Estudiantes, padres y maestros protestaron el 3 de mayo, contra el cierre de la escuela Clemente Ramírez de Arellano en Manatí, Puerto Rico.
El cierre, uno de los casi 300 planificados por el gobierno colonial de la isla es parte de las medidas antiobreras impuestas para maximizar los pagos de la deuda pública de 74 mil millones de dólares a los tenedores de bonos.
El 22 de mayo la legislatura de Puerto Rico aprobó un recorte de 22 por ciento del presupuesto gubernamental. La Junta de Supervisión y Administración Financiera impuesta por Washington, conocida en Puerto Rico como «la junta», está exigiendo mayores recortes a los servicios sociales, pensiones y derechos laborales.
Entre tanto, decenas de miles de trabajadores y pequeños agricultores todavía no tienen electricidad o un suministro seguro de agua potable o están viviendo en casas dañadas por el ciclón María que azotó la isla hace ocho meses. Protestas contra los cierres, los recortes a la Universidad de Puerto Rico, la lenta restauración de la electricidad y otros ataques contra los trabajadores y los sindicatos tienen lugar con frecuencia tanto en ciudades grandes.