“Antes del huracán María ya sufríamos una crisis humanitaria”, dijo a los presentes Evelyn Mejil, la organizadora principal de la Marcha de Unidad por Puerto Rico. Ella se refería al alto desempleo, bajos salarios, recortes en los servicios sociales y la atención médica, y el deterioro de la infraestructura en toda la isla. “Hizo que el mundo fuera testigo de la injusticia que Puerto Rico ha estado sufriendo debido a leyes estadounidenses que han devastado a nuestra nación”.
“No estamos pidiendo dádivas”, agregó Mejil. “Pedimos que eliminen la Ley Jones, que cancelen la deuda”, y que proporcionen los fondos necesarios para reconstruir el país.
La Ley Jones, la cual requiere que toda carga marítima entre Puerto Rico y Estados Unidos sea transportada en barcos con bandera estadounidense, aumenta en gran medida los costos de envío y los precios de las necesidades básicas y de otras importaciones a la isla.
Otros oradores como el congresista Luis Gutiérrez y el conocido actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda señalaron que el gobierno estadounidense y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias habían brindado ayuda a las víctimas de los recientes huracanes en Florida y Texas de forma más rápida y eficiente que a las de Puerto Rico.
Los participantes en la manifestación vinieron de los estados en la costa oriental y de lugares tan lejanos como Chicago; Lorain, Ohio; y Florida. Muchos dijeron que era la primera vez que participaban en una protesta.
Angelita Berríos, de 56 años, una chofer de camión de Filadelfia dijo al Militante que dos meses después del huracán María, la mayor parte de su familia en Puerto Rico sigue sin electricidad. “Somos una colonia y somos parte de Estados Unidos”, dijo ella. “Nos han obligado a luchar en sus guerras y pagar los impuestos que nos imponen. Pero ahora que necesitamos ayuda, no es suficiente y es demasiado lenta”.
Más de la mitad de los residentes de Puerto Rico siguen sin electricidad, una quinta parte o más no tienen suministro de agua, miles de casas siguen sin techo y una gran parte de la isla no tiene servicio telefónico. Aún los que tienen agua potable deben hervirla primero.
El general Jeffrey Buchanan, quien encabezó las labores de la Guardia Nacional y el Ejército de Estados Unidos, lo cual ha ayudado en el despeje de muchas carreteras, la restauración de la electricidad y la distribución de alimentos y agua, anunció el 17 de noviembre que esta operación está llegando a su fin.
Sol Nadal, de 22 años, de Bayamón, Puerto Rico, estaba visitando a parientes en Estados Unidos cuando se enteró de la manifestación. “No tenemos electricidad, excepto lo que obtenemos de nuestro generador”, dijo Nadal, una estudiante de la Universidad de Puerto Rico. “La gasolina para usar el generador por ocho horas al día cuesta 600 dólares al mes”. “No importa si somos ciudadanos estadounidenses o no”, agregó Nadal. “Debemos ser tratados como seres humanos”.
A mediados de noviembre los funcionarios puertorriqueños admitieron que aunque la cifra oficial de muertes es de 55, en septiembre de este año murieron 472 más que el año anterior. Las muertes producto de la falta de refrigeración para la insulina, los recortes en diálisis debido a la falta de electricidad, hospitales y consultorios médicos cerrados, agua contaminada y falta de aire acondicionado para las personas que ya sufrían enfermedades antes de la tormenta no están incluidas en la cifra oficial de muertes.
Aún antes de los huracanes, tantas personas se estaban yendo a Estados Unidos —alrededor de 1 200 cada semana— que más puertorriqueños viven en Estados Unidos que en Puerto Rico. El New York Times informó el 17 de noviembre que por lo menos 168 mil personas han dejado la isla en los últimos dos meses, la mayoría rumbo a Florida, y otras 100 mil han comprado boletos a Orlando para el 31 de diciembre.
Antes de las tormentas, la Junta de Supervisión y Administración Financiera impuesta por Washington, creada para reforzar el control de las finanzas del gobierno de Puerto Rico para maximizar el pago de la deuda a los tenedores de bonos, había ordenado al gobierno puertorriqueño que redujera drásticamente las pensiones y la semana laboral de los empleados públicos y al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Los tenedores de bonos siguen presionando por el pago de la deuda.
Los participantes en la marcha tenían una amplia variedad de puntos de vista sobre lo que se debe hacer sobre el estado colonial de Puerto Rico.
“Necesitamos algo nuevo”, dijo María Franco, quien se acaba de mudar a New Haven, Connecticut de Santa Isabel, Puerto Rico. “No me gusta el Estado Libre Asociado que somos ahora. Con la estadidad, tendríamos una designación clara con Estados Unidos”.
“Quiero que cambie todo el sistema, por la independencia”, dijo Milly Guzmán-Young, quien ayudó a organizar la participación de personas de Hartford, Connecticut, en la marcha. “Mire lo que ha pasado en los últimos 100 años en manos de Estados Unidos: deuda, leyes contra nuestra economía”.
La ira provocada por la continua crisis social está creciendo en la isla. Los residentes del barrio de Puerto Nuevo de San Juan marcharon el 19 de noviembre para protestar contra la falta de electricidad en su comunidad y en los centros de salud.
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