NUEVA YORK — En meses recientes el gobierno de Donald Trump ha tomado medidas que amenazan la posibilidad de muchos trabajadores inmigrantes de vivir y trabajar en el país. Han empezado la eliminación gradual del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que beneficia a unos 800 mil jóvenes y anunciaron el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) que cubre a más de 200 mil salvadoreños, haitianos y nicaragüenses. El 10 de enero agentes de inmigración llevaron a cabo redadas coordinadas en 98 tiendas del 7-Eleven, arrestaron a 21 personas y ordenaron la ejecución de “auditorías” de inmigración.
Las redadas son una continuación de las realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la administración de Barack Obama que resultó en cargos formulados contra un número de dueños de tiendas por contratar trabajadores indocumentados.
En las últimas semanas el ICE arrestó a tres inmigrantes vinculados al movimiento santuario incluyendo al trinitense Ravi Ragbir, un dirigente de la Coalición Nuevo Santuario; al haitiano Jean Montrevil, también un activista en la coalición; y Eliseo Jurado, el compañero de Ingrid Encalada Latorre, una inmigrante peruana que se ha refugiado en una iglesia en Boulder, Colorado, que le ofreció santuario mientras lucha contra su deportación. Cientos protestaron el 10 de enero contra la detención de Ragbir afuera de la cárcel de ICE aquí.
Al mismo tiempo, el presidente Trump dice que es posible llegar a un acuerdo bipartidista sobre una “reforma” migratoria que revocaría algunas de las medidas anteriores. El “acuerdo” que planteó fue cambiar algunos aspectos para abrir las puertas a los jóvenes de DACA, algunos participantes del TPS y la legalización de otros inmigrantes a cambio de un control más estricto en la frontera, restricciones a la “lotería” de visas y visas para los familiares, y por supuesto, los fondos para un muro.
Cuando su administración anunció las medidas para cancelar el programa DACA y el TPS, Trump dijo explícitamente que su meta era obligar al congreso a producir un nuevo plan migratorio.
“Si lo hacemos correctamente, DACA, no se está muy lejos de una reforma migratoria integral”, dijo Trump al senador demócrata de Illinois Richard Durbin, en una reunión el 11 de enero con miembros del congreso. “Y si quieren tomar ese paso extra, asumiré la responsabilidad, no me importa”.
Algunos liberales instaron a los demócratas a hacer un trato. “Acepten el acuerdo por los Soñadores”, decía el titular del editorial del Washington Post el 10 de enero. “Construyan el muro”.
Varios grupos y personajes conservadores antiinmigrantes se indignaron con las negociaciones de Trump. “Está resultando ser un desastre, una calamidad”, se quejó Steve King, un infame congresista antiinmigrante de Iowa.
Después de una segunda reunión a puerta cerrada el día siguiente, las cosas estallaron. Los demócratas dicen que Trump llamó a las naciones de Haití y África “países de m—”. Durbin dijo que los comentarios de Trump estaban “llenos de odio, eran viles y racistas”. Algunos republicanos que estuvieron en la reunión dijeron que Trump nunca dijo la frase que se le atribuye.
“El lenguaje que utilicé en la reunión de DACA fue duro”, dijo Trump por Tweeter. “Pero este no fue el vocabulario que usé”.
“Nunca dije nada que fuera derogatorio sobre los haitianos aparte de que Haití es, obviamente, un país muy pobre y lleno de problemas”, afirmó también en Tweeter. “Probablemente hay que grabar reuniones futuras —desafortunadamente no hay confianza”.
La controversia fue aprovechada por la mayoría de los liberales, la izquierda de clase media y los demócratas de la autoproclamada Resistencia, que alegan que Trump es cualitativamente diferente que otros demócratas y republicanos portavoces de las familias gobernantes capitalistas.
A pesar de su fingida indignación, todos los sectores del espectro político capitalista tienen sentimientos similares hacia los pueblos del mundo colonial y semicolonial, y, de manera igual hacia la clase trabajadora en Estados Unidos.
Para la clase dominante la “reforma” migratoria significa un mayor control sobre la cantidad de inmigrantes para asegurar suficiente mano de obra barata. La clase patronal quiere más flexibilidad para abrir o cerrar el flujo de la inmigración en dependencia de sus necesidades.
Este proceso incluye un suministro estable de trabajadores indocumentados, a quienes esperan poder explotar de forma barata e intimidarlos para que no luchen contra la explotación y las condiciones peligrosas de trabajo.
Ellos buscan utilizar a estos inmigrantes como chivos expiatorios para dividir a la clase trabajadora y reducir los salarios y las condiciones de trabajo para todos.
Más trabajadores “huéspedes”
Debido a la disminución del número de inmigrantes que están llegando, las empresas agrícolas han buscado aumentar el número de los llamados trabajadores “huéspedes”, quienes reciben permisos de trabajo temporales.
Según el Miami Herald, el uso de trabajadores huéspedes en California ha crecido siete veces desde 2011. Muchas empresas de construcción, limpieza y jardinería, y otras, también han llegado a depender de salvadoreños, haitianos y otros trabajadores que tenían el Estatus Temporal de Protección Temporal.
Mark Drury, un ejecutivo con Shapiro & Duncan, una compañía de plomería, calefacción y refrigeración en Rockville, Maryland, dijo a la revista Inc. que los trabajadores bajo el TPS “son los mejores entre los inmigrantes, porque tienen que mantenerse impecables para poder renovar su estatus”.
El reto para la clase trabajadora y otros que se solidarizan con los inmigrantes es unir a la clase trabajadora y poner fin a las deportaciones de los trabajadores. Exijamos ¡Amnistía para todos los inmigrantes ya!