Una ola de protestas de trabajadores está sacudiendo los gobiernos capitalistas de Chile, Ecuador y Colombia. Las protestas son un obstáculo para los esfuerzos de Washington de hacer valer su influencia imperialista en el hemisferio.
Los gobiernos electos en Ecuador y Brasil en los últimos dos años se han unido a la campaña de calumnias de Washington contra la Revolución Cubana, y obligaron a los voluntarios médicos internacionalistas cubanos a retirarse de ambos países. En agosto de 2018, el presidente Lenin Moreno retiró a Ecuador del ALBA, una alianza comercial liderada por Cuba y Venezuela que sirve de contrapeso a los explotadores pactos de “libre comercio” de Washington.
El 10 de noviembre, fuerzas derechistas en Bolivia derrocaron al presidente Evo Morales, abriendo las puertas a mayores ataques contra los trabajadores y pueblos indígenas de Bolivia.
La crisis económica capitalista mundial está desestabilizando a los gobiernos de América Latina y el Caribe. La deuda externa de estos gobiernos se ha duplicado desde 2010 alcanzando alrededor de 2.5 billones de dólares. No se le ve fin a la crisis que el imperialismo mismo está creando.
El 21 de noviembre, cientos de miles de sindicalistas, estudiantes, indígenas y campesinos protestaron en Colombia contra las políticas del presidente Iván Duque.
Durante décadas, el gobierno colombiano ha sido uno de los aliados más cercanos de Washington, trabajando con el Pentágono y ayudando a la campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
“La gente no tiene confianza en que el presidente va a resolver los problemas graves que enfrentamos”, dijo el pequeño agricultor cafetalero Rubén Darío Cifuentes al Militante por teléfono desde la provincia del Cauca el 23 de noviembre.
El desempleo oficial es casi del 11 por ciento. A principios de noviembre renunció el ministro de defensa, Guillermo Botero, tras revelaciones de que el ejército había encubierto el asesinato de por lo menos ocho niños cuando las tropas atacaron a un pequeño grupo de guerrilleros.
Los sindicatos colombianos convocaron en octubre la protesta realizada el 21 de noviembre. Inspirados por las grandes manifestaciones antigubernamentales en Ecuador y Chile, el apoyo a la protesta creció rápidamente.
Duque respondió cerrando las fronteras y deportando a 24 venezolanos que, según él, estaban provocando disturbios. Desplegó alrededor de 170 mil policías y soldados por todo el país. Pero la campaña de intimidación no dio resultado.
Uno de los asuntos importantes es la reforma al sistema de pensiones, dijo al Militante Alberto Solando Cordero, un minero y funcionario del sindicato Sintramienergética, dos días después de la protesta.
“Uno tiene que trabajar 1 200 semanas para adquirir la pensión completa”, dijo Solando. Bajo la “reforma”, si uno trabaja menos de 40 horas, eso no se contaría como una semana completa, lo que obligaría a los trabajadores a esperar más tiempo para jubilarse. Millones de ellos nunca llegan a calificar ni siquiera para las insignificantes sumas que el gobierno paga actualmente.
No se trata solo de la economía. “El gobierno no ha respetado el tratado de paz”, dijo Solando, refiriéndose al acuerdo de 2016 que los gobernantes colombianos firmaron con las guerrillas de las FARC en pláticas mediadas por Cuba.
El gobierno no ha cumplido con la promesa de proporcionar tierras a ex guerrilleros, asistencia para la agricultura y la vivienda, dijo. Algunos de los ex guerrilleros han tomado las armas de nuevo y están colaborando con narcotraficantes.
“El problema más grave es la política del estado de cumplir con los intereses del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con consecuencias nefastas”, dijo al Militante César Pachón, dirigente de la organización de pequeños productores de papa Dignidad Papera, desde Boyacá. “Y el pacto de libre comercio con Estados Unidos lo empeora”.
“Los campesinos no quieren ser delincuentes”, dijo Pachón, “pero muchos cultivan coca porque no pueden sustentarse con el precio que reciben por café, caña de azúcar, leche o papas”.
Las mayores exportaciones de Colombia son productos agrícolas y materias primas. Los productos acabados se importan a precios altos, hundiendo al país en más deuda.
Colombia es uno de los cuatro principales países productores de leche en América Latina y el Caribe. “Pero aquí no tenemos una planta para producir leche en polvo. La importamos de Estados Unidos”, dijo Pachón.
Al menos 52 indígenas han sido asesinados en Cauca en lo que va del año. Cientos de otros activistas han sido asesinados en todo el país. “En Cauca las bandas de narcotráfico asesinan a los dirigentes indígenas. Los indígenas tienen su propia guardia porque las autoridades no hacen nada”, dijo Pachón.
Chile ha sido un símbolo de la imposición de la voluntad del imperialismo norteamericano en América Latina. En 1973, un golpe instigado por la CIA derrocó al presidente Salvador Allende —elegido tres años antes en medio de un ascenso en las luchas de la clase obrera— e impuso un reino de terror encabezado por el general Augusto Pinochet.
En 1988, Pinochet celebró un referéndum para poner el sello de aprobación a ocho años más de su régimen. Pero fue derrotado, lo que condujo a nuevas elecciones. Los sucesivos gobiernos capitalistas restauraron la “democracia”, pero mantuvieron o profundizaron las medidas económicas y sociales antiobreras iniciadas bajo Pinochet.
El 25 de octubre, una serie de protestas contra el gobierno culminó con una manifestación de unos 1.2 millones de personas en el centro de Santiago. Las protestas comenzaron cuando jóvenes de secundaria salieron a las calles para protestar contra un aumento de 30 pesos (42 centavos de dólar) en las tarifas del metro. “No son 30 pesos. Son 30 años”, dijeron los manifestantes, destacando la ira acumulada durante décadas de ataques.
Muchos denuncian el sistema de salud de dos niveles, uno para los trabajadores y el otro para los más acomodados. “La salud pública es muy mala”, dijo al Militante Enrique Solar, un funcionario del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Chile. “La gente se muere esperando operaciones. En cambio si tiene plata, le atienden en 10 minutos en los particulares”.
Cuando estalló la reciente ronda de protestas, el presidente chileno Sebastián Piñera, un multimillonario educado en Harvard, declaró que el país estaba “en guerra”. La policía atacó a los manifestantes con gases lacrimógenos, carros lanza aguas de alta presión y balas de “goma”, que resultaron estar compuestas de menos del 20 por ciento de caucho.
Al menos 285 manifestantes perdieron un ojo o sufrieron un trauma severo al recibir un disparo en la cara a corta distancia de parte de la policía. Más de 20 manifestantes murieron “y han habido desaparecidos”, dijo Solar.
La represión fomentó la ira aún más, forzando a Piñera a hacer concesiones. Anunció que aumentaría las pensiones para los más pobres en un 20 por ciento, aumentaría el salario mínimo en un 16 por ciento, cancelaría un aumento del 9.2 por ciento en las tarifas de la electricidad y reduciría el costo de los medicamentos. Y propuso recortar el salario de los legisladores, que ganan un mínimo de 27 mil dólares al mes.
Pero esto es demasiado poco, demasiado tarde, dijo Solar.
Como en Colombia y Ecuador, los gobernantes capitalistas tradicionales en Chile están desacreditados. “La gente desconfía de todos los partidos”, dijo.