NACIONES UNIDAS — El 1 de noviembre la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución presentada por el gobierno cubano que exige “poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. La resolución fue aprobada por un margen de 189 contra 2, similar a años recientes; los gobiernos de Estados Unidos e Israel votaron en contra y los de Ucrania y Moldavia no votaron.
Intentando socavar el impacto de la votación, el gobierno norteamericano propuso ocho enmiendas que difamaban a Cuba como violador de los derechos humanos. Todas fueron rechazadas por un voto de 114 a 3 en la mayoría de los casos. Solo los delegados de Estados Unidos, Ucrania e Israel votaron a favor. Más de 60 se abstuvieron, incluidos los del Reino Unido, Francia, Japón y otros países imperialistas, así como México, Argentina, Brasil, Colombia e Iraq; 10 no votaron.
El canciller cubano Bruno Rodríguez presentó la resolución, que ha sido aprobada anualmente desde 1992. Explicó que Washington ha intentado derrocar la revolución socialista cubana desde 1959, cuando los trabajadores y campesinos, dirigidos por Fidel Castro y el Ejército Rebelde, derrocaron a la dictadura de Batista, tomaron el poder estatal y derrocaron el dominio capitalista. Durante seis décadas la clase dominante norteamericana, bajo gobiernos demócratas y republicanos, ha librado ataques militares, políticos y económicos contra el pueblo trabajador de Cuba y su gobierno.
Impacto de guerra económica
Rodríguez citó un memorándum del Departamento de Estado norteamericano de abril de 1960 que describía el objetivo de los gobernantes estadounidenses: “hacerle perder el apoyo interno” a la revolución con medidas “para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
Rodríguez informó que las sanciones norteamericanas han causado miles de millones en pérdidas económicas que afectan la vida cotidiana de los cubanos. Obstaculizan todo desde la importación de medicamentos vitales hasta las transacciones cubanas con instituciones financieras extranjeras.
Un ejemplo, citado en un informe presentado por la delegación cubana, es el impacto en la aerolínea nacional Cubana de Aviación. Las sanciones han limitado severamente su capacidad de comprar o arrendar aviones u obtener piezas de repuesto, lo que pone en riesgo la seguridad de los vuelos de la envejecida flota cubana.
Rodríguez señaló que Washington sigue limitando el derecho de los ciudadanos estadounidenses a viajar a Cuba. En el último año también ha obstruido la posibilidad de muchos cubanos de obtener visas para visitar a sus familias en Estados Unidos.
Durante el debate, muchos delegados, especialmente de América Latina, el Caribe y África, no solo pidieron el fin del embargo sino expresaron su gratitud por la solidaridad que han recibido de voluntarios internacionalistas cubanos. Varios resaltaron el papel destacado de los médicos cubanos en la lucha contra la epidemia del ébola en África Occidental en 2014 y 2015. El embajador sudafricano Jerry Matjila señaló “los aportes de Cuba a la liberación de Sudáfrica del apartheid”, cuando cientos de miles de combatientes voluntarios cubanos viajaron a Angola entre 1975 y 1991, ayudando a derrotar al ejército invasor del régimen supremacista blanco.
‘Enmiendas’ para difamar a Cuba
Las ocho enmiendas presentadas por la embajadora norteamericana Nikki Haley acusaban al gobierno revolucionario cubano de suprimir la libertad de expresión, realizar detenciones arbitrarias, violar los derechos sindicales, negarles a las mujeres una representación adecuada en los órganos del gobierno y otras supuestas violaciones de los derechos humanos. Haley cínicamente afirmó que “nuestra razón para el embargo es y siempre ha sido la denegación por parte de Cuba de la libertad y los derechos humanos más básicos”.
En respuesta, el canciller cubano Rodríguez dijo: “El bloqueo constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos”. Agregó que “el gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie en materia de derechos humanos”.
Rodríguez señaló que Washington es el único gobierno que ha desatado armas nucleares contra una población civil, como lo hizo en Japón en 1945. Ese gobierno aún mantiene sin cargos y por tiempo indefinido presos en su base naval en Guantánamo, Cuba. “En la Florida, el 21 por ciento de los electores afroamericanos son privados del sufragio” porque han cumplido condenas de cárcel por delitos criminales.
La gran mayoría de la Asamblea General rechazó las enmiendas norteamericanas. Unos 76 delegados, casi el 40 por ciento, o se abstuvieron o no votaron sobre las enmiendas, distanciándose de Cuba respecto a los cargos de Washington sobre “derechos humanos”. El embajador de Canadá dijo que su voto contra las enmiendas no era contra “el contenido” de las propuestas pero que el debate sobre las sanciones “no era una plataforma apropiada” para ese debate. El delegado austriaco, que se abstuvo, hizo comentarios similares en nombre de la Unión Europea. Los rivales imperialistas de Washington son tan hostiles como este hacia la revolución socialista cubana, pero se oponen a cómo las sanciones restringen su propio comercio con Cuba.
En 2016, el gobierno norteamericano bajo el presidente Barack Obama se abstuvo en el voto sobre la resolución anual. Esto indicaba que la clase dominante norteamericana reconocía que, gracias a la resistencia del pueblo trabajador cubano, el embargo no había logrado destruir la revolución. La administración Obama cambió de táctica pero no de objetivo. La administración Trump no ha anulado la decisión en 2015 de restaurar las relaciones diplomáticas con Cuba, pero ha reforzado ciertas sanciones.
Dos semanas antes del voto de la Asamblea General, la Misión de Estados Unidos ante la ONU organizó un evento dentro del edificio de Naciones Unidas titulado “¿Presos por qué?” Los oradores, entre ellos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano y un contrarrevolucionario cubano residente en España, acusaron a Cuba de encarcelar a personas por sus creencias políticas.
La embajadora cubana Anayansi Rodríguez había protestado formalmente contra el evento por violar las reglas de protocolo de la ONU. Miembros del personal cubano intervinieron y corearon consignas durante todo el programa para acallar a los oradores. El secretario de estado norteamericano Mike Pompeo calificó la interrupción como “una rabieta infantil” y exigió que funcionarios de la ONU tomaran medidas contra Cuba.
Rodríguez dijo ante la Asamblea General que el gobierno revolucionario de Cuba está dispuesto a dialogar con el gobierno estadounidense “desde el respeto y el trato entre iguales”. Pero “nunca realizaremos concesiones que afecten la soberanía e independencia nacional”.