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de las fuerzas armadas para actividades policiales dentro de las fronteras nacionales. Ahora, tanto demócratas como republicanos están argumentando a favor del mayor uso de tropas dentro del territorio estadounidense.

Un editorial del 12 de septiembre del periódico militar Army Times argumentó que el “orden civil se desintegró tan rápidamente” afuera del Superdome de Nueva Orleans, donde decenas de miles de personas se habían refugiado, porque las tropas de la Guardia Nacional que se encontraban allí no obtuvieron armas sino hasta el 2 de septiembre, tres días después de que asaltó el huracán. “Era esencial poder imponer inmediatamente una muestra de autoridad armada a fin de lograr condiciones adecuadas para las operaciones de rescate y ayuda”, dijo.

“El fiasco de Katrina plantea la interrogante”, declaró un artículo en el Wall Street Journal el 9 de septiembre, “de si el peligro de locos y de la naturaleza ahora es de tal envergadura en cuanto a su posibles horrores y las pérdidas inaceptables, que deberíamos modificar la actual jurisdicción para darle al Pentágono la autoridad de ser el primero en responder”.

Para el 2 de septiembre, el gobierno federal había enviado 27 mil tropas a la Costa del Golfo. Puso estas fuerzas bajo la jurisdicción del Comando Norte, que fue concebido durante la administración Clinton y establecido durante la primera presidencia de Bush para dirigir el uso de tropas norteamericanas dentro de territorio norteamericano. La Fuerza Conjunta Katrina está encabezada por el general Russell Honore. El 9 de septiembre, Bush nombró al Vicealmirante Thad Allen del Servicio de Guardacostas para supervisar las operaciones de rescate. Allen reemplazó en esa responsabilidad a Michael Brown, director de la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA). Tres días después Brown presentó su renuncia de la FEMA.

Dada la indignación que el trato inhumano por parte de la policía provocó entre muchos trabajadores, los oficiales del Pentágono han tenido cuidado al definir las orientaciones de los soldados. Durante las operaciones rutinarias, los soldados deben portar sus rifles sin balas, y no pueden insertarlas si no reciben órdenes de hacerlo, y cuando disparan deben tratar de herir y no de matar.
 
 
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