Desafiando las amenazas de Beijing, alrededor de 1.7 millones de personas se manifestaron en Hong Kong el 18 de agosto para exigir más derechos políticos y la renuncia de la jefa ejecutiva Carrie Lam. Beijing está ejerciendo su influencia sobre las empresas del territorio semiautónomo chino, para que los patrones tomen represalias contra aquellos que participen en las protestas, las que llevan ya 11 semanas.
Esta fue la protesta más grande desde una a mediados de junio en la que participaron alrededor de dos millones de personas que forzó a Lam a suspender una ley de extradición. Los manifestantes exigen que se retire formalmente el proyecto de ley, el cual habría permitido al gobierno chino perseguir a opositores políticos en Hong Kong. También exigen la liberación de los arrestados durante las protestas, una investigación sobre la violencia policial contra los manifestantes y elecciones directas del jefe ejecutivo de la ciudad en lugar de ser nombrado por un comité controlado por Beijing.
“Si la situación en Hong Kong se deteriora aún más”, amenazó Liu Xiaomong, embajador de Beijing en el Reino Unido, el 15 de agosto, “el gobierno central no se quedará con los brazos cruzados”.
Miles de efectivos de la Policía Armada Popular de China con cientos de camiones y vehículos blindados comenzaron a practicar simulacros a principios de este mes en Shenzhen, al otro lado de la frontera terrestre con Hong Kong.
El 4 de junio una manifestación en Hong Kong de casi 200 mil personas marcó el trigésimo aniversario de la sangrienta represión de manifestantes que reclamaban derechos políticos en la plaza Tiananmen en Beijing. Hong Kong es el único lugar en China donde ese evento aún se conmemora públicamente.
La magnitud de la última movilización hace más difícil, por ahora, que Beijing lance una intervención militar. Beijing ha utilizado los ataques al edificio legislativo de Hong Kong, a estaciones de policía y símbolos de su presencia por pequeños grupos de manifestantes para decir que el amplio movimiento por derechos políticos está dirigido por “terroristas”.
El sindicato de maestros de Hong Kong dijo que 22 mil de sus 100 mil afiliados asistieron a una protesta el 17 de agosto para respaldar las demandas del Frente Cívico por Derechos Humanos. Wilson Ng, un maestro que se unió a la manifestación y a la protesta del 18 de agosto, dijo al Militante por teléfono que la manifestación de maestros fue en apoyo a los estudiantes que han liderado muchas de las protestas. Ng agregó que muchas personas quieren volver al “uso de medios pacíficos para lograr nuestras demandas democráticas”.
Más de mil trabajadores de la aerolínea Cathay Pacific, con sede en Hong Kong, participaron en la huelga del 5 de agosto, lo que obligó la cancelación de 150 vuelos. Cientos de vuelos más fueron cancelados cuando el aeropuerto internacional quedó paralizado por una ocupación de miles de manifestantes, el 11 y 12 de agosto.
Las autoridades de aviación civil del gobierno chino le pusieron las cosas claras a Merlin Swire, el multimillonario propietario de Cathay, en Beijing el 12 de agosto. Swire respondió con el despido de cuatro empleados, incluidos dos pilotos, que se habían unido a las protestas. El 16 de agosto, los medios estatales de comunicación chinos anunciaron que dos altos directivos de la aerolínea iban a ser reemplazados.
Cathay Pacific y sus aerolíneas subsidiarias dependen en gran medida de los vuelos y clientes chinos. Constituyen más de la mitad de su comercio.
Carol Ng, asistente de vuelo y presidenta de la Confederación de Sindicatos de Hong Kong, dijo al Wall Street Journal que el mensaje de Beijing fue: “Regresen a trabajar, mantengan la boca cerrada”.
Beijing teme el impacto que tendrá la lucha por los derechos políticos entre los trabajadores de otras partes de China, quienes enfrentan ataques contra los empleos, condiciones de vida y de trabajo.