El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo el 1 de diciembre, ha prometido una transformación “profunda y radical” del país. Su gobierno pretende que su nueva ley laboral y otros programas de asistencia social ayuden a contener las luchas de trabajadores.
Ha aumentado el salario mínimo en la mayor parte del país en un 16 por ciento a 5.10 dólares por día y lo ha duplicado en la zona fronteriza del norte a 8.80 dólares por día. Ha hecho gran alarde de los recortes en su gobierno, incluso en su propio salario en un 60 por ciento a 5 600 dólares al mes y la eliminación de miles de empleos federales. Pero también ha recortado los fondos para hospitales públicos, lo que ha resultado en despidos de trabajadores, reducción de exámenes para pacientes y la cancelación de cirugías.
López Obrador goza de popularidad entre los trabajadores.
Muchos esperan que la reforma laboral aprobada este 29 de abril les permita tener voz en sus sindicatos. La ley promete que mediante el voto secreto podrán elegir por la sindicalización y decidir cual sindicato los representara. La ley exige que los trabajadores reciban una copia del contrato negociado por los funcionarios sindicales y decidir su aprobación mediante un voto.
En México, durante décadas, los trabajadores no han elegido el sindicato que los “representa”. Los patrones y los funcionarios sindicales —aliados al partido gobernante— concertaban acuerdos secretos que incluían la deducción automática de las cuotas sindicales del salario de los trabajadores. Los términos del “contrato” se resolvían a puerta cerrada.
Pero una mirada más detallada de la nueva ley muestra que no es tan buena como la pintan.
Reemplaza las antiguas juntas laborales nombradas por el gobierno —que favorecían a los patrones y al partido político gobernante— con tribunales laborales. Sin embargo, estos tribunales, tanto en México como en Estados Unidos no son neutrales. Defienden la “santidad” de las leyes capitalistas independientemente de qué partido las haya nombrado.
Sindicatos subordinados al estado
La nueva ley ata a los trabajadores con trabas burocráticas, y pretende reforzar el control de los sindicatos por el estado capitalista. Su objetivo es reemplazar la vieja burocracia sindical con una más favorable a López Obrador y su partido Morena, en pos de apuntalar el régimen de la clase capitalista, el cual enfrenta una desaceleración en el crecimiento económico y mayor competencia de sus rivales en todo el mundo.
La nueva ley laboral dice que el propósito de una huelga es “armonizar los derechos de los trabajadores con los del capital”. Pero todo trabajador con conciencia de clase sabe que una huelga es un arma para arrebatar concesiones de los patrones o evitar que ellos ataquen los salarios y condiciones laborales.
Según la nueva ley, los sindicatos deben ser reconocidos por el tribunal laboral. Tienen que dar notificación seis días antes de salir en huelga, las cuales solo están permitidas para obtener un contrato o asegurar su cumplimiento. El tribunal laboral puede ordenar al sindicato que postergue una huelga por una variedad de razones. Y puede ordenar que el “personal esencial” siga trabajando durante una huelga.
Tales medidas no tienen nada que ver con el fortalecimiento de la democracia sindical. Son un intento de mantener a los sindicatos domados.
La burocracia sindical fue parte integral del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó a México ininterrumpidamente durante 71 años, hasta su derrota electoral en 2000. Los funcionarios sindicales ocupaban cargos en la junta directiva de la compañía petrolera estatal Pemex y otras empresas.
En 1940 el dirigente revolucionario ruso León Trotsky escribió en su artículo “Los sindicatos en la época de la decadencia imperialista”: “En México, los sindicatos se han transformado por ley en instituciones semiestatales, y por consiguiente han asumido un carácter semitotalitario. La estatización de los sindicatos, según la concibieron los legisladores, fue propuesta en beneficio de los trabajadores para asegurarles influencia en la vida económica y gubernamental”. El artículo está incluido en el nuevo libro de la editorial Pathfinder Los tribunos del pueblo y los sindicatos.
Esta política de colaboración de clases sirvió bien a la clase dominante en México y a los intereses de los imperialistas, asegurando una relativa “estabilidad laboral” y bajos salarios.
El veneno de ‘América primero’
Los líderes del Partido Demócrata en el congreso de Estados Unidos condicionaron la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá a la aprobación de una nueva ley laboral en México. Pretendiendo estar preocupados de “cómo son tratados los trabajadores en México” y para que no sea “lucrativo” para las empresas estadounidenses trasladarse al extranjero, y así proteger los “empleos estadounidenses”, esperan convencer a los trabajadores de que tenemos intereses comunes con los patrones. Al hacerlo, socavan la solidaridad internacional con los trabajadores de México y de otros países.
Impulsados por las severas condiciones económicas y mayores expectativas, los trabajadores en México están comenzando a reconocer su poder potencial. A principios de este año, 35 mil trabajadores en fábricas mayoritariamente extranjeras en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos se declararon en huelga, ganando un aumento salarial del 20 por ciento.
Es a través de la construcción de sindicatos combativos y librando luchas que sean independientes de la clase dominante y sus partidos que los trabajadores en México y en Estados Unidos podrán comenzar a trazar un camino para avanzar, sin depender del estado capitalista, sus leyes y sus representantes.