En nombre de defender a las mujeres, activistas estudiantiles y funcionarios administrativos de la Universidad de Harvard asestaron un duro golpe a los derechos políticos al despojar de sus responsabilidades a un decano de la facultad de derecho por asumir el controvertido trabajo de ser parte de la defensa legal del productor cinematográfico Harvey Weinstein. Weinstein enfrenta múltiples acusaciones de acoso sexual y violación.
Están en juego derechos que son vitales para la clase trabajadora: la presunción de la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, independientemente de lo atroz que sean los cargos; el derecho de expresarse y asociarse libremente garantizado por la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos; y el derecho garantizado por la Sexta Enmienda a tener un abogado que pueda brindar asesoría vigorosa a quienes enfrentan cargos por parte del estado.
El 11 de mayo la Universidad de Harvard anunció la finalización de los nombramientos del profesor de derecho Ronald Sullivan Jr. y su esposa, la profesora Stephanie Robinson, como decanos de Winthrop House, la residencia de unos 400 estudiantes. Ellos habían ocupado este cargo durante una década, y fueron los primeros profesores negros en la historia de Harvard nombrados a estos puestos. Ambos continuarán siendo profesores en la escuela de derecho.
Sullivan es director del Instituto de Justicia Criminal de la facultad de leyes de Harvard. Además de enseñar derecho, es un abogado de defensa criminal, que ha estado involucrado en una variedad de casos de alto perfil. Representó a la familia de Michael Brown, balaceado mortalmente por la policía en Ferguson, Missouri, en 2014. Tomó el caso del ex estrella de los Patriotas de New England, Aaron Hernández, quien ganó la absolución tras ser acusado de doble asesinato. Organizó una campaña legal que ayudó a liberar a miles de personas encarceladas sin el debido proceso legal en Luisiana tras el huracán Katrina.
Campaña contra Sullivan
Pero cuando Sullivan anunció en enero que se uniría al equipo de defensa de Weinstein, algunos de los llamados estudiantes políticamente correctos se escandalizaron y exigieron que fuera expulsado. En febrero, dos estudiantes de Harvard escribieron un artículo de opinión en el periódico titulado “Harvard, despide al decano Sullivan”, afirmando que su presencia “podría ser profundamente traumática” y que no valora “la seguridad de los estudiantes”.
Apareció grafiti en los edificios de Harvard y en la puerta de la oficina de Sullivan que incluía consignas que decían: “Nuestra ira es en defensa propia” y “¿De qué lado estás?” Luego el decano de Harvard College, Rakesh Khurana, inició una investigación del “clima” en Winthrop House, que incluyó el preguntar a los estudiantes si consideraban que la residencia era “sexista” o “no sexista”.
Sullivan respondió a la campaña en su contra en un email enviado a todas las personas vinculadas con Winthrop y ofreció reunirse con cualquiera que quisiera discutir las cuestiones planteadas.
“Es especialmente importante que esta categoría de acusado reciba el mismo proceso que todos, quizá más importante”, escribió Sullivan. “En la medida en que negamos el debido proceso a acusados impopulares dejamos de ser el país que nos imaginamos ser”.
Otros en la universidad acudieron a la defensa de Sullivan. “Hay tanto estigma asociada a las personas acusadas de conducta sexual inapropiada que cualquiera que defienda los principios legales en su nombre corre el riesgo de ser confundido, en la opinión pública, como defensor de la violencia sexual”, escribió la profesora de la facultad de derecho de Harvard, Jeannie Suk Gersen en el New Yorker.
El 6 de mayo unos 175 estudiantes protestaron en el comedor de Winthrop con carteles que decían #MeToo y “Rescatar a Winthrop”. Cinco días después, Khurana anunció que Sullivan y Robinson cesarían de ser decanos de Winthrop cuando terminen sus mandatos el 30 de junio.
Qué está en juego para clase obrera
“No estoy acusado personalmente de participar en ninguna conducta indebida”, dijo Sullivan en una entrevista con el New Yorker el 7 de marzo. “Los abogados no representan la ideología de sus clientes. Más bien, los abogados están comprometidos en una larga tradición de servicio a las personas acusadas por el estado”.
“He recibido muchísimas notas de estudiantes que me brindan un gran apoyo en silencio, y aprecio esas notas”, agregó. “Pero una constante es que dicen que sienten que no pueden decir nada públicamente porque serán alquitranados y emplumados como ‘simpatizantes de la violación’ y que no están dispuestos a hablar públicamente”.
“Las personas tienen que poder intercambiar ideas, incluso ideas con las que no están de acuerdo, libre y abiertamente”, dijo.
“Independientemente del origen de los ataques a los derechos políticos o para victimizar a personas por actuar según sus creencias los gobernantes capitalistas tratan de utilizar esto contra la clase trabajadora y el movimiento comunista”, dijo Seth Galinsky, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para defensor público de la ciudad de Nueva York, el 17 de mayo. “Durante años el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista, agrupaciones en contra de la segregación de Jim Crow en el Sur y otros enfrentaron serios desafíos para encontrar abogados que los defendieran cuando el gobierno fabricó casos amañados contra ellos para silenciarlos”.
“A medida que crezca la lucha de clases, el derecho a tener asesoría legal para luchar vigorosamente contra los cargos del estado será aún más importante para las organizaciones políticas obreras”, dijo.