Se han planeado más protestas desde que se publicaron las nuevas normas dirigidas a una gama más amplia de inmigrantes y permitiendo el aumento de las deportaciones de trabajadores indocumentados.
Dos memorandos de John Kelly, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, fechados el 20 de febrero, implementan las órdenes ejecutivas de Trump del 25 del enero sobre inmigración. A pesar de que la Casa Blanca afirma que las órdenes defienden “la seguridad nacional y la seguridad pública”, su verdadero objetivo es dividir a la clase trabajadora, intimidar a los trabajadores sin papeles y bajar los salarios para aumentar las ganancias de los capitalistas.
La primera ronda de redadas del 6 al 10 de febrero resultó en la detención de unos 680 trabajadores sin papeles. Los policías de Inmigración y Aduanas (ICE) se concentraron en individuos —que supues-tamente habían violado varias leyes— en su casa, en la calle o en el trabajo, donde los agentes los agarraron.
La noticia sobre el “Día sin inmigrantes” se difundió como un reguero de pólvora en restaurantes, obras de construcción, empacadoras y otros lugares de trabajo a lo largo y ancho del país.
Un volante promoviendo el “Día sin inmigrantes” llamaba a “los indocumentados, residentes, ciudadanos, inmigrantes de todo el mundo”, agregando que “sin nosotros y sin nuestra contribución este país estaría paralizado”.
En Washington, más de 70 restaurantes cerraron durante ese día. Muchos de los chefs y dueños, que dependen del trabajo de los inmigrantes, aprobaron que los trabajadores no fueran al trabajo, diciendo que apoyan la lucha por la amnistía. Incluso el café que está dentro del capitolio que sirve al senado de Estados Unidos cerró, al igual que siete restaurantes en el Pentágono.
Coreando, “respeto, respeto” y llevando letreros que decían, “No soy un criminal” y “No más abusos”, más de 50 trabajadores comenzaron a manifestarse fuera del mercado de Hunts Point en el Bronx —el más grande del mundo— bastante antes del amanecer para convencer a sus compañeros de trabajo de unirse a la huelga.
Más de mil personas se unieron a una manifestación esa noche en Nueva York para protestar por la detención de Daniel Ramírez en Seattle, uno de los que fueron arrestados durante las redadas allí. Ramírez estaba acogido bajo el Programa de Acción Diferida por Llegadas de la Niñez (DACA), que según Trump y las nuevas directrices del DHS habrían sido excluidos del arresto. El gobierno afirma que es miembro de una pandilla.
Esta ronda de ataques contra los trabajadores sin papeles se produce en medio de agotadoras condiciones de depresión entre el pueblo trabajador.
“Los últimos ocho años no han sido buenos para nosotros”, dijo Oscar González al Militante en la acción de Nueva York. No son solo los ataques contra los inmigrantes, dijo, “sino que los sindicatos han sido empujados marcha atrás”.
Bajo las directivas de la administración Obama, ICE priorizó a los inmigrantes condenados por delitos graves o delitos “significativos”. Pero esas redadas, muchas de ellas bastante más grandes que las ordenadas por Trump hasta ahora, también se llevaron consigo a “inmigrantes de baja prioridad”.
Los memorandos del 20 de febrero dicen que ICE perseguirá ahora también a cualquier inmigrante que haya realizado “falsas declaraciones a sabiendas en cualquier asunto oficial”, o “abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de prestaciones públicas”.
El memorándum mantiene la política de Obama de no deportar a “soñadores” ni a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.
Los memorandos también instruyen a ICE para que mantenga en prisión más inmigrantes que estén apelando las órdenes de deportación, en lugar de permitirles vivir en casa hasta que un juez oiga su caso.
Altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron a la prensa que no hay planes para “redadas masivas, deportaciones masivas”.
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